San Martín y Evita

. lunes, 22 de septiembre de 2008
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En el Corazón de los argentinos

Hay figuras de nuestra historia que aunque muchos se esfuercen en transformar en simple bronce, terminan ocupando siempre un lugar preferencial en el corazón vivo de los argentinos. Ejemplo de lo que decimos son Eva Perón y José de San Martín, figuras que al día de hoy -en especial en el primer caso- remueven las pasiones nacionales.

Ambos vivieron su vida con la fuerza de las convicciones como bandera, y supieron trasmitirnos aquella pasión para que al día de hoy mucha de su obra e ideario sean pilares fundantes de nuestro país.

La Patria grande

En el caso de San Martín su entrega absoluta a la causa de la libertad lo llevó a afrontar tareas cuya envergadura aún hoy serían tildadas como imposibles.

Pero quizás su principal aporte más allá de las campañas militares y las batallas que jalonaron las mismas, debemos buscarlo en su idea de independencia continental, que se tradujo en su proyecto político que genéricamente designamos como el de la “Patria grande”.

Esta visión, adelantada para su época y compartida por Simón Bolívar no fue un discurso voluntarista sino que se reflejó en la conformación misma del Ejército de los Andes, que cruzó la cordillera siendo una fuerza mixta conformada por argentinos y chilenos, para luego irse nutriendo de elementos de Perú y terminar incorporándose al ejército bolivariano de la Gran Colombia.

Pero justamente este proyecto trascendente fue muchas veces tapado, ocultado e incluso deformado. En ese sentido no podemos olvidar que Bartolomé Mitre, el fundador de nuestra historiografía oficial, no solo secundarizó absolutamente las implicancias latinoamericanistas de la gesta sanmartiniana, sino que además pretendió plantear un antagonismo personal entre San Martín y Bolívar que jamás existió.

Y esta manipulación histórica -como todas las manipulaciones- tuvo un sentido claro: poner cierta idea elitista de la “argentinidad” por encima del espíritu de unidad entre los pueblos que encarnó San Martín. El resultado buscado no es otro que el que vemos todos los días: un continente partido en numerosos países cuyas clases dirigentes en más de una oportunidad jugaron el papel de gendarmes de poderes extranjeros.

Evita dignifica

Eva Perón, por su parte, encarnó el proceso de dignificación de los trabajadores y los humildes de nuestro país. De la mano de Perón comprendió con claridad y simpleza el momento que vivía nuestro país a mediados del Siglo XX y pronto supo poner en palabras, pero sobre todo en acciones, un proyecto cuyo sujeto y motor eran los los desposeídos.

Curiosamente -o no- una vez más, aquellos que habían conformado los ejércitos de la Independencia, las masas olvidadas del campo y las ciudades, se incorporaron a una lucha donde no solo se pusieron en juego los derechos sociales que impulsó el peronismo, sino que además apoyó y llevó a la discusión de los sectores populares, conceptos como el de independencia económica y soberanía política.

A esto se le agregó un elemento crucial: el de la participación, con voz y voto, de las mujeres en un profundo proceso político, económico y social. Aquellas mujeres, que solo habían ocupado un lugar simbólico y secundario en nuestra sociedad, no solo veían en ese momento como una mujer era parte central del gobierno de nuestro país, sino que además todas eran escuchadas y sumadas a la construcción de la nación.

Por otra parte la extrema humanidad y sensibilidad de Eva, la transformó en simplemente “Evita”, con todos sus amores y convicciones a flor de piel, lo que sin dudas desencadenó mucho del rechazo que las clases pudientes cultivaron hacia ella.

Aquello que no cambia

Como decíamos al principio, ni San Martín ni Evita son simples figuras estáticas en la cima de un pedestal, y en gran medida eso se debe a que el proyecto político que ellos encarnaron continúa confrontándose con el de aquellos que piensan a la Argentina como un coto privado para las elites y al servicio de la ganancia desmesurada del capital nacional o extranjero.

Y es que en nuestro país entre algunos sectores muy poderosos persiste la idea de que podemos desarrollarnos en forma autónoma del resto del continente y se quiere hacernos creer que todo aquel que reclame por una justa distribución del ingreso “está dividiendo al país” o “confrontando a ricos contra pobres”.

Nosotros, en cambio, sabemos que la Argentina solo podrá desarrollarse plenamente solo si tomamos el ejemplo de nuestras mejores mujeres y hombres. Y es en ese sentido que la figura y el ejemplo de San Martín y Evita siguen siendo referencias inevitables a la hora de hablar sobre el país que soñamos.

Se necesitan respuestas

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Escribe: Ricardo Fonseca


Parafraseando a un periodista y escritor cordobés, “Argentina siempre arde. Un día es la crisis de gobernabilidad, el otro la inestabilidad monetaria, la deuda o la inflación. Hoy arde por el campo. Para el séptimo día, no lo duden, algo surgirá. En Argentina, Dios no tiene feriado”. (*)

Pruebas al canto es lo ocurrido entre el gobierno nacional y la gauchocracia. Por estas razones Córdoba, no es la excepción. Si Dios no tiene feriado, menos la política. Menos en Córdoba.

Por ello, y para entender lo que ocurre, hay que partir de lineamientos políticos, ideológicos e históricos desde la debacle radical del 95 y la severidad de los ajustes de Mestre. Luego vino de la Sota y la “visión” de un Estado al que intentó despojar de las herramientas para el financiamiento y la producción y cederlas a manos privadas. Eran cuestiones bíblicas sobre las que se sustentaba la política de mercado. El Estado Nuevo, promovido por de la Sota, consistía en la entrega de los resortes de la economía provincial.

Típica estrategia menemista

Fracasó por la solidez del reclamo sindical y social, al igual, por otras razones, que el proyecto norteamericano de la curva de Laffer: mayor recaudación con menos impuestos.

Hubo una lineal y demagógica reducción del 30% que debió aplicarse a los sectores carenciados y no a los de mayores ingresos.

Este planteo impositivo requería de equilibrio en el gasto, so pena de quedar atrapados en la política del 1 a 1 de Cavallo, déficit cero o deuda para conciliar el déficit.

Se gastó exageradamente a cuenta de las privatizaciones y los préstamos externos se sucedieron con la excusa de la obra pública que exhibía “trampas en sobreprecios” y la concesión a los “amigos del poder”. (**) En realidad, por distintas vías, la deuda abonaba el gasto público con un crecimiento desmedido. Desde 1999 a 2005 para tal fin se destinaron para gastos corrientes $ 5.185,9 contra 324,8 millones para obra pública. (***)

En otro sentido, hecho que desmitifica declaraciones de de la Sota y Schiaretti, la deuda se transformó con el correr del tiempo en un ariete inmodificable del compromiso presupuestario pues los servicios aumentaron en un 230% desde 1999 a 2007, incluso con un porcentaje superior al de ingresos y gastos. (***).

Las advertencias se sucedían por quienes, como el Cr. Salvador Treber, entre muy pocos, perfilaban la debacle más tarde o más temprano pero que, finalmente, llegaría. En noviembre del año pasado, el economista y docente de la UNC, vaticinaba, “si siguen en esta tónica, el año que viene tendrán dificultades para pagar los sueldos”.

Otros, como Héctor Paglia señalaban, con acierto, que la crisis no había pasado.

El gobierno y para algún instituto de investigación privado, que recibía según documentación obrante, sin contar la que falta, $ 538.400 contaban que la situación distaba mucho de preocupar, era brillante.

Años 2006/2007: Gastos reservados, que el Pacto Fiscal firmado con Duhalde lo prohibía; gastos en dudosas consultorías por 350 millones de pesos; publicidad por 220 millones; 930 millones en subsidios a Call Centers, sowftware, Avex, industrias y automotrices entre otras, sobreprecios en medicamentos y prestaciones, deuda flotante, que al 31/03/07 sumaba más de 1.300 millones, es una parte sin contar los desproporcionados y superfluos de las Agencias.

Esto tampoco resulta una novedad porque en un estudio realizado por el Lic. Alfredo Blanco bajo el título, “La irresponsabilidad fiscal del Gobierno de Córdoba”, tomaba los años 1999 a 2001 y decía: “en un contexto de caída de ingresos, el gobierno expandió el gasto en un 13.30 %. Pero lo peor es que este crecimiento está explicado por la evolución de los gastos corrientes que han aumentado más del 18.06 %. A nadie puede sorprender entonces que el déficit que se había presupuestado en 50 millones terminara siendo de casi 420 millones, ¡es decir el déficit es casi un 15% del gasto total!. Es de destacar por último que cuando afirmamos que el gobierno actúa con Irresponsabilidad Fiscal no estamos calificándolo con fines políticos. El Capitulo 3 de la Ley 8836 se llama Honestidad Presupuestaria, y bajo el titulo de Responsabilidad Fiscal establece, en su articulo 7, lo siguiente: 1) el déficit corriente debe ser cero (fue de 256 millones), 2) si el producto bruto no crece no pueden crecer los gastos corrientes (crecieron mas del 18%), 3) no se pueden contraer deuda para financiar erogaciones corrientes.”

A buen entendedor sobran palabras

El Gobernador dice que piensa recaudar una cifra aproximada de 900 millones de pesos con el recorte jubilatorio y una limosna del agro. ¿Existe alguna relación entre lo que se piensa recaudar y los $ 1.500 millones de gastos en consultorías, publicidad y subsidios a empresas?. Además, la provincia perdió de recaudar 1.500 millones por no encarar un revalúo agropecuario e inmobiliario y castigar a los sectores más pudientes de la economía.

¿Cuál es la razón para que un departamento de Nueva Córdoba pague lo mismo que un productor de 200 Has y que una casa en Inaudi abone lo mismo que una en el Cerro?, aunque los paralelos aparezcan simbólicos.

La deuda, en consonancia con estos desfasajes subió hasta los 12.000 millones de pesos, de una cifra de cerca de 1.100 mil millones y pico de Mestre. (Santa Fé, con quién gustan comparar en el gobierno provincial, al 31/03/07, consignaba una deuda en los registros del Ministerio de Economía de la Nación de 1.460 millones de pesos). Para tapar el agujero fiscal se ha autorizado contraer otros u$d 550 millones.

Responsable, junto a Schiaretti de estos números, de la Sota se pasea hablando de democracia legislativa, honrar las instituciones sin juzgar su administración que, durante 8 años, cosechó una pléyade que entregó lonjas de decencia por un negocio.

¿No sería hora de instalar el Juicio de Residencia que consiste en juzgar el desempeño de un funcionario público mientras se somete a revisión su actuación sin abandonar el país ni poder ejercer ni asumir otro cargo hasta que no concluya el procedimiento?.

¿O es necesario resolver la transformación a través de una reforma política, amplia e irrestrictita en opciones de cambio, acompañado de una renovación cultural de la sociedad?.

Claro, usted, en su justo derecho dirá sobre la primera opción que la inviabilidad está dada por la justicia que tenemos y en la segunda opción, que ya hemos intentado a través del sufragio castigar la falacia pero, siempre están los mismos.

A Schiaretti la realidad le explotó, reitero, no porque no la conociera: los votos por plata, las secuelas de los ocho años, es la impronta inexcusable que no exagera la vulnerabilidad de las cuentas fiscales. Allí está el conflicto de la deuda con la Caja, originada también en la viveza electoral cuyo final es abierto e incierto para la masa de jubilados provinciales.

