Editorial Nº1

El campo popular ha realizado una gran cantidad de experiencias en tiempos recientes que merecen discusión y análisis; en especial si queremos avanzar con firmeza hacia la concresión de un proyecto común.

Desde este punto de partida, podemos esbozar que si hay un problema pendiente desde hace tiempo, es la cuestión del poder. Poder, entendido como la forma de realizar cambios concretos con sentido progresista y consistentes con nuestras ideas.

Hoy, gracias a la experiencia de estos años de democracia y al rico aporte histórico de muchos argentinos que nos precedieron, contamos con un bagaje teórico y práctico suficiente como para no dejarnos engañar por las declamaciones voluntaristas o meramente académicas.

El tema está allí puesto sobre la mesa y esperando nuevas respuestas a las preguntas de siempre: el qué y los cómo. Es que al preguntarnos qué es el poder en realidad nos preguntamos también cómo lo construimos, cómo se democratiza y cómo se acumula a fin de lograr objetivos colectivos.

Lo llamativo es que aunque parezcan inquietudes sobre las cuales todos tenemos respuestas convergentes, en la vida política real los senderos han tendido a bifurcarse al punto de llegar hasta destinos antagónicos y muy lejanos de los propuestos inicialmente.

En gran medida esta revista viene a dar un espacio para plantear estas cosas, haciéndolo desde el disenso y la pluralidad.

Venimos a avivar discusiones, no a silenciarlas. Estamos aquí para liberar -también- las ideas y no para domesticarlas. Creemos en la unidad como algo más que una bandera discursiva o una fotografía estática. Y estamos seguros de que los nuevos tiempos que se abren en la Argentina, necesitan de nuestro esfuerzo y compromiso.

Como bien dijo Scalabrini Ortiz, el nuestro es el trabajo de la gota de agua, la misma que de una en una rebalsa el vaso e idéntica a aquella que con la fuerza de su persistencia orada la piedra. En este sentido La Esquina es otra gota, aislada si el espectador solo la mira por un instante, pero permanente si podemos apreciarla como parte de una larga cadena con miles de eslabones.

A las puertas de que nuestro país cumpla 200 años de su declaración de independencia, en estas páginas venimos a rescatar una vez más las ideas de justicia, libertad y desarrollo que dieron inicio a nuestra patria. Un objetivo sencillo de enunciar pero de abordaje urgente donde son indispensables todas las voces, las ideas y las manos de nuestro pueblo.

Olla a Presión

Escribe: Luis Juez
ex intendente de Córdoba / Frente Cívico y Social

En este 2008 la enorme tapa que sella la extraodinaria presión de una olla que no da más, comienza a agrietarse. Muchos meses apretada por las manos de los delincuentes, la retuvieron con esfuerzos increíbles. Aun con el pesado yunque del fraude del 2 de setiembre, la pobre tapa se ha rendido y los vapores de una mugre histórica ya comienzan a enrarecer el aire político de la provincia. El aire asfixiante que ahoga a millones de cordobeses.

La Caja de Jubilaciones ha desnudado su colapso y amenaza el futuro de cientos de miles de trabajadores pasivos. 1.200 millones de pesos de deficit y un silencio inexplicable cuando se le pregunta al Gobierno Provincial a donde han ido a parar los 1.950 millones que durante 5 años se acumularon con el descuento adicional del 7%.

Después vendrá la crisis del APROOS, y la tapa se doblará. En meses la EPEC exhibirá su descapitalización y debilidad y la tapa se fundirá impotente.

Se acabaron las palabras. Las razones del fraude se van asomando de a poco, descarnadas, y los cordobeses le encontrarán respuesta al formidable PORQUE de setiembre.

Schiaretti no es De la Sota. El tipo tiene otra parada. Se ufana con una hipocresía más profunda de ser el gobernador del PJ (Poder Judicial) y sin rubor alguno aparenta la legitimidad que siempre le faltó. Se codea con los industriales silenciando sus dotes de administrador en Santiago del Estero o en los despachos de la Mediterranea. No tiene el lenguaje del Gallego y mucho menos su cintura pero es sin duda su mejor alumno.