El aprovechamiento electoral de la misma ha sido escandaloso, con pasividad anticipada y, por ahí, si publican la nómina, podemos enterarnos de alguna jubilación “importada” de funcionarios que llegaron desde el puerto. Pero también la incapacidad de legisladores nacionales que durante 12 años nada han hecho para presionar por la nueva Ley de Coparticipación. Menos aún reclamar que se respete el porcentaje constitucional del 34% de coparticipación que, según los estudios propios, el economista de la UBC, José Luis Rinaldi, estima en una pérdida de recursos de 2.800 millones de pesos hasta 2007 y 196 millones en 2008. Tampoco la provincia ha puesto mucho énfasis en este sentido. Ahora un ataque de federalismo por el conflicto del agro les ha hecho observar la ignorancia de más de una década.
La equidad para este impuestazo también tiene su fuerte connotación ideológica afín al conservadurismo neoliberal porque la lleva consigo como una enfermedad. Atacar los sectores productivos, a los jubilados y soslayar a los sectores del agro que se enriquecieron con la bonanza internacional de commodities es, al menos, el sello de una impronta que heredó de de la Sota y la filosofía menemista-cavallista.

Su política, y la de Schiaretti, estuvieron destinadas a los que acumulan riqueza. ¿Por qué subsidiar al poderío industrial y el agro y no apoyar a la PYME engañada hasta el hartazgo con el famoso Compre Córdoba?. ¿O hay industriales de alto porte que son carecientes?. Y esto no significa un juicio de valor para el pequeño industrial o chacarero que también son zamarreados por la inconducente política económica.

Habrá revisiones de la inversión y el incremento, sabiendo la idiosincrasia empresarial y comercial irá a precios, castigando a los sectores que más vulnerabilidad padecen con su salario. Así planteada la solución es un parche coyuntural que poco aportará para sanear un esquema estructural de gobierno pernicioso y comprometedor del futuro si no se morigera el gasto, justo a un año y meses de la elección de 2009.

El proceso inflacionario nacional comprometerá los salarios estatales que reclamarán, con justicia, su actualización, a lo que hay que agregar el incremento en insumos, la relación nacional para saber que sucede con la refinanciación de la deuda y el impacto, aún con las modificaciones que se piensan, de la Caja de Jubilaciones. Datos, algunos, que implican tomar previsiones que la ignorancia de la realidad ha castigado inclemente al gobierno de Córdoba.

Según el economista cordobés, Carlos Bruffman, administrar significa aumentar o reasignar los fondos para una mejor aplicación de los mismos. Si hasta hace poco todo andaba de maravillas, ¿cómo es que ahora todo está mal?. Si de 2004 a 2007 hubo superávit que, obviamente, deberían haberse acumulado junto al Fondo Cíclico de 150 millones de pesos, ¿en qué lugar del presupuesto está y qué se hizo de ellos?, ¿o en realidad eran números dibujados?.

La sociedad necesita una respuesta. Quizás por aquello que decía Ovidio, “las causas están ocultas. Los efectos son visibles paras todos”.
(*) –Diego Fonseca, periodista, escritor, “elgemelomalvado.blogspot.com”
(**)-Arq. Oscar Missana –Análisis de los créditos provinciales para obras-
(***)-Lic. José Abraham –Deuda Pública e impacto de los servicios-

La Mano en la Caja

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“Las sociedades que progresan son aquellas que cuidan a su gente, aquellas que son capaces de cuidar de los más vulnerables, que son los niños, y de aquellos que ya dieron por la sociedad mucho de su vida y hoy están en la etapa de adultos mayores”. “Hay que tener un cuidado especial por nuestros abuelos y jubilados que son los que nos pasaron el testimonio de sociedad, son las memorias de un pueblo y son también los que tienen la sabiduría y la experiencia que les dio la vida...”

Juan Schiaretti, en la ciudad de Río IV, el día 18 de julio pasado. Unas semanas después enviaba a la Unicameral el proyecto de ley para reducir las jubilaciones.


Muchos de nuestros políticos sueñan que sus palabras -y no sus acciones- lo lleven al poster escolar o al bronce de una plaza. Debe ser por eso que el gobernador cordobés, ungido hace poquito tiempo como un prohombre de la república a partir de su alineamiento con la Sociedad Rural, elaboró el discurso que fragmentariamente reproducimos más arriba.


La verdad es totalmente distinta a las palabras desplegadas, pero no había que ser un genio para darse cuenta que esta crisis tenía fecha y hora puesta hace mucho, incluso antes del 2 de setiembre pasado. De hecho en el Nº1 de esta revista ya lo planteabamos en estos términos:

Las razones de una caja sin fondo(s)

Un atajo fácil sería atribuir la crisis de la Caja de Jubilaciones a nombres de políticos y decidores culpables, que los hay y que sobran para enumerar, pero sería una larga lista y posiblemente solo desviaría la discusión hacia el supuesto orden de mérito de los personajes de la lista en cuanto a su contribución al presente desastre. La competencia de “peores” en el orden de prelación generaría discusiones sobre si el ranking lo encabezan Mestre, Schiaretti, De la Sota, Angeloz, Medina Allende, Cavallo, Duhalde, De la Rua u otro de los personajes conocidos de la política vernácula. Nuestra propuesta en estas líneas es aportar una reflexión más profunda sobre el problema

En el caso particular de la Caja de Córdoba el problema de sustentabilidad no hay que buscarlo en los cálculos actuariales ni en el mal manejo financiero como razón excluyente: radica en los niveles de inequidad del propio sistema. De un sistema teórico de beneficios compensatorios, la Caja se ha transformado en un esquema de reproducción social de la inequidad y el conservadurismo cordobés, la perpetuación e incluso de ampliación de las inequidades sociales. Cabe señalar que según los propios datos de la página web del Gobierno de Córdoba un 6% de las personas jubiladas con los haberes más altos reciben casi el 20% de todo el gasto de la Caja, lo mismo que se distribuye entre el 40% de los de abajo. Por otra parte el grueso de los jubilados empleados normales de la administración pública, docentes, trabajadores de la salud, etc.- conforman el cuádruple de gente pero reciben menos de $1500 de jubilación.

Quiénes son los “beneficiarios” de esta distribución regresiva de los fondos jubilatorios: políticos y magistrados de Córdoba.

El régimen de legisladores, quienes no se caracterizan justamente por ser “trabajadores” tiene un haber promedio publicado de más de $ 7.000. Esto es el promedio, lo que quiere decir que muchos ex legisladores que son jubilados cobran 8, 9, 10 mil o más por mes. Los jubilados del poder judicial tienen un promedio superior a los $8.000, lo que hace presumir que muchos cobran 10 mil, 12 mil, o más por mes que paga la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Este es un componente primordial del déficit.

Para tener una idea de magnitudes: este 6% de muy altas jubilaciones son poco más de 5.000 personas que se apropian de $500 millones (quinientos millones) anuales. El monto anual multiplica varias veces la suma de todos los programas sociales y de empleo provinciales y todo lo que se quiera sumar en la provincia. Los números concretos son los del propio gobierno de Córdoba.

Los trabajadores aportantes de haberes bajos generan la parte sustantiva de los recursos propios del sistema, y reciben solo una proporción menor del monto de los beneficios. Evidentemente algo funciona mal para que haya una redistribución tan regresiva.

En el caso del poder judicial muchos de los beneficiarios actuales de la Caja accedieron por normas que garantizaban reconocimiento de beneficios a quienes colaboraron en el proceso de la dictadura y que nunca fueron derogadas. Una parte importante de los jubilados del poder judicial acceden por reconocimientos de servicios en el marco de normas de los años 1977 hasta el final del proceso militar. Toda la casta conservadora de Córdoba activa en la etapa del “proceso” ya está en edad pasiva y cobrando beneficios de la Caja.

Complementariamente, otra manifestación del colmo del privilegio es que en el caso de esos magistrados se les considera la antigüedad desde que egresan de la universidad, que se les agrega como años de servicio, como si desde que se recibieron fueran ya jueces aunque estuvieran de viaje de egresados. Por supuesto que este privilegio es inexistente para todos los trabajadores normales de la justicia (solo para la casta) y del resto de los sectores que aportan para financiar a los de arriba de la pirámide social.

El problema del sistema jubilatorio de Córdoba es que la discusión de números, del déficit, de las formas de calcular o armonizar con la nación ocultan lo estructural: un sistema de reproducción de la desigualdad social y de continuidad de lo peor de las familias del patriarcado judicial y de las familias políticas de Córdoba. Para despejar dudas sobre este rol de reproducción en muchos casos solo basta ver los apellidos de los funcionarios de la Caja de Jubilaciones. La “familia” política y judicial de Córdoba tiene una sobre representación de apellidos y padrinazgos en esa repartición. Literalmente ahijados, hermanos, hijos, pululan en los argos jerárquicos entremezclados con verdaderos trabajadores.

La Palabra de los Gremios

Apenas conocida la decisión del gobierno provincial, de avanzar sobre los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados y de los activos, los gremios estatales de Córdoba comenzaron a movilizarse para expresar su descontento y su voluntad de llevar adelante una lucha que culmine con la derogación de esta ley.

En este sentido es importante rescatar la palabra de algunos de los secretarios generales que se pronunciaron al final de la marcha del de julio, ante más de 25.000 manifestantes.

Juan Leyría (Sind. Luz y Fuerza de Córdoba): Aquí estamos los trabajadores demostrando la conciencia de que no solamente peleamos por el salario, sino que peleamos también por nuestros padres, por nuestros abuelos, por todos aquellos que en el futuro van a ser jubilados. Nosotros le decimos a este gobierno, que así como apoyó al sector más concentrado de la economía, como lo es el campo, y que viene hoy a buscar la retención a nuestros jubilados, le decimos que nos va a encontrar en la calle, todos los días hasta voltear este proyecto.

No queremos que Córdoba sea un reducto del liberalismo, el cavalismo y el menemismo, pero para eso tenemos que trabajar en la unidad para que no nos vuelvan a aplicar un modelo del cual ya conocemos las consecuencias para los trabajadores.
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Rubén Daniele (SUOEM): Algo quieren blanquear: hay un plan siniestro para reventar la Caja con los miles de juicios que están provocando con estas medidas. Todos estamos con bronca, pero algunos estamos con asco por tener que tratar con delincuentes. Tenemos asco de ver y escuchar cosas que creíamos que habían quedado allá en el pasado de la década infame de los 90, cuando vinieron por el estado, por las empresas, para vender el patrimonio de los trabajadores.

Cuando nos reunimos con el presidente de la Caja, Giordano, no pudimos conseguir ni un solo número, ni siquiera obtuvimos cuál había sido la recaudación de mayo. Ahora bien, nosotros nos hicimos asesorar y buscamos los datos faltantes por nuestra cuenta y queremos dejar en claro que las cifras del déficit real no coinciden con lo que da Giordano y por estas incongruencias lo vamos a llevar a que rinda cuentas con la justicia
***
Sergio Cornatosky (UEPC Capital): Se violan derechos consagrados y resguardados por la constitución provincial... Se apropian del Fondo Complementario... Se legalizan las sumas fijas no remunerativas... Se aumentan los aportes personales al APROSS... Es absolutamente reaccionario plantear comparaciones con otros trabajadores o con los jubilados nacionales que están peor remunerados que nosotros; más retrógrado aún (Schiaretti), es haberse manifestado como ferviente defensor de la renta agraria ociosa y ahora entusiasta para recortar derechos a los trabajadores... Seguimos junto a los compañeros de todas las organizaciones gremiales, lejos de “funcionarios amigos” partidarios del ajuste, hasta derogar la Ley 9504.
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En tanto los trabajadores Judiciales se expresaron de la siguiente manera:
Como en las épocas de Cavallo y Cia, desde el Poder Ejecutivo y su grupo de técnicos, pretenden modernizar el estado. Los dependientes del Estado Provincial tenemos claro a qué se refiere ésta frase y quiénes son los que siempre pagan la misma.

Ya desde la época de Mestre, cuando no alcanzaban los recursos, había que sacarte a los trabajadores recortando lo que fuera, aún siendo inconstitucional (Decreto 1777/95), con el solo objetivo de no hacerse cargo y dejar el pago para los gobiernos futuros.

Los trabajadores no somos los que llevamos a esta situación a la provincia, y hoy este recorte a los jubilados es el primer paso para terminar con Córdoba en Emergencia Provincial. Caso contrario, ¿cuál es el motivo por el que se está evaluando la posibilidad de implementar a partir de agosto los “Bonos de circulación interna o Títulos de deuda”?.

No pagues hoy lo que otro pagará mañana

Inspirado en el Decreto 1777/95 de Ramón Mestre (P), Schiaretti parece haber puesto en marcha, no solo una ley que atenta contra la seguridad jurídica de los trabajadores, sino que se presenta también como una “eficaz” herramienta para lograr un diferimiento de pagos y obligaciones. El mensaje del gobernador es claro: A mi no me sacan una moneda, porque a este paquete lo tendrá que pagar el gobierno que viene.

Si tenemos en cuenta la nefasta experiencia del recorte de Mestre, quienes iniciaron los juicios en 1995/96 tardaron 6 años en cobrar, lo cual es terriblemente perverso, no solo porque la razón los asistía sino porque muchos jubilados quedaron en el camino y sufrieron la angustia del despojo.

Hoy el panorama es desalentador una vez más porque esta Ley 9504, está llena de falencias y vicios anticonstitucionales, entre los más notorios podemos nombrar:

1- La reducción de los haberes jubilatorios destroza la garantía de irreductibilidad y proporcionalidad de los mismos (Art. 57 de la Constitucion Provincial, y 14 Bis de la Const. Nacional).

2- Los magistrados jubilados ven afectada su irreductibilidad de haberes, pero además también es afectada su intangibilidad, reiteradamente aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3- La declaración de “emergencia previsional” es inconstitucional, porque afecta solo al sector pasivo.

4- Al disponer que los rubros “no remunerativos” no sean afectados por aportes, se violenta el concepto de remuneración de la Ley Nacional de Jubilaciones y el Convenio de Armonización firmado con la nación.
La proporcionalidad queda lesionada al establecerse un nuevo método de cálculo basado en un índice de movilidad sectorial.
El Estado no garantiza el financiamiento del déficit del sistema previsional, lo que va en contra de lo establecido por la ley 8024 y de los convenios firmados con la nación.
Se elimina el Fondo Compensatorio para respetar los derechos previsionales que reconoce la Constitucion Provincial, pero no se informa sobre el destino que tuvo el dinero recaudado oportunamente.

5- Es absolutamente inconstitucional la delegación de facultades en el poder ejecutivo provincial establecida por esta ley.

6- La frutilla de la torta: Al declarar la inenmbargabilidad de los fondos de la Caja, como del estado provincial se violentan los artículos 176 y 178 de la Constitución provincial, colocando al Estado por fuera del orden jurídico, destruyendo el principio de igualdad ante las leyes consagrada por la Constitución Nacional.

Este último aspecto de la ley es sumamente complejo ya que no solamente pone al estado provincial por fuera del estado de derecho sino que deja abierto un flanco que explícitamente es contemplado en la Constitución Nacional como causal de una intervención federal.

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Editorial Nº 3

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El bicentenario de la independencia nacional está ahí nomás. Significarán, más allá de los festejos y discursos de ocasión, un momento donde seguramente se discutirán los proyectos y modelos políticos del pasado, del presente y sobre todo del futuro.


Aquel huracán revolucionario que vio la luz en mayo de 1810 y que tuvo su primer escalón el 9 de Julio de 1816, está enmarcado en nuestros libros de historia por una sucesión de próceres -muchas veces enmudecidos por los historiadores- de cuyo pensamiento real conocemos poco o nada. Pero aún hoy, a 200 años de distancia, sigue siendo estremecedor pensar en aquellos que en un territorio colonial se propusieron construir una nación basada en valores, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que por aquellos días eran apenas un ideal difuso y sumamente contradictorio con el mundo de principios del siglo XIX.

Ahora parados sobre los primeros escalones de este siglo, las urgencias políticas y económicas tienen aún la impronta de lo que nos falta y en especial de la necesidad de desarrollarnos en un marco de equidad.

Toda nación es ante todo un proyecto colectivo, pero muchas veces tendemos a creer que su destino está solo en manos de su clase dirigente; ahora seríamos ciegos si no cayéramos en cuenta, una y otra vez, que el grueso de la historia argentina ha sido escrita con el pulso de los argentinos en las calles del país.

Las gestas, las verdaderas, no las que se escriben al calor de un escritorio, han sido un producto de claro contenido popular que han trascendido incluso la eventual derrota coyuntural para seguir en la senda y continuar empujando la rueda de nuestro destino.

Los nuevos desafíos entonces vuelven a ser colectivos y están íntimamente vinculados a la búsqueda de mayores niveles de equidad para el presente pero también para el futuro, ya que todo lo que hagamos o dejemos de hacer hoy, repercutirá inevitablemente en los años por venir.

Cuando hace casi 100 años la oligarquía gobernante en el país festejaba el primer centenario, lo hacía sobre la base de la exclusión, la segregación y reproduciendo la imagen irreal de una Argentina que prosperaba sin otra limitación que los precios internacionales para nuestros productos. Fue su obra la cimentación de un estado liberal en lo económico pero reaccionario en lo político, que supo bloquear por décadas el acceso al poder de los sectores más postergados.

Ahora, en estos casi 200 años, enfrentamos el desafío de poner de pie una república con un fuerte contenido popular e inequívocamente democrática. Es decir una república que base su existencia y asegure su permanencia a través de un estado fuerte jugado en la defensa de los intereses nacionales y abierto a las necesidades y la participación del pueblo.

No somos como nos vemos

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Escribe: Luis Gregorati

La construcción en la política, la cultura y lo social, se trasladó de la ciudad misma a una pantalla. Así es como los medios nos muestran un modo de ser y desarrollarnos que responde a la aniquilación de los diferentes. A propósito del Día Internacional de la Diversidad Cultural y de cara al Bicentenario de nuestra nación, retomemos la idea de una ciudad sin fronteras duras, reinvindicando los diversos modos de ser de cada habitante de Córdoba.

Córdoba nunca fue una ciudad homogénea, por lo que jamás pudo definirse culturalmente uniforme. Sin embargo, y en un paralelismo con el ideario de nación, esta ciudad se pasó la vida disimulando orígenes, escondiendo bajo la alfombra de los gobiernos las diversas etnias, licuando o liquidando disímiles identidades, reduciendo grupos sociales con sus tradiciones, acuñó para nostalgia actual rótulos como el de “docta”, pero el tiempo y la historia se han encargado de mostrarnos en la cara que no somos puros, que el berretín de una sociedad de sabios eruditos es apenas eso, un berretín, que los hermanos originarios están allí parados firmes sobre el orgullo, que los inmigrantes bolivianos, peruanos, paraguayos pueden soportar el trabajo y la explotación con más dignidad que quien la genera, que la música de raíz cuartetera generará siempre miles de adeptos más que su club de detractores, que cada una de esos fragmentos de la sociedad cordobesa -como tantos otros más- constituyen una riqueza y una posibilidad de transformación para el buen vivir de Córdoba. Y que cada vez que lo neguemos, daremos un paso atrás en la construcción de una ciudad verdadera, para todos, sin fronteras urbanas infranqueables, con menos violencia, con una idea de concordia y bienestar.

Una tarea nada fácil, pues además de toda esa riqueza de identidades mal considerada pobreza a los ojos del sistema, existe una expresión cultural que encarnan los humildes, y que aún no puede quitarse de encima el estigma del “cabecita negra”. Ni siquiera son manifestaciones pensadas desde las políticas culturales más que como la expresión de “los negros” o esa depreciada “subcultura de los barrios”. Pero la ciudad debe plantearse seriamente su gestión teniendo en cuenta la diversidad cultural, como un modo de garantía de que todas esas expresiones en las que se encuentra fragmentada Córdoba tengan la posibilidad de existir, de tener visibilidad, reconocimiento, como una estrategia para no caer en la violencia como único testimonio de pertenencia, y como aval de la voluntad de ser en medio de una sociedad que les hace difícil la vida plena.

La necesidad de planificar calendarios y políticas públicas sobre el eje de la diversidad cultural no implica trabajar simplemente en el supuesto ámbito de la cultura. Abarca la esfera de lo político, económico y social de manera rotunda. Pues la negación histórica y sistemática de la diversidad, mantiene hoy una colección de nuevos marginados, desconectados, diferentes y desiguales. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, conocida antigua y excluyentemente como “la Docta”, existen miles de casos de jóvenes que se desempeñan en distintos trabajos que fijan sus domicilios en casa de un abuelo o tío, para no revelar su barrio de origen. Existen cientos de jóvenes que no pueden acceder a oportunidades de empleo por problemas de documentación, y son empujados por la realidad a ocupaciones como la venta de DVD`s truchos, mercadería de contrabando, o directamente estar condenados a las razias laborales por carecer de otra oportunidad que no sea el comercio ambulante. Estas prácticas cotidianas han impuesto culturalmente un sentido de nomadismo, de desterritorialización, que los vincula a las mismas condiciones que los inmigrantes y a las personas discriminadas por cuestiones étnicas. En definitiva, es otra de las tantas maneras de cómo la ciudad levanta muros en contra de sus propios habitantes.

Y lo que es más problemático, los ghettos, los barrios inexpugnables, es más frecuente que su construcción venga desde afuera, desde los medios y por medio de la industria cultural, al no tener ellos –sus habitantes- las herramientas para construir su propia identidad, sus símbolos, su representación, orgullo personal y grupal.
A ver si somos claros, la diversidad cultural (un concepto esencial, impulsado de manera reciente con una Declaración en 2001 con la Convención de la UNESCO en 2004) no debe imponerse simplemente porque el diálogo entre gente diferente suena bonito, atractivo y exótico. Tampoco debe implantarse porque es un ejercicio de tolerancia y reconocimiento del otro. Ni más, por ofrecernos un entendimiento de la complejidad de la que es fruto cada ciudadano en la actualidad. Sí debe plantearse por todo eso junto y porque la falta de reivindicación de los grupos sociales, su omisión o su falta de integración a la ciudad por parte de los gobiernos, equivale lisa y llanamente a ofrecerlos como objetos de las más variadas formas de explotación a que puede someterlos el mercado.