Pero esto no es cosa de pefiles personales. El gobernador, al igual que su maestro, representa lo peor de la política cordobesa cuando lo peor significa claramente el haber arribado al poder para seguir haciendo negocios. Lo peor es encomendar con un decreto amañado a una comisión de notables la fabricación express de su legitimidad sin importarle si en el intento quedan manchados en el barro buena gente e instituciones de prestigio.

El Frente Cívico y Social constituye la única oposicion a esta impostura. El Frente avanza como una aplanadora sin recursos pero bien embanderado con los estandartes de siempre. La sociedad lo sabe. Lo huele. Lo intuye.

El Frente debe continuar su tarea desde todos los rincones institucionales en que está bien plantado pero también desde la calle, ese espacio vital en donde bebió el mejor energizante. La búsqueda estratégica del mecanismo que haga añicos los planes del gobierno provincial es rápidamente aprender a leer los matices que esgrime este gobernador intentando la diferencia que no existe.

Schiaretti todavía esta lejos de ser el mimado de Casa Rosada. Desde allá no hacen más que seguir ciegamente jugando a la ruleta barajando nombres de renombre. La Mona, la Rectora, Martí y hasta el mismísimo intendente de nuestro Frente. El tema que la ruleta cada vez es más rusa e intolerante.

Hemos lidiado con sordos, ciegos y mudos de la política. A veces todos en uno, pero la marcha recién comienza y nuestro compromiso con la gente se renueva hora tras hora.

La verdad de la milanesa (de soja)

Escribe: Enrique Torres

Productor agropecuario

¿Es en realidad el aumento gradual y móvil de las retenciones a la producción agropecuaria lo que ha provocado semejante respuesta del sector?
Creemos que esto ha sido sólo el disparador.

Un poco de memoria

En realidad, asistimos a la crisis de un modelo de acumulación y apropiación de la renta nacional.

A partir de 1945 y hasta 1975 la Argentina pudo desarrollar una política de industrialización, diversificación productiva, desarrollo tecnológico y científico con movilidad social que nos permitió proyectarnos como país soberano.

Es a partir de 1976 que nuestro país es violentamente devuelto al modelo agroexportador, impuesto por el capital financiero internacional esta vez en estrecha alianza con la tradicional oligarquía terrateniente. Símbolo de esta alianza reaccionaria es Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la Dictadura (1976-1981), hijo dilecto de una tradicional familia terrateniente y a la vez formado en la escuela monetarista de los “Chicago's Boys”, este fue el “aporte” de la Sociedad Rural Argentina al gabinete presidido por Videla , quien al exponer su plan económico el 2 de Abril de 1976 expresaba: “si la Nación va a producir acero o galletitas, lo va a decidir el mercado”.

En un proceso agresivo y devastador nuestro país perdió su industria nacional, sus ferrocarriles, sus fuentes de energía, su producción diversificada de alimentos, su soberanía alimentaria, en el marco de un nuevo orden mundial, donde a nuestro país le fue asignado el rol de productor de materias primas de orígen agropecuario que otros industrializaban. Proceso que continúa y se profundiza en la Segunda Década Infame del menemismo, donde el modelo neoliberal se consolida (1990-2000).

Las retenciones y los precios
internos de los alimentos

Las retenciones tienen un valor que trasciende el mero fin recaudatorio, para transformarse en una legítima herramienta de política económica.
La soja, al igual que todos los “commodities” se pagan en dólares a precio internacional.

Sin desvincular los precios internos de los internacionales (vía retenciones) para poder subsidiar otras actividades del sector como lo son la producción de pollos, de carne vacuna, de cerdos, o insumos como el gas oil, estos productos llegarían a las góndolas de los supermercados a precios internacionales, transformando los alimentos básicos de la canasta familiar en inaccesibles para la mayoría de la población.

Es una obligación indelegable del estado, la de garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria, lo que implica propiciar la producción de alimentos variados en cantidad y calidad suficientes, accesibles para todos.

Este concepto de nación es diametralmente opuesto a la de los sectores del privilegio y para ilustrarlo deberíamos recordar con Rodolfo Walsh en su “Carta Abierta a la Junta Militar” las palabras de Celedonio Pineda, Presidente de la Sociedad Rural Argentina quien en 1976 expresaba: ”Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”.

El gobierno, para garantizar la rentabilidad del sector, a su vez, sostiene un dólar alto. Si se llevaran las retenciones a cero y se dejara al dólar flotar libremente, los que hoy hacen el lock out patronal, perderían entonces si, su rentabilidad.