De allí que innumerables ciudades y estados han comenzado a modificar y replantear su “historia oficial”, para trabajar en políticas públicas de inclusión de grupo étnicos, inmigrantes, desiguales, diferentes, “negros”, “morochos”, “amarillos”, “rosas”, originarios. Es preciso reconocer su capacidad de creación –como por ejemplo el cuarteto, los artesanos, los ballets folklóricos, las murgas, el hip-hop, los comparseros... -, es preciso abrirles el camino a que constituyan imágenes poderosas de sí mismo, a través de la gestión asociada, en alianza con políticas sociales, en financiamientos privado de programas que garanticen la gobernabilidad, en calendarios artísticos que promocionen la inclusión, en el diseño de industrias culturales que ofrezcan alternativas de trabajo y creación.

De hecho que la implementación de la diversidad cultural implica la inversión financiera de parte del estado, en todas sus versiones. Inversión, para la cual los municipios argumentan no tener un centavo. Pero eso no es una razón seria en el mundo actual. Unos años atrás un colega de la ciudad de Dakar (Senegal), me decía que la Diversidad Cultural es un lujo de Europa. Pues las ciudades europeas pueden disponer de presupuesto para financiar el arte local ante el avasallamiento norteamericano y global. Puede ser, pero nadie nos obliga a convertirnos en víctimas. Articular demandas, hilvanar creaciones, consensuar necesidades, construir con la paciencia, es una posibilidad que es preciso protagonizar. Esto es algo probado, ya se dieron los primeros pasos en Córdoba desde un par de años atrás. Asimismo, el Concejo Deliberante de la Ciudad afrontó recientemente la creación del Instituto de la Diversidad, un espacio singular e inédito de articulación social y cultural.

Jucio a Menéndez: La Justa Esperanza

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Escribe: HIJOS Córdoba

Sin dudas el 27 de mayo de 2008 quedará para la historia como el día en el que comenzó, en nuestra provincia, el primer juicio oral y público donde el genocida Menéndez y parte de su patota, comenzarán a dar cuenta de los crímenes que cometieron antes y durante la última dictadura cívico-militar. Esta será una nueva oportunidad para que todos los que queremos vivir en un país más justo renovemos nuestras convicciones.

Para llegar a ese momento miles de días de dolor y terca esperanza fueron desandados por quienes nunca claudicaron ante las propuestas de olvido, silencio e impunidad. Hasta no hace mucho tiempo, cuando insistíamos en la necesidad de anular las leyes de impunidad, no pocos eran los que decían que eso era imposible, que nunca se iba a lograr, que sólo bastaba, en el mejor de los casos, con “salvar el buen nombre de los desaparecidos”. Pero contra los escepticismos, los miedos y las complicidades, allí estarán sentados en el banquillo de los acusados los ejecutores de los crímenes más aberrantes cometidos en nuestra provincia en el siglo pasado.

Este juicio, y los subsiguientes, nos brindarán la oportunidad, sobre todo a aquellos que no conocen lo sucedido en nuestro pasado reciente, de conocer cómo para hacer una Argentina injusta y desigual, se tuvo que destruir a una generación que, con sus aciertos y errores, se propuso cambiar nuestra sociedad para hacerla más equitativa y solidaria. A lo largo de las audiencias, una vez más, la sociedad podrá conocer la complejidad del terrorismo de Estado que fue ejecutado en todo nuestro país. Si bien los hechos a juzgar ocurrieron en Córdoba durante el año 1977, estuvieron enmarcados en un plan sistemático, diseñado y ejecutado por los altos mandos militares de nuestro país en coordinación con las fuerzas armadas tanto de Estados Unidos como de gran parte de Latinoamérica. Plan que fue avalado y financiado por los sectores dominantes de la sociedad: la cúpula eclesial, la Sociedad Rural Argentina, empresarios, la burocracia sindical y no pocos periodistas.

Los militares y civiles que planificaron y ejecutaron el terrorismo de estado quisieron convertir, para siempre, a nuestro país en un lugar donde unos pocos vivan muy bien y muchos, la mayoría, no sólo no vivamos dignamente sino que tampoco luchemos por nuestros derechos violados. Como bien señala el sociólogo Daniel Feirestein, el genocidio ejecutado bajo el nombre “proceso de reorganización nacional”, tuvo como fin destruir todo tipo de práctica social que implicara la solidaridad y la participación política como ejes centrales de la vida de los ciudadanos. Sin dudas, por muchos años, las pautas culturales implantadas en la dictadura y continuadas en la democracia fueron eficaces con aquel objetivo de fondo:”no te metas”, “a mí la política no me importa”, “para qué luchar si nunca se consigue nada”, “yo me salvo solo y el resto no me importa”, son algunas de las ideas que aún marcan la vida de muchos. Contra ese legado de impotencia y miedo es por lo que, en el fondo, estamos luchando.

Por ello, el haber llegado al juicio contra Menéndez y su patota, va mucho más allá de lo que suceda dentro del palacio judicial. Proyecta sobre todos nosotros la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra historia y de nuestro presente, y es la demostración cabal de que cuando una lucha es justa, más tarde o más temprano, si participamos activa y organizadamente, si creemos en la fuerza de lo colectivo por sobre el individualismo, si trabajamos en la construcción de la esperanza, nos acercaremos a aquel ideal que, pese a las desapariciones, no desapareció: el de trabajar por un mundo más justo para todos.

Sindicales: El modelo social argentino

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Escribe: Sergio Cornatosky
Sec. General UEPC Capital


El modelo social argentino puede considerarse ejemplo de desarrollo económico con profundo compromiso social. La amalgama misma de la nación da cuenta de la capacidad de integrar a criollos e inmigrantes, y a las masas rurales al desarrollo industrial, en un proceso de sostenida movilidad social ascendente.

La construcción de ese modelo social, que se consolidó centralmente a mediados del siglo XX, se verificaba en todo el Sistema Solidario de Seguridad Social, la Escuela Pública y la Salud y en las relaciones laborales. Todas ellas, daban marco comunitario de identidad nacional y de hecho vertebrador; el Estado jugaba un papel fundamental en el equilibrio de los intereses sectoriales y el crecimiento tenía relación central con la distribución de la riqueza y los actores políticos integraban a todos los sectores sociales.

Los argentinos vimos como a partir del golpe cívico-militar del '76, ese “Estado de Bienestar” dueño de empresas que administraban y distribuían la renta nacional, fue siendo reemplazado por un “Estado Neoliberal” que se cruzaba de brazos frente a todo lo que ocurría en la economía, o que miraba impasible, o favorecía la concentración de la riqueza y el crecimiento de la pobreza en medio de la orgía de las libertades económicas. Si bien reconocemos lo hecho desde el 2003 en adelante, la matriz de injusticia instaurada hace más de 30 años sigue vigente.

Las organizaciones sindicales son herramientas insustituibles para recuperar la solidaridad y la justicia perdidas. Su naturaleza y objetivos las resguardaron de la atropellada económica y cultural de la postmodernidad. El derecho a trabajar con una retribución justa, capacitación, condiciones dignas, preservación de la salud, protección de la familia, la defensa de los derechos profesionales, junto a la participación en las decisiones de las empresas Públicas o Privadas donde se trabaje, prepara a los trabajadores y los dirigentes sindicales para llevar adelante esa tarea.

Perón en el Proyecto Nacional, decía …“Es imposible mantener una distribución socialmente justa del ingreso nacional si las decisiones económicas no acompañan la política social que se dice propiciar. Cuando las decisiones políticas siguen un patrón inadecuado, la distribución del ingreso queda subordinada al mismo, más allá de los buenos deseos de cualquier gobierno. En consecuencia, lo que llamamos “Justicia Social” también requiere para su materialización de una efectiva participación del gobierno y una elevada eficiencia del mismo.” ... “La elevación permanente y sostenida del nivel de ingresos y su distribución con criterio de justicia social es la finalidad de todo proceso de desarrollo. Poco nos dirán los impactantes índices de crecimiento global si no van acompañados de una más equitativa distribución personal y funcional de los ingresos que termine definitivamente con su concentración en núcleos o élites que han sido la causa de costosos conflictos sociales.

La C.G.T. Regional Córdoba, en un documento de Marzo de este año expresaba: “…Lo que está en juego no es, si un sector económico va a ganar un poco más o un poco menos, lo que está en juego es si se va a retroceder en el rumbo iniciado luego de la caída de la convertibilidad, o si se profundizan las políticas que permitieron recuperar la producción y el trabajo del pueblo argentino en general y la clase obrera en particular... Es imprescindible profundizar aún más la reconstrucción y el fortalecimiento del Estado y dar pasos más audaces en la redistribución de la riqueza.

Abrir instancias de dialogo social más allá de las negociaciones salariales, permitirá incorporar y comprometer distinto a los trabajadores organizados en el proceso de reconstrucción de un Estado y una sociedad que necesita volver a la seguridad social como horizonte de bienestar. Para ello es necesario planificar para el sector público, pero además recrear un sistema económico basado en la producción de bienes y servicios reales y accesibles y no en la especulación como forma de acumulación y la concentración económica. Es necesario restablecer mecanismos serios de distribución de la riqueza en una sociedad barbarizada que perdió sus lazos solidarios y sus trabajadores pueden hacerlo… la historia argentina da cuenta de ello.

Cooperativa de Carreros

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Reciclando esperanzas


En el corazón de Villa Urquiza, la Cooperativa Los Carreros, desarrolla sus actividades desde 1983 y en 1994 obtuvo su Personería Jurídica.

Fue creada inicialmente como una cooperativa de trabajo que reunía a numerosos cirujas de Villa Urquiza y Villa Siburu, con el objetivo de acopiar material de reciclado (fundamentalmente papel, cartón, vidrio y metales), logrando los volúmenes suficientes para acceder directamente a las fábricas, evitando la intermediación y garantizando así un buen precio para los recolectores.

Con la crisis de los años 90 los materiales perdieron valor y la profunda crisis económica y social hizo que la Cooperativa fuera el centro de actividades de contención de los asociados y sus familias. Así nació el Comedor Comunitario para niños y ancianos que a fines del 2001 daba de comer a más de 240 personas; el programa de Apoyo Escolar y Copa de Leche, para los niños de la Escuela Municipal Vaquero Lascano, la Biblioteca Popular. Con el apoyo de distintas ONG´s se desarrollaron los Planes de Empleo y Formación y la capacitación de Promotoras de Salud.

Teresita de Dios Zamora (Chinina) es la Presidenta de la Cooperativa, vieja luchadora y referente social del sector.

¿Cómo están hoy los carreros y la Cooperativa, frente al nuevo contrato de Higiene Urbana aprobado por el Consejo Deliberante?
A nosotros nos convocaron como institución para opinar, pero sentimos que en realidad nuestras propuestas no fueron tenidas en cuenta, porque con el sistema de contenedores blindados y los Puntos Verdes, el carrero no organizado queda fuera del sistema. Estamos trabajando junto a las cooperativas San José, Coop. Cor-Cor y Coop. El Caballito de Sangre y Sol

¿Qué se plantean frente a esta situación?
Estamos desarrollando nuestro propio programa Reciclar Valores, consistente en un acuerdo realizado entre la Cooperativa y las distintas instituciones de Barrio Urca (Centro Vecinal, Parroquia, escuelas, clubes). Este acuerdo permitirá que 20 carreros pasen diariamente a recolectar los residuos secos que los vecinos sacan a la vereda y que luego de ser separados, serán acopiados en el predio de la Cooperativa. Una vez consolidado, pensamos extenderlo a otros barrios de la ciudad. Estamos muy esperanzados con este proyecto.

¿Qué otro proyecto tienen en marcha?
El otro programa que está funcionando muy bien es el del Banco Popular de la Buena Fe, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; a través del cual se otorgan microcréditos reintegrables para la compra de maquinarias e insumos para microemprendimientos (hornos pizeros, máquinas de coser y tejer, máquinas para imprenta, etc.). El crédito inicial es de $500 con el compromiso de devolver $20 por semana, una vez que se cumple con el pago total, se puede acceder a otro por $ 1000 y así sucesivamente.

¿Piensan retomar los proyectos de contención social?
En realidad esas actividades se cayeron por falta de apoyo oficial. Queremos recuperar la Biblioteca y el apoyo escolar, porque son dos actividades que tuvieron un alto impacto para los niños y jóvenes de Villa Urquiza.
Estamos muy preocupados por el tema de la droga y fundamentalmente del “paco” que está causando estragos entre nuestros jóvenes. A pedido de ellos queremos construir un playón deportivo, para que los jóvenes del barrio puedan realizar actividades programadas y no estar siempre en la calle; pero para ello también necesitamos apoyo.

Banco Provincia de Córdoba

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Entre la actividad financiera y la inmobiliaria

Escribe: Lic. José Abraham

La reciente búsqueda que el Banco de Córdoba ha lanzado para alquilar locales comerciales, aparentemente para instalar nuevas sucursales, ha hecho resurgir los interrogantes sobre la errática política que ha venido llevando a cabo la entidad en materia de venta de inmuebles en el marco del Plan de Desinmovilización de Activos.


En efecto, en primer lugar llama la atención que el Banco salga a alquilar locales de 300 a 500 m2 ubicados en zonas donde actualmente funcionan importantes y emblemáticas sucursales como son las de Nueva Córdoba, refaccionada hace poco tiempo, San Martín, General Paz, Tribunales I, donde además funciona el centro de cómputos y la de Villa Carlos Paz, entre otras. Recordemos que por presiones de sus empleados y de las fuerzas vivas de Jesús María se dio marcha atrás con la venta de la sucursal de esa ciudad.

La decisión de alquilar nuevos locales en proximidad de las sucursales mencionadas ¿oculta acaso la intención de venderlas para luego reemplazarlas? Versiones y hechos como el descrito indican que es muy posible que así sea.

Pero ¿por qué el Banco dispone ahora estas medidas cuando al parecer las relaciones con el Banco Central y con la Superintendencia de Entidades Financieras se encuentran en buenos términos en cuanto a exigencias para capitalizar la entidad cordobesa?

Antecedentes

Recordemos que después del frustrado intento de privatización, años 2001/02 el Banco se vio obligado a presentar ante el Banco Central un plan de saneamiento y de reestructuración que incluía una serie de exigencias para poder volver al mercado de crédito debiendo previamente restablecer sus indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad. Dichas medidas fueron inicialmente presentadas ante el Central en el 2004, evaluadas por este en el 2005, y flexibilizadas en el 2006 por pedido de la Provincia de Córdoba por no poder afrontar financieramente todos los compromisos de capitalización.

El plan original consistía esencialmente (entre otras medidas) en la capitalización de la entidad por medio de cuatro vías:

1- A través de un aporte financiero directo de la Provincia de 90 millones de pesos en ocho cuotas trimestrales,
2- Con el producido de la recuperación de créditos de dudosa cobrabilidad otorgados en su momento por el Banco de Córdoba y el ex Banco Social y cuya gestión está cargo de la firma Cobrex Argentina S.A.
3- Con lo recaudado por la venta de aproximadamente 600 inmuebles de propiedad del Banco.
4- Y eventualmente con la venta del 49 % de las acciones al sector privado alternativa que finalmente fue desechada por el Gobierno Provincial.

La venta de sucursales y el
plan de desinmovilización de activos

Lejos de poder cumplir con estas exigencias de capitalización el Banco se encontró con una dificultad adicional, que en la actualidad persiste, que es la de presentar excesos en la relación de activos inmovilizados, en su inmensa mayoría inmuebles, con respecto a su patrimonio (más específicamente con la Responsabilidad Patrimonial Computable, RPC). Esto significa, en términos sencillos, que posee demasiados activos de poca liquidez (capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo) para poder garantizar sus depósitos. A su vez los incumplimientos de esta relación dan origen al incremento de la exigencia de capitales mínimos que suponen una situación de insolvencia.

A los fines de corregir esta relación técnica en marzo del 2005 el Banco de la Provincia celebra un contrato de fideicomiso con la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. para la venta de inmuebles que incluía aquellos tomados en defensa de créditos y/o dación en pago y los de propiedad del Banco no afectados al “giro del negocio” pero susceptibles de ser vendidos.

Según notas a los estados contables se incorporaron a este plan, inmuebles por más de 100 millones de pesos, monto superior a los 66,7 millones de pesos comprometidos en preincipio con el Banco Central. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se habían vendido, según la misma fuente, 61 millones, por lo que el Banco debería vender inmuebles por 5,7 millones para cumplir con la meta asumida con el Central.
Como dato curioso que surge de ese informe se puede señalar que la Provincia le compró inmuebles al Banco por un monto superior a los 25 millones de pesos de los cuales debía al 31 de diciembre de 2007, 18,7 millones de pesos.

Pero lo que creemos que ha dejado abierta la posibilidad para enajenar sus sucursales, en particular aquellas de gran valor, como las enunciadas al comienzo de esta nota, es la resolución del Directorio del Banco de no continuar con el contrato de fideicomiso con la Corporación Inmobiliaria, y realizar, a partir del 1º de abril de 2008, la venta de inmuebles de forma directa, “(...) logrando que las ventas tengan mayor ventaja económica(...)”, incluyendo “(...) inmuebles operativos o no, con deficiencias en su situación registral, ocupados y/o afectados por medidas judiciales(...)”

Al respecto vale recordar que Corporación Inmobiliaria recibía una retribución fija mensual por tareas de relevamiento, administración e inscripción de títulos, y de una comisión del 2% por la venta de inmuebles edificados y/o campos y del 3,5% sobre la venta de baldíos. En este punto sería bueno conocer las causales de la no prórroga de este contrato toda vez que el mismo “(...) perseguía asilar al proceso de realización de inmuebles de las actividades financieras y de servicios que brinda el Banco, concentrando en un tercero en forma integral la responsablidad de la administración y venta de inmuebles, labor ésta ajena a la finalidad de la Entidad Bancaria (...)”

Vale comentar que la Corporación Inmobiliaria posee el 1% de las acciones del Banco.

Finalmente después de analizar someramente este proceso cabe preguntarse que criterios se han seguido para privilegiar la venta de sucursales, aparentemente rentables, en lugar de agotar la enajenación de otros inmuebles ajenos al Banco y a su actividad financiera. ¿Será la necesidad de cumplir con las exigencias del Central o estaremos en frente de otro negocio inmobiliario?

Estos interrogantes han sido objeto de un pedido de informe del Frente Cívico en la Unicameral.

Consideramos que para evitar suspicacias en este tema se requiere de parte de funcionarios del Gobierno y del Banco información clara y transparente, y un mayor control y seguimiento de parte de la oposición política, de la sociedad en general y de la prensa en una cuestión muy sensible que ya ha acumulado muchas sospechas.

Ley de Radiodifusión

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Una oportunidad histórica

Escribe: Lic. Gabriela Cabus
Directora Radio Nacional Córdoba


La ley de radiodifusión que rige en nuestro país desde 1983, lleva la firma de Jorge Rafael Videla. Junto a la ley de entidades financieras, fueron las únicas leyes de la dictadura que no han sido derogadas en 25 años de democracia.

En los últimos meses, como un efecto no buscado del conflicto del campo, salió a la luz la xenofobia y el racismo que los medios se había dignado disimular hasta éste momento. Quizás sea esto lo que ha impulsado la discusión sobre la necesidad de contar con voces diferentes a las de los sectores monopólicos, que actuaron con una línea editorial sin fracturas en contra de las retenciones y apelaron al sentido patriótico para que todos los argentinos compartiéramos el interés de los sojeros y exportadores.

Esto hace pensar que intentar democratizar los canales radiales y televisivos de expresión no va a ser posible sólo a través de un articulado o una mayoría parlamentaria, sino que va a requerir de la acción conjunta y decidida de los más diversos sectores sociales.

Aparentemente la presidenta Cristina Fernández va por ese rumbo, y se ha reunido a recibido a representantes de las Carreras de Periodismo, Sindicatos, Organismos de Derechos Humanos, ONGs y más de doscientos agrupamientos sociales y políticos que conforman la Coalición por los 21 puntos.

Las modificaciones de la democracia

La ley que será derogada en los próximos meses sí tuvo modificaciones en la etapa democrática. Durante el menemismo se modificó el artículo que impedía que un mismo propietario tuviera más de cuatro licencias para ampliar ese margen a 14 señales, favoreciendo en éste ámbito lo mismo que favoreció en todos los otros: la concentración y el monopolio.

Luego, el gobierno de la Alianza modificó el artículo que impedía el ingreso de capitales extranjeros a la propiedad de los medios y su Ministro de Economía Domingo Cavallo los consagró como “bienes culturales” para eximirlos de impuestos.
La última modificación, fue realizada en el gobierno de Néstor Kirchner, derogando el artículo que prohibía a las cooperativas y entidades si fines de lucro tener licencias. Fue la única modificación hecha en democracia que no favoreció a los grupos concentrados.

En ese sentido, la presencia en sectores claves de la radiodifusión de funcionarios procedentes de sectores comunitarios, sindicales, como Sergio Fernández Novoa en el COMFER, y la apuesta al relanzamiento de la televisión pública, y de la radio pública son antecedentes que exponen en alguna medida una voluntad política de promover la existencia de otras voces además de las privadas.

Sin embargo, fue también el gobierno de Néstor Kirchner el que prolongó por 30 años las licencias de los grandes grupos, esos mismos que en el conflicto “del campo” mostraron con desparpajo un profundo desprecio hacia la democracia.

¿Una nueva ley garantiza el
acceso a la información?

Cabe preguntarnos hasta dónde la nueva ley garantizará el derecho a la pluralidad informativa. En otras palabras, podrá la nueva ley garantizar la existencia de una comunicación democrática?
Teniendo en cuenta los intereses que se van a tocar, seguramente la nueva ley apenas podrá abrir las puertas para una comunicación más democrática y plural, pero no podrá garantizarla por sí misma.

Es por todos conocido que la sola presencia de Canal 7 en San Rafael y Mendoza generó que uno de los grupos más poderosos del país Vila/ Manzano lograra, a través de una medida judicial, sacar del aire al canal estatal durante dos meses. Sólo el protagonismo masivo de los mendocinos en defensa de sus derechos logró que el canal público volviera a emitir.

El momento es ahora

En ese marco, resulta claro que los lobby serán muy fuertes y que, como siempre , volverán a introducir ejes falsos levantando la “libertad de prensa” y denunciando la “censura que quiere ejercer el gobierno autoritario” contra los democráticos y pluralistas medios masivos oligopólicos.
Desgraciadamente, estos ejes falsos suelen hacerse carne en sectores que se denominan progresistas y que, así como levantan las banderas del federalismo para no decir que están en contra de las retenciones a los que más tienen, levantan la bandera de la libertad de prensa para decir que no es el momento de discutir una nueva ley de radiodifusión por el enfrentamiento que ha tenido la presidenta con el multimedia Clarín. O que “ya todo está arreglado para darles las licencias a tales o cuales centrales sindicales”. Cortinas de humo en las cuales ciertos sectores progresistas suelen perderse de manera desesperante cuando todo se convierte en excusa para no dar la batalla en el momento y el lugar en que la misma resulta inevitable.