El pequeño productor

La estructura social y económica “del campo” en la argentina es muy compleja y compleja por ende la problemática del sector. Hoy encontramos desde pequeños productores con 100 Has. hasta “pool” y fideicomisos que siembran cientos de miles de hectáreas en todo el país.

Estos grandes del complejo sojero expresan claramente y una vez más esta alianza del sector financiero (vía bancos, AFJP) y los grandes propietarios de la tierra. Incluso en la década del 90 los pool de siembra fueron una excelente opción para el lavado de dinero, que ingresaba libremente al país.

El pequeño productor agropecuario, se ve doblemente perjudicado por los que manejan el complejo sojero (Monsanto, Nidera, Cargill, entre otros), ya que por un lado le venden el “paquete tecnológico” (semilla, agroquímicos, fertilizantes) a precio dólar y que el productor muchas veces debe pagar a la cosecha con cereal, con altísimos costos financieros. Por otro lado, “los grandes” le alquilan los campos al pequeño productor, que al no tener escala para sostenerse produciendo carne o leche, el precio del alquiler le resulta más rentable que trabajar su campo. Esto, con el tiempo va produciendo un nuevo proceso de concentración de la propiedad de la tierra en manos de los poderosos, con el enorme costo social que implica miles de productores agropecuarios emigrando a las ciudades. Solamente entre 1990 y 2002 desaparecieron casi 180.000 pequeños productores agropecuarios (1)

De allí que las retenciones deberán contemplar necesariamente la realidad del pequeño productor.

Las retenciones y
la estructura productiva

El estado debe orientar la estructura de la producción agropecuaria, preservar los suelos de la degradación, el medio ambiente y la salud para beneficio de toda la población y de las generaciones futuras.

La fuerte tendencia a la siembra de soja transgénica (hoy ocupa mas del 55% del total de la superficie sembrada en el país)(1), nos pone en una situación de extrema labilidad desde el punto de vista estratégico. Pensemos qué sucedería si de pronto y ante nuestra situación de monocultivo, el precio internacional de la soja cayera o quienes nos compran decidieran solo comprar soja no modificada genéticamente.

El desarrollo científico y tecnológico en semillas y agroquímicos ha permitido en los últimos años la “explosión” del cultivo de soja, incluso avanzando sobre las tierras semiáridas y áridas del país, tradicionalmente destinadas a la ganadería, poniendo en riesgo, la estructura del suelo y la calidad del agua, elementos esenciales que hacen a la sustentabilidad de la producción agropecuaria y a la riqueza de nuestro país.

La atención de la salud de las poblaciones virtualmente rodeadas de soja, por el uso intensivo de agrotóxicos, como el glifosato, endosulfán, atrazina, 2-4-D, algunos de ellos con efectos cancerígenos y teratogénicos ocasiona hoy grandes gastos a los gobiernos locales y provinciales.

En la Ciudad de Córdoba, el caso de Ituzaingó Anexo es quizás paradigmático, pero es también una preocupación creciente de las autoridades sanitarias el constante aumento de los casos de cáncer en las ciudades y pueblos del interior provincial.

También las retenciones móviles tienen por objeto desalentar la siembra de soja, promoviendo la diversificación y la rotación de los cultivos.

Es claro que no es intención de quien escribe agotar el tema, sino modestamente enunciar algunos aspectos que consideramos deben ser puestos a la consideración pública.

Sabemos que en el futuro habrá que discutir un esquema diferenciado de retención que contemple esencialmente la situación de los pequeños productores; también habremos de defender que un porcentaje de esas retenciones deben volver a la provincia y una nueva Ley de Coparticipación.

Pero el violento lock out patronal que prácticamente paralizó el país tuvo a nuestro entender un alto contenido político.

Lo que en realidad se quiere esconder, con la consabida complicidad de los medios de comunicación, es el verdadero tema que está en disputa.

Igual que en 1930, en 1955 o 1976, hoy se tensan las fuerzas para definir un modelo de país para los próximos años: o la renta agraria como parte del patrimonio de todos los argentinos se destina a construir una Argentina democrática, libre, soberana, con justicia y equidad en la distribución de la riqueza, o una vez más las multinacionales y sus socios autóctonos, apropiándose de ella volverán a transformarnos en factoría neocolonial.