Pues bien, la necesidad de una nueva ley de radiodifusión ha sido puesta en debate en la sociedad, está en las primeras planas y forma parte de la agenda pública de los argentinos/as. La oportunidad es ahora.
Es ahora el momento en el cual los sectores que venimos bregando por esa nueva ley debemos incidir con el mayor poder que podamos construir. No emanará ese poder de mezquinos debates sobre quiénes son los dueños de la radiodifusión democrática, quién lo dijo primero, o quién tiene el discurso más políticamente correcto.

La construcción de una ley, que permita enfrentar a los monopolios, sólo puede devenir de un amplio consenso social al cual los medios públicos y no comerciales debemos contribuir decididamente para que no se desperdicie una oportunidad buscada durante tanto tiempo.

Editorial Nº2

. sábado, 10 de mayo de 2008
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No son tiempos sencillos; la política en nuestro país y en nuestra provincia particularmente presenta cada día más y más aristas cuya complejidad tienden, a veces, a hacernos olvidar cuales son los objetivos principales y cuales los secundarios. Además, como si ya esto fuera poco, es evidente que Argentina está puesta en uno de esos momentos bisagra de la historia, donde muchos de nuestros sueños empiezan a iluminarse, pero también salen a la luz muchos de los enemigos naturales del proyecto nacional y popular.


Quizás por eso es crucial combinar la inteligencia con la audacia, evitando caer en maniqueismos artificiales y principalmente hacer un esfuerzo importante para contener a la mayor cantidad de cordobeses y cordobesas que miran esperanzados hacia el futuro. Pero aclaremos las cosas: no se trata de abocarnos a amontonar voluntades contradictorias sino a trabajar para unir y fortalecer esta unidad a través del debate y la discusión franca. Nadie va a negar que es difícil, porque siempre es más sencillo sentarse sobre un pedacito de verdad desde donde se pueden uniformizar forzadamente los matices, que aceptar y enriquecernos con la diversidad de colores en la búsqueda de un objetivo común.

Y quien crea que esto es solo una declaración voluntarista y poética que mire hacia el pasado, que observe con atención todo el tiempo que hemos perdido en discusiones que el tiempo y la brutal realidad han demostrado que fueron estériles y contraproducentes. De lo mucho que hay pendiente por hacer en nuestra provincia y en nuestro país nosotros también somos responsables y es un acto de adultez política asumir esta obligación con inteligencia y compromiso vital.

Esto significa identificar con claridad al enemigo pero separándonos de cierta proclividad a marcar más las diferencias que las coincidencias entre nosotros y reconociendo que si bien ya hemos recorrido una parte del camino lo que falta es mucho y escabroso.

Para llevar adelante con éxito este proceso, es central analizar los obstáculos que en el pasado se han puesto para tratar de frenar nuestro andar. En cada oportunidad en que hemos entreabierto la puerta a las reivindicaciones populares nos hemos enfrentado con la fuerza de quienes no quieren cambio alguno y defienden sus privilegios aún a costa de poner en riesgo las bases de un sistema que solo sostienen formalmente.

Eso pasó con la Reforma Universitaria del 18, con el Cordobazo, con la riquísima experiencia sindical y política de los años 70 y también con el reciente fraude electoral del 2 de setiembre de 2007. Hemos visto a muchos de nuestros mejores compañeros y compañeras enfrentarse al descrédito público o al ninguneo del stablishment por el solo hecho de levantar las banderas populares de la justicia, de la lucha contra la corrupción, la defensa del patrimonio estatal o la dignidad del salario y el trabajo honesto. Pero de la misma forma los hemos visto levantarse de nuevo para demostrar que no estaban equivocados, y que aunque a veces nos traten de convencer de que estamos el final del camino pronto descubrimos que no hay derrotas definitivas y que cada victoria, por pequeña o grande que sea, nos impone nuevas metas, más altas y más urgentes.

Menéndez: Al Fin llegó la hora

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Por Bittin Baronetto
Director de Derechos Humanos
de la Municipalidad de Córdoba


Al fin ha sido fijada la fecha del juicio al genocida general Ménendez. Se iniciará el 27 de mayo en una de las tantas causas por torturas y asesinatos que fueron demoradas por la larga vigencia de las leyes de impunidad.

La importancia para la sociedad es que los que pensaban irse a la tumba sin el sello de la condena de las leyes, ahora deberán comparecer para que los tribunales confirmen con su fallo lo que ya es conciencia y verdad en el consenso social, luego de tantos años de luchas, resistencias y rechazo a la impunidad.

La lección para nosotros es que vale la pena luchar cuando la causa es justa. Porque a pesar de todas las trabas, de los distintos artilugios con los que se pretendieron burlar las leyes de la democracia, finalmente los genocidas estarán sentados en el banquillo de los acusados, con una posibilidad de defensa que ello negaron a sus víctimas, actuando con cobardía en las sombras de la clandestinidad. Esta es la trascendencia del juicio a Menéndez en Córdoba que se iniciará a fines de mayo.

Claro que recién es la primera causa que llega a juicio, lo que también indica la deuda que la justicia federal de Córdoba sigue teniendo con la sociedad cordobesa. Quedan todavía muchas otras, cuya pruebas ya están en poder de la justicia desde antes de 1987, cuando fueron congeladas por las leyes de obediencia debida y punto final.

La causa de los fusilamientos de la U.P.1

Entre las causas más importantes está la que investigó el asesinato, por fusilamiento o torturas, de los 29 presos políticos que estaban alojados en la Penitenciaría de San Martín (U.P.1), con los hechos probados en la resolución del año 2003 cuando se hizo el juicio de la verdad histórica, sin posibilidades en esa fecha de imputar penalmente a los responsables. Esta causa es una de las que más pruebas tiene en cuanto a la identificación de los autores de los asesinatos y sin embargo todavía no ha sido elevada a juicio penal.

Es que al tratarse de presos políticos que estaban detenidos bajo el cuidado de los tribunales judiciales, no podrá eludirse la responsabilidad penal de funcionarios que en aquel entonces eran jueces, secretarios o defensores oficiales.
Por esta misma razón, los hijos y familiares de los fusilados de la UP1, junto a la Asociación de Ex -presos políticos reclamaron la preservación de las instalaciones de la cárcel de San Martín que el gobierno de Schiaretti quiere vender apresuradamente para hacerse de fondos y afrontar lo que ha denominado la “emergencia carcelaria”.

Desde las entidades de derechos humanos se le ha hecho saber tanto al ejecutivo provincial como a la legislatura que vender la cárcel significaría borrar una de las pruebas necesarias para el desarrollo del juicio de la UP1. Este lugar de la memoria de los cordobeses no puede ser negociado para dar respuesta a otros graves problemas como el que sufren los que hoy padecen la privación de la libertad en cárceles inhumanas.

Tampoco podrían los legisladores aprobar el proyecto de venta de la cárcel de San Martín ya que violarán la ley provincial de la memoria (Ley 9286), que establece, en consonancia con disposiciones internacionales de la UNESCO, la preservación de las instalaciones edilicias “que funcionaron como centros clandestinos de detención o hubieren sido utilizadas por el terrorismo de Estado”. (art.3,h).

El jury de enjuiciamiento para el Juez Otero Álvarez

En esta larga lucha por verdad y justicia, y a propósito del sorteo que ubicó al Juez Carlos Otero Álvarez en el tribunal oral que juzgará al genocida general Menéndez, como afectado directo y en ejercicio de mi responsabilidad como funcionario público puse en conocimiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, los hechos que cuestionan la conducta del Dr. Otero Álvarez como Secretario del Juzgado Federal N° 1 en los años de la dictadura, fundamentalmente al autorizar el traslado de presos políticos que luego fueron asesinados por las mismas patrullas militares o policiales que los sacaron de la cárcel de barrio San Martín. Tal como lo señaló el Defensor Público Dr. Marcelo Arrieta, el ahora juez cuestionado cometió “un claro exceso funcional, toda vez que la única autoridad capaz de disponer de personas detenidas era y sigue siendo-, el juez”. Pero además como funcionario público en conocimiento de los delitos de torturas y asesinatos cometidos por los militares tampoco promovió ningún tipo de investigación, lo que lo convierte en cómplice del accionar del terrorismo de estado en nuestra provincia. Estos hechos junto a otras pruebas y documentación fue presentada con el pedido de jury de enjuiciamiento, porque flaco favor le hace a la institución judicial que se pretenda hoy una sobreactuación que expurgue la complicidad de ayer, como vulgar lavaje de cara. Tal como lo escribí en la presentación efectuada: “…el funcionario público y por lo tanto el funcionario judicial debe ser hoy también protagonista en la consolidación de las instituciones democráticas, contribuyendo a restablecer la credibilidad social. Mal podrá hacerlo quien haya actuado, como habría sucedido en este caso, en desmedro de la misma institución judicial al avalar hechos reñidos con la ley. La ética de responsabilidad social establece al funcionario público, como primer criterio para su actuación: preservar, restablecer, garantizar el bien social como bien supremo de la democracia. Y esta conducta ética debe ser transparente y sin mácula alguna para que el conjunto social se reconcilie con sus instituciones rectoras y fortaleza la confianza e el ordenamiento social e institucional que lo contiene.”

Instituto del Quemado de Córdoba: La Cosa está que arde

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Calamitosas condiciones del Instituto del Quemado

Ricardo Fonseca -Periodista-


El Instituto de Quemados de la Provincia de Córdoba se inauguró el 16 de diciembre de 1980 luego de 30 años de espera por razones políticas y presupuestarias.

Se habilitó para la atención al público el 9 de febrero de 1981 y se convirtió en el único centro de la especialidad para atender pacientes de provincias vecinas y países limítrofes.

Fue considerado a poco de inaugurarse uno de los mejores de Sudamérica.

La ausencia de presupuesto y la falta de una política de conservación por parte de los gobiernos provinciales, pero en particular de la última gestión del gobernador José Manuel de la Sota, fue deteriorando la calidad y entidad del Instituto.

No extraña, la falta de una Política de Salud adecuada a las necesidades operativas de una provincia como Córdoba y tentada para los negocios espurios, (sobreprecios en pagos de prestaciones y medicamentos), hicieron el resto.

Datos significativos son, por ejemplo, que el quirófano del servicio de Guardia ha sido desfuncionalizado; se utilizan menos consultorios externos y menos días de atención con la lógica acumulación de pacientes; hay menos camas para Fisioterapia; no se han cubierto los cargos por renuncias; se han destinado consultorios para áreas del hospital Córdoba y el servicio de terapia, desaconsejado por todo especialista, es polivalente cuando para el caso de pacientes quemados debe ser monovalente.

Las normas internacionales de la salud indican que un Instituto del Quemado debe ser monovalente y no polivalente. Igualmente ocurre con la UTI que fue inaugurada luego de una espera de 20 años y que es polivalente.

Es decir la UTI del Quemado es inexistente como monovalente y se utiliza la que corresponde a patologías en general con lo que ello implica.