La disyuntiva es clara, y ante ella no caben ni la indiferencia ni los tibios llamados al “dialogo sin condiciones”.

(1) Alberto J. Lapolla Dialéctica de la sojización y la Soberanía Nacional

La Caja de la Política

Escribe: Cr. Adrián Vega

La Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba se ha transformado en el “boom” mediático del final del verano cordobés. La situación de crisis que se expone se orienta al problema financiero-contable: exceso de gastos por sobre los ingresos, deudas, juicios, déficit inconmensurables, incumplimientos de la nación, ocultamiento de números por parte de la provincia, entre otros. Este planteo de crisis orienta el problema hacia el ámbito de las finanzas. Creemos que es un planteo incompleto, porque los vocablos déficit, gastos, deudas, incumplimientos, solo reflejan la superficie del problema: la Caja de Jubilaciones de la provincia es una caja del sistema político provincial.

Un atajo fácil sería atribuir la crisis de la Caja de Jubilaciones a nombres de políticos y decidores culpables, que los hay y que sobran para enumerar, pero sería una larga lista y posiblemente solo desviaría la discusión hacia el supuesto orden de mérito de los personajes de la lista en cuanto a su contribución al presente desastre. La competencia de “peores” en el orden de prelación generaría discusiones sobre si el ranking lo encabezan Mestre, Schiaretti, De la Sota, Angeloz, Medina Allende, Cavallo, Duhalde, De la Rua u otro de los personajes conocidos de la política vernácula. Nuestra propuesta en estas líneas es aportar una reflexión más profunda sobre el problema.

Los sistemas previsionales aparecen en consonancia con las demás conquistas laborales de la clase trabajadora (duración de jornada laboral, condiciones de trabajo, etc.) que generaron sistemas compensatorios para situaciones de protección al trabajador ante la disminución de la capacidad laboral. Se cubren por lo tanto prestaciones por vejez, por invalidez y por fallecimiento del trabajador activo o pasivo que genera pensiones para el grupo familiar en el mismo reconociendo que para las familias asalariadas los ingresos provienen de su fuerza de trabajo. Los sistemas creados tiene por principios un esquema solidario de reparto que plantea una disminución de las inequidades del mercado laboral: las jubilaciones son prestaciones compensatorias y constituyen haberes diferidos para los asalariados que se financiarían con aportes de los propios trabajadores y por las contribuciones al mismo fondo por parte de la patronal.

La premisa constitutiva de los sistemas previsionales es el principio de disminución de inequidades. Todos aportan y se redistribuye compensando desigualdades. Para garantizar justicia social se redistribuye a favor de los de abajo. La otra opción es un sistema de capitalización individual de ahorros que cada individuo conforma dependiendo de su fortuna en el mercado de trabajo, generalmente gestionado por administradoras de fondos financieros. En ellos el principio solidario no rige sino una lógica individualista.

Los sistemas de reparto, como el de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, deberían entonces encuadrarse en este principio de solidaridad y equidad en las prestaciones para la vejez y la incapacidad laboral.

En tiempos más recientes quedó claro incluso en los países centrales que por los efectos demográficos de mayor longevidad y por efecto de la ampliación de la informalidad de los mercado laborales, cada vez resulta mayor la necesidad de que el Estado aporte recursos (de las rentas generales, que son impuestos que pagan los ciudadanos en definitiva) para pagar las prestaciones.

El impacto de los cambios demográficos es muy visible ya en economías centrales, aunque en nuestros países periféricos como Argentina lo que se pone de manifiesto es el segundo componente de la crisis de financiamiento: la ampliación de la precariedad e informalidad laboral que directamente elimina la posibilidad de reclamar el derecho a un salario diferido para amplios sectores de la población que van envejeciendo y no puede acceder a una jubilación porque siempre trabajaron “en negro” en su vida laboral activa.

En el caso particular de la Caja de Córdoba el problema de sustentabilidad no hay que buscarlo en los cálculos actuariales ni en el mal manejo financiero como razón excluyente: radica en los niveles de inequidad del propio sistema. De un sistema teórico de beneficios compensatorios, la Caja se ha transformado en un esquema de reproducción social de la inequidad y el conservadurismo cordobés, la perpetuación e incluso de ampliación de las inequidades sociales. Cabe señalar que según los propios datos de la página web del Gobierno de Córdoba un 6% de las personas jubiladas con los haberes más altos reciben casi el 20% de todo el gasto de la Caja, lo mismo que se distribuye entre el 40% de los de abajo. Por otra parte el grueso de los jubilados empleados normales de la administración pública, docentes, trabajadores de la salud, etc.- conforman el cuádruple de gente pero reciben menos de $1500 de jubilación.

Quiénes son los “beneficiarios” de esta distribución regresiva de los fondos jubilatorios: políticos y magistrados de Córdoba.
El régimen de legisladores, quienes no se caracterizan justamente por ser “trabajadores” tiene un haber promedio publicado de más de $ 7.000. Esto es el promedio, lo que quiere decir que muchos ex legisladores que son jubilados cobran 8, 9, 10 mil o más por mes. Los jubilados del poder judicial tienen un promedio superior a los $8.000, lo que hace presumir que muchos cobran 10 mil, 12 mil, o más por mes que paga la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Este es un componente primordial del déficit.

Para tener una idea de magnitudes: este 6% de muy altas jubilaciones son poco más de 5.000 personas que se apropian de $500 millones (quinientos millones) anuales. El monto anual multiplica varias veces la suma de todos los programas sociales y de empleo provinciales y todo lo que se quiera sumar en la provincia. Los números concretos son los del propio gobierno de Córdoba.

Los trabajadores aportantes de haberes bajos generan la parte sustantiva de los recursos propios del sistema, y reciben solo una proporción menor del monto de los beneficios. Evidentemente algo funciona mal para que haya una redistribución tan regresiva.

Habría que exigir que se investigue además como fueron conseguidas estas jubilaciones y cómo logran cobrar tanto. El principio de solidaridad básico que debiera regir es que quienes aportaron mucho ayudan a los que tuvieron haberes bajos, pero aquí es al revés. En la mayoría de los casos estos mismos personajes con jugosas prestaciones no aportaron lo suficiente para la Caja. Solo sacan, nunca ponen. Por lo poco que se conoce en el caso de ex legisladores esta comprobado fehacientemente que muchos de ellos solo aportaron pocos años y luego se jubilan con haberes altos haciendo abuso de los recovecos normativos a los que acceden solo por sus influencias y contactos. Financiados por la gran mayoría que aporta treinta años y que se jubila con haberes mínimos.

En el caso del poder judicial muchos de los beneficiarios actuales de la Caja accedieron por normas que garantizaban reconocimiento de beneficios a quienes colaboraron en el proceso de la dictadura y que nunca fueron derogadas. Una parte importante de los jubilados del poder judicial acceden por reconocimientos de servicios en el marco de normas de los años 1977 hasta el final del proceso militar. Toda la casta conservadora de Córdoba activa en la etapa del “proceso” ya está en edad pasiva y cobrando beneficios de la Caja.

Complementariamente, otra manifestación del colmo del privilegio es que en el caso de esos magistrados se les considera la antigüedad desde que egresan de la universidad, que se les agrega como años de servicio, como si desde que se recibieron fueran ya jueces aunque estuvieran de viaje de egresados. Por supuesto que este privilegio es inexistente para todos los trabajadores normales de la justicia (solo para la casta) y del resto de los sectores que aportan para financiar a los de arriba de la pirámide social.

El problema del sistema jubilatorio de Córdoba es que la discusión de números, del déficit, de las formas de calcular o armonizar con la nación ocultan lo estructural: un sistema de reproducción de la desigualdad social y de continuidad de lo peor de las familias del patriarcado judicial y de las familias políticas de Córdoba. Para despejar dudas sobre este rol de reproducción en muchos casos solo basta ver los apellidos de los funcionarios de la Caja de Jubilaciones. La “familia” política y judicial de Córdoba tiene una sobre representación de apellidos y padrinazgos en esa repartición. Literalmente ahijados, hermanos, hijos, pululan en los argos jerárquicos entremezclados con verdaderos trabajadores.