Un paciente con quemaduras, al perder la cubierta cutánea, está propenso a sufrir infecciones más que cualquier otra patología y las medidas de asepsia deben cuidarse en medida extrema para evitar auto contaminación, contaminaciones cruzadas e intrahospitalarias.

Cuando el gobierno de José Manuel de la Sota decidió la “Renovación del Hospital Córdoba y Construcción del Instituto Médico de Alta Complejidad”, a través de un Proyecto del BID, AR-L 1027, de 215 millones de dólares de los cuales 50 millones de pesos se destinaron para el Hospital Córdoba, a la Empresa Eductrade, (cuestionada por sectores de la oposición en el período 2003/2007 por ser la beneficiada de los 25 millones de euros destinados por la Corona Española para salud y educación) se procedió a trasladar y desmantelar los servicios que allí se prestaban y trasladarlos al Tránsito Cáceres de Allende llevando al 5to. Piso del Córdoba al Instituto del Quemado. Ese traslado fue cuestionado en nota enviada al Ministro de Salud, Oscar González, el día 5 de Junio por personal del Instituto haciendo constar que el procedimiento realizado el 1 de Junio “ha sido no menos que caótico, apresurado, improvisado, forzado, precario y hasta inhumano. Las condiciones actuales del internado son de tal magnitud deficientes que detallarlas excedería ampliamente esta nota. Baste mencionar el estado higiénico de las habitaciones, la ausencia de baño, piezas individuales, el olor a pintura, solventes y otros desagradables, la presencia de moscas y otros insectos, la falta de espacio mínimo para el depósito de materiales y elementos de trabajo, la falta de cocina para el acondicionamiento de la alimentación de los pacientes”, son algunos detalles.

Un dato a tener en cuenta es que el reemplazo de las mesas de cirugía y la bañera de acero inoxidable fue reemplazada luego de 24 años de funcionamiento. Hoy, el Instituto del Quemado, que gozaba de autonomía de funcionamiento ha perdido esa categoría al pasar a ser un Servicio del Hospital Córdoba.

En ese ínterin del traslado y la remodelación del Córdoba el desmantelamiento obligó a que el 23 de Noviembre de 2007 el director de la Oficina Patrimonial del Córdoba, Carlos Isaac Montenegro, enviara una nota al Director del Hospital, Dr. Carlos Simón, para comunicarle que “en ningún momento había sido notificado sobre el retiro de diversos elementos como ha sido de los rezagos del Instituto del Quemado que han sido cargados durante varios días consecutivos desconociendo su destino final y cito en forma mas puntual al Servicio de Traumatología de la cual el personal conducido por el Sr. Saires efectuó el retiro de elementos sin todavía poder contar con una copia de dicho traslado”.

Fuentes consultadas que pidieron reserva de opinión, por la persecución que dicen sufren por parte de las autoridades, con traslados compulsivos e irrelevantes, hechos que fueron notificados al Ministro de Salud, Oscar González, con fecha 27 de octubre de 2007, admitieron para esta investigación que se vendió todo el aluminio compuesto de bachas y puertas del Instituto del Quemado a gitanos que compraban a granel y que la caldera del Instituto se habría enajenado en un valor aproximado en 6 mil pesos sin saber el destino del dinero.

En el año 2003, los médicos cirujanos, Jorge Silber y Miguel Martinez García rechazaron la inauguración de la UTI del Quemado como prolongación de la UTI del Hospital Córdoba porque el ingreso de distintas patologías lo transformaba en polivalente. Desde 1980 se venía reclamando la independencia de atención de estos pacientes en terapia intensiva y si bien se había construido una sala equipada con toda la aparatología para dicho fin, nunca se habilitó por falta de recursos humanos y se inauguró tres veces previo a cada campaña electoral.

El 21 de setiembre de 2004 un nuevo reclamo firmado por numerosos profesionales del Instituto elaboró un proyecto de Orgánica del Instituto del Quemado que fue enviado al entonces Ministro Roberto Chuit en la que volvía a reiterar la advertencia sobre la grave situación de deterioro que presentaba.

Solicitaban, entre otros detalles, “la recuperación del Instituto en el marco de autonomía de funcionalidad y presupuesto que indicaba la Ley 4759, incremento del recurso humano, recuperación del funcionamiento como un Centro de Alta Complejidad Monovalente advirtiendo que se desvirtuaba su razón de Centro Especializado al convertirlo en polivalente, recuperación de un consultorio para fisioterapia y un consultorio para sicología, refuncionalizar la guardia, compra de aparatología para cirugía reparadora y estética y realizar mantenimiento y reemplazos de camas, mesas quirúrgicas y bañaderas”.

Río IV, una prueba de fuego

Cuando ocurre el suceso de Río Cuarto, el Dr. Carlos Simón, director del Hospital Córdoba, admitió que los pacientes habían sido trasladados a la Terapia del Quemado y que se contaba con toda la infraestructura e insumos para asistirlos.

La documentación obrante para la investigación demostraba, contundente, que la UTI del Instituto del Quemado no estaba preparada para recibir a pacientes de alta complejidad por la severidad de las quemaduras que tenían en su cuerpo.

El 7 de diciembre, personal del Hospital deslindó responsabilidades y desmintió al director del hospital denunciando que el Instituto había sido cerrado el 1 de Junio de 2007 con un traslado compulsivo, que ya había sido denunciado por el personal “por no reunir las condiciones de bioseguridad, de baños individuales, acondicionamiento, destrucción del funcionamiento integrado desde la guardia, quirófanos, internado y terapia, con personal altamente capacitado, multidisciplinario para la atención exclusiva de quemados. Que el traslado fue planteado para refaccionar el Instituto del Quemado en cuatro meses y que todavía estaba inconcluso, adelantando que no se sabía donde se llevaron puertas de aluminio, bañeras de acero, mesadas de mármol equipo de caldera, aireación” entre otros detalles.

En esos días, fuentes calificadas, en reserva obviamente por las razones enunciadas, advirtieron que se incendió el cableado del tablero de emergencia que fue apagado con extinguidores por enfermeros del Hospital.

2 semanas antes las salidas de emergencias de planta baja, escaleras abajo hacia el lugar de turnos, la puerta del servicio de rayos que comunica con el Instituto, la puerta de la guardia central, que también comunica con el Instituto y la puerta del subsuelo, a la vuelta de la farmacia que se dirige al Instituto, estaba cerradas totalmente, es decir eran lugares infranqueables que lo convertían “en una trampa imposible de escapar ante una desgracia”, tal la afirmación de un integrante del personal de la entidad.

El día 20 de diciembre de 2007, a las 20 horas, explotó el primer caño de la caldera del Hospital Córdoba y el 2do. caño y los pedazos de material saltaron hacia los pisos donde había pacientes internados.

Como reflexión final le dejamos un interrogante, ¿alguien tiene dimensión y cree que el Instituto del Quemado está medianamente habilitado para recibir pacientes de alto riesgo sin que la contaminación, la infecciones y la ausencia de asepsia, le permitan salir con vida?.

La realidad del Instituto del Quemado de la Provincia de Córdoba, o mejor dicho lo que queda, es un lugar donde quién entra pareciera estar condenado a la muerte.

Están Jugando con fuego

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Entrevista a Salvador Treber

Cuando nos propusimos hacer esta entrevista a Salvador Treber, lo hacíamos con el bagaje de haberlo escuchado y leído muchas veces, y en cada ocasión habíamos percibido su esfuerzo personal por explicar de manera sencilla pero fundamentada y contundente temas que muchas veces se presentan como patrimonio exclusivo de los entendidos.
Esta búsqueda por hacer comprensible los problemas económicos reales de la gente, la volvimos a sentir en la charla que tuvimos con él hace unos días, cuando con su característico estilo coloquial fue hilvanando pensamientos que en muchos casos trascendían lo meramente técnico para hacer pie en las implicancias humanas y sociales de las políticas económicas.

La Esquina: ¿Cómo ve usted la situación financiera de la provincia?
Salvador Treber: He incursionado varias veces sobre este tema y he dicho siempre que la situación financiera de la provincia es muy comprometida. No se trata de un problema actual sino que es un problema por acumulación. Se manejan y se dibujan cifras de tal manera que los resultados oficiales hacen aparecer como que hay saldos positivos de la gestión y esto no es así. Se omite una parte considerable de la deuda flotante, es decir gastos del ejercicio que no se pagan dentro del ejercicio; se hacen manipuleos para que no se vean; pero, la tesorería a la corta o a la larga, debe afrontarlos. De tal manera que eso actúa como una bola de nieve, lo que por allá del 2003 ó 2004 fueron 200 millones de pesos, hoy están alrededor de los 1000 millones. Si el presupuesto provincial total está en 8.200 millones esto significa que hay un 15% adicional que no tiene cobertura -pero que debe ser atendido con los recursos habituales- como esto no se puede hacer se traslada esta deuda flotante del año en curso hacia adelante y así va creciendo. Al margen de ello, dentro del sector gubernamental hay algunos agujeros negros. La Caja de Jubilaciones de la Provincia ha hecho conocer y elevado al Tribunal de Cuentas el balance sellado del año 2003. Desde entonces no se ha dignado en cumplir con su obligación de llevar los respectivos balances y nadie hace nada.

LE: ¿Qué hay detrás de estos balances faltantes?

ST:
Yo creo que un agujero negro. En su momento yo estimé que para el 2008 habría un desequilibrio funcional de $800 millones de los cuales la Nación según su propio presupuesto- se hacía cargo solo de $430, el resto no se hace cargo nadie. Y esto se debe a que la Nación asumió la cobertura del desequilibrio pero siempre de acuerdo a la norma de la ley nacional… y la provincia se ha dado ciertos lujos. Por ejemplo ha jubilado a varios miles con menor edad bajo el régimen de jubilación anticipada y además la Nación para calcular los haberes jubilatorios usa el promedio de los salarios de los últimos 10 años, mientras que en Córdoba se usa el mejor salario que tuvo el beneficiario. Obviamente eso crea diferencias, a las cuales la Nación no se comprometió a cubrir. Por otra parte, cuando se dice públicamente que se va exigir a la Nación más fondos, se omite decir que solo es exigible aquello que está firmado y acordado.

LE: ¿Por qué Córdoba no transfirió a la Nación su caja de jubilaciones?
ST:
Córdoba -y otras 10 provincias- no lo hizo porque la constitución no se lo permite. Al resto de los distritos más Capital Federal la Nación las tiene bajo su órbita y hace cumplir las reglas que a nivel nacional rigen y cubre esas cajas como si fuera un compromiso propio del estado nacional. Mientras tanto a las provincias que no han entrado en este sistema las atiende como si lo estuvieran dentro de su régimen, lo que produce un hueco financiero.
LE: Hay un aporte especial de los trabajadores, un fondo compensatorio para la caja… ST: Si, un fondo compensatorio que se está usando para cubrir parcialmente las diferencias. Esto jaquea las finanzas de la provincia. Se está generando una deuda, porque la provincia está desviando fondos que tienen otro destino y que deberá devolver.

La deuda provincial

ST:
Sin que tomemos en cuenta este desvío de fondos, el problema es que la provincia oculta cuál es el verdadero monto de la deuda. Porque en las rendiciones oficiales, cuando se toma la deuda pública provincia, se da solamente la de la administración central y en una nota agregada se dice “Por no ser obligatoria no se incorpora la de los organismos descentralizados y agencias, pero a título aclaratorio se señala que la Agencia de Inversión y Desarrollo debe $1200 millones”, con eso se llega a los $8000 millones… Pero no es la única agencia. Hay 15 organismos descentralizados, de las cuales 14 se abstienen de mostrar sus números amparados en una norma legal que no explicitan, cuando la ley dice que deben mostrar sus balances.
En este marco Nación es el principal acreedor y en el presupuesto provincial del 2008 se prevee que el estado nacional refinancia $800 millones, pero en realidad hasta ahora se han acordado solo $300 millones. Entonces, si sumamos la deuda de la caja y esta parte de deuda no refinanciada ya tenemos $850 millones a lo que hay que agregarle la deuda flotante que hablábamos al comienzo. Es decir que la deuda total debe estar en no menos de $11.500 millones. Además hay otros conceptos que ni figuran, como por ejemplo la deuda que la provincia mantiene con el Banco de Córdoba, que según las palabras del presidente de la entidad en 24 de mayo de 2007, la provincia le debe $390 millones más intereses. Ante todo esto la provincia no se da por enterada. Como no se da por enterada de otra deuda que la provincia mantiene con APROSS al desviar fondos de la misma con un fin distinto. Están jugando a las escondidas, están jugando con fuego. Porque a los compromisos tarde o temprano tendrán que atenderlos.

LE: ¿Está comprometido el futuro de la APROSS?

ST:
Ese es otro de los balances que no se conoce. Hay cuatro organismos que han adherido a la modalidad de la Caja de Jubilaciones y no muestran sus balances. Por supuesto esto debe haber sido convenido con las autoridades provinciales para no destapar la olla. La olla está hirviendo, si usted la destapa sale el humo y si no, se sigue recalentando hasta que, por la fuerza del vapor se destapa la olla.


LE: Por estos días la provincia está con el discurso de que la Nación le debe dinero…

ST: Si esa plata llegara estarían chochos, estarían menos pior… Pero es una cortina de humo. Lo correcto sería enfrentar la realidad. Porque las víctimas de esta situación no son los funcionarios de turno. La víctima es la toda la población.

Retenciones y coparticipación


LE: Ahora, esta disputa que vemos en la actualidad entre la provincia y la nación ¿cómo la evalúa usted, más allá de la cortina de humo…?

ST:
Todo es una cortina de humo. Hay cosas que se podrían hacer y no se hacen. Por ejemplo, la coparticipación de la cual tanto se habla, tiene un régimen legal que en su artículo 7º explicita que el MINIMO que se debe coparticipar es el 34% de todos los recursos (copoarticipables y no coparticipables, incluidas las retenciones y los impuestos aduaneros). Ese es un elemento bajo el cual las provincias podrían reclamar una diferencia que nadie reclama. Además en agosto de 1993 las provincias cedieron voluntariamente a la nación el 15% de la coparticipación para facilitar que se elevara el haber jubilatorio mínimo de $150 a $200 mensuales. En ese momento el sistema jubilatorio estaba totalmente ilíquido y no podía afrontarlo. Ahora le sobran recursos y las provincias siguen dejando ese 15% ¿por qué no denuncian ese acuerdo y reclaman que ya basta?
Cuando plantean modificar la coparticipación lo hacen como si no supieran -en cuyo caso están descalificados para opinar o gobernar- o no quieren saber, que modificar la coparticipación es virtualmente imposible bajo el texto de la constitución de 1994, porque exige un acuerdo previo de todas las provincias con la Nación, en el que no puede haber ningún disidente. Es decir que cualquier provincia tiene derecho de veto. Como hay provincias que no se van a sentar ni siquiera a hablar del tema si no les garantizan que no les van a mejorar la situación, y, como mejorar la situación de unas significa perjudicar a otras, nadie quiere saber nada.

LE: ¿Qué opina de la propuesta de incorporar las retenciones a la coparticipación?

ST:
Los que proponen eso no leyeron la constitución. En su artículo 4º dice que son exclusivos del tesoro nacional los derechos de exportación (retenciones) e importación, además prohíbe a las provincias cobrar esos derechos. Así que creo que en este punto se está planteando que se viole la constitución nacional. O son ignorantes a nivel de burros o son hipócritas que están mintiendo, una de dos.


LE: ¿Cómo analiza usted el tema del impuesto inmobiliario rural en Córdoba?

ST:
Bueno, ahí tenemos un problema con las valuaciones, que son de 1993. La provincia, por este desfasaje, deja de percibir la cifra de $1000 millones anuales. Esto le quita a los funcionarios cordobeses autoridad moral como para ir al ámbito nacional a extender la mano y pedir fondos que no genera. Y no los genera porque no quiere.
Pero bueno, como el caudal de votos del interior es muy grande, entonces es más importante conservar esos votos que sanear las finanzas públicas.

LE: ¿Cómo se hace entonces para equilibrar las necesidades coyunturales de la política con las necesidades de la economía?

ST:
No. Yo no las pongo en un plano de igualdad. El requerimiento de la población, las obligaciones con respecto al conjunto de la sociedad, son absolutamente prioritarias. Nadie le pide a usted que se dedique a la política, si usted lo hace no debe ser como si se acercara a una vaca y la ordeñara para beneficio propio, eso es una desfiguración deshonesta de la política.


Los conflictos en puerta

LE: ¿Cómo ve usted el escenario de la discusión salarial del sector público?

ST:
Veo un escenario conflictivo. Si a mitad de año las cosas empeoran desde el punto de vista inflacionario las bases van a impulsar a los gremios a exigir un aumento.
Pero la provincia está metida en círculo vicioso, porque no quiere administrar impuestos. Mientras usted y yo pagamos los impuestos al consumo, como es el de ingresos brutos; a los “pobres y arruinados dueños de la tierra” no les cobra nada. Eso es profundamente regresivo e injusto. No pueden darse estos lujos pensando que de nación le van a girar la plata para solventarlos. La provincia no tiene cómo afrontar sus gastos porque no ejerce sus facultades tributarias en plenitud, pero, además de facilitarle la buena vida a determinados sectores, es ineficiente a la hora de recaudar.

LE: En el plano nacional ¿Cómo ve usted la situación?

ST:
El gobierno tiene varios desafíos. Ahora ha aparecido un nubarrón en el horizonte, bastante serio, que es lo que ha sucedido con el campo. Una situación que no tiene antecedentes en la historia argentina. Ahora varios se quieren hacer los inocentes pero el planteo era: “ustedes o nosotros”, “Cristina andate”... Se llegaron a decir cosas tan terribles y alarmantes como que “estamos para morir o matar…” Es una locura. Yo puedo reclamar, solicitar o negociar, pero someter a un chantaje, teniendo como rehén a toda la población con el tema del desabastecimiento, es un despropósito total.
Les guste o no les guste, lo que sucedió tiene un tufillo conspirativo. Aunque algunos periodistas ridiculicen esta idea, es así.

LE: ¿Cómo ve usted el proceso inflacionario actual?
ST: A nivel gubernamental no hay demasiados mecanismos para controlarlo. Sería prudente que traten de reducir al máximo todos los gastos públicos que no sean imprescindibles. El gasto está creciendo a un ritmo alto, del 37%. También tendrían que perfeccionar el control sobre las líneas verticales de comercialización. Sirve de poco que se sigan los precios a nivel minorista sin hacer algo para controlar las líneas intermedias, en donde la economía argentina está muy fuertemente concentrada. El 60% de la actividad económica la manejan 500 empresas, de las cuales 380 son de capital extranjero y las que les importa un pepino en bienestar del país. Este proceso que vivimos hoy es consecuencia de la década del 90. Culminación de la entrega de los resortes más importantes de la economía. Tenemos problemas energéticos y tenemos que rogarles a las empresas extranjeras que produzcan más petroleo. Antes era un problema de acrecentar la producción de Gas del Estado y de YPF, hoy es cuestión de que otros quieran o no quieran. Entonces por un lado hay que restringir los gastos y tratar de elaborar un plan de mediano plazo, cosa a la que le tienen una alergia especial, no se por qué. Dentro de ese plan, lo que es imprescindible es una reforma tributaria a fondo, que hasta ahora la han rechazado en todos los tonos.

LE: Otro tema que se ha puesto en discusión en estos días es la redistribución de la riqueza…
ST:
No hay posibilidad de redistribución de la riqueza sin una profunda reforma tributaria. Como ejemplo le comento que hace muy poco tiempo ha salido un estudio internacional, basado en el Coeficiente GINI. El mismo sirve para medir el grado de distribución de la riqueza y oscila entre 0 y 100. Cuanto más cerca de cero está este indicador más justa es la distribución cuanto más lejos es más injusta y regresiva. Este estudio se hizo sobre países europeos y midiendo la distribución antes de la introducción de las medidas de política fiscal gasto y régimen tributario- y para los 15 países de la Unión Europea daba 47, que es elevado. Pero el mismo estudio con la introducción de las medidas de política fiscal que existen en estos países, baja a 33. Entonces vemos con claridad que hay una diferencia de 14 puntos atribuibles a política tributaria y asignación de gastos. En la Argentina se hizo el mismo trabajo y la diferencia entre las dos situaciones es apenas de 2. Es decir que hay mucho para hacer en esta área.
Yo estoy convencido que la reforma puede ser redistributiva y aumentar la recaudación por lo que me pregunto por qué no se quiere avanzar sobre este tema. Y se me ocurren tres respuestas posibles: o no saben qué hacer, o no quieren hacerlo o tiene miedo de tocar intereses muy poderosos que le pueden dar grandes dolores de cabeza.

LE: ¿Cómo se puede llevar adelante esta reforma?
ST:
Ante todo hay que tener en cuenta que es un proceso que lleva tiempo. En Europa trabajaron por 4 años, en EEUU un año y medio, en Canadá 2 años, es decir que lleva mucho tiempo. Además es necesario que la comisión de estudio esté por fuera del organismo de recaudación ya que el mismo no busca ser equitativo sino a hacer más fácil el proceso de recaudación.
A mi me tocó integrar una comisión en el muy convulso año de 1985 y elaboramos una reforma y advertíamos que era una unidad integral. En el mes de enero el presidente Alfonsín lo llamó al ministro Grinspun y se puso a leer, a cambiar y a tachar, y asi salió la reforma de 1986 que es un verdadero desastre.

La Argentina que yo viví

Cuando llegamos al estudio del Profesor Treber lo encontramos trabajando, rodeado de libros, algún diario y su computadora.

Evidentemente su actividad sigue siendo vital y productiva lo que le indica que -mal que les pese a algunos- hay Treber para rato.

Allí y casi ya afuera de la entrevista, Treber nos comenzó a hablar sobre su actividad actual y nos comentó que estaba escribiendo un libro.

Es tal vez mi último libro -dijo- no porque sea lo último que vaya a escribir, sino porque no se cuanto hilo me queda en el carretel.

Por el momento su nombre provisiorio es “La Argentina que yo viví” y en él analizo todos aspectos de cada década desde la del 30 hasta hoy: económico, deportivo, político, medios de comunicación.

Allí trato de volcar todo lo que pueda ser útil a la gente pero, le aseguro que me amargo porque... ¡qué forma de desperdiciar tiempo y energía que hemos tenido en la Argentina!...

Seguramente este será un libro más que interesante pero aún falta un tiempo para su edición ya que constara de 9 capítulos y actualmente está a la mitad.