En la defensa de la Caja que por la propia Constitución Provincial no puede ser absorbida por la Nación, hay que separar adicionalmente el trigo de la paja. “Nuestra” caja, no es lo mismo que “nuestra” caja para las familias patricias de Córdoba. Justamente nuestra Caja tiene problemas “por” las familias patricias y política de Córdoba. Ellas son las que tienen que pagar el precio por sus abusos, no los trabajadores que aportan toda su vida laboral y apuestan a un haber digno para cuando son mayores.

Que los ingresos sean menores que los egresos y que exista déficit no es un problema anormal ni particular de nuestra provincia. Pasa en la gran mayoría de los regímenes previsionales de reparto por la propia dinámica demográfica, la tendencia a la disminución del trabajo asalariado en el mundo capitalista con la extensión del cuentapropismo, y la falta de estabilización de los ciclos de productividad de la economía.

El Estado debe garantizar en forma lógica los recursos faltantes. Garantizar con principios de equidad y de la lógica original de sistema compensatorio de los regímenes previsionales.

Un extremo peligroso -pero no lejano- de la inequidad es que cuando una trabajadora pobre, que trabaja en negro, compra azúcar o un remedio para sus hijos está pagando impuestos que se usen para “compensar” vía el Estado a los personajes privilegiados de la casta política de Córdoba. El peligro es que esa trabajadora que es pobre y que posiblemente nunca logre tener garantía a su derecho a pensar en una jubilación para cuando sea anciana, termine subsidiando a modo de un sistema perverso “Hood Robin” a quienes no cumplieron ni con la obligación de años de aporte ni con ningún principio de solidaridad redistributiva, y se apropian de los beneficios de un sistema pensado y creado para los asalariados en serio.

Memoria, Verdad y Justicia

Escribe: Vitin Baronetto Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba

Después de treinta y dos años de aquel oscuro amanecer del 24 de marzo de 1976, que también alentaron importantes sectores económicos, sociales y políticos, los argentinos nos vemos obligados a ejercitar la memoria, porque aún queda mucha verdad por develar y sigue pendiente una gran deuda de justicia.

Gracias a la minoritaria pero tesonera lucha de familiares y amigos que afrontaron la adversidad venciendo el miedo que el terrorismo de estado implantó en la sociedad, y a la persistencia en el reclamo de cada vez más amplios sectores durante los años de democracia, el Congreso de la Nación en agosto de 2002 aprobó la ley que establece el 24 de marzo como “día nacional de la memoria, por la verdad y la justicia”, instituyéndolo feriado nacional en el 2006.

Hoy los derechos humanos se han institucionalizado como parte de aquella larga lucha que mantuvo en alto las banderas de la verdad y la justicia, más allá de la debilidad de los poderes democráticos que claudicaron con las leyes de la impunidad. Hasta que el hastío social se expresó en la rebelión popular del 2001 y se abrió un camino diferente que luego haría posible la reapertura de los juicios a los genocidas.

Antes fueron los juicios por la verdad histórica, que contribuyeron a derrumbar los argumentos con que una parte de la sociedad ocultó su complicidad. Así cayó la teoría de los dos demonios, que disfrazaba el conflicto social como combate entre fuerzas maléficas, eximiendo de responsabilidades a los sectores dominantes, que pugnaban por mantener la hegemonía de sus intereses económicos a sangre y fuego.

Quedó a la luz que no había existido ninguna guerra, sino un plan sistemático de eliminación de la oposición política y social, instrumentado por las fuerzas armadas para consolidar el modelo neoliberal que acumuló y concentró la riqueza en poderosos aunque reducidos grupos económicos, en perjuicio de las mayorías populares que padecieron los despojos de sus principales derechos, como la vida, la libertad, el empleo, la legislación laboral, el sistema previsional, etc.

Y este plan sistemático apeló al terrorismo de estado, ya que suplantaron la aplicación de las leyes por métodos ilegales para la represión tanto de las protestas populares como de los hechos de violencia de los grupos armados.

El brazo corto de la justicia

La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en agosto de 2003 posibilitó que se fueran reabriendo los juicios que habían quedado truncos en 1987 al aplicarse aquella legislación de la vergüenza democrática. Algunos tribunales en el país avanzaron hasta la condena de los genocidas como en los emblemáticos casos del comisario Miguel O. Etchecolatz o el capellán policial Christian Von Wernich. Otros represores en proceso judicial están detenidos, aunque pocos en cárceles comunes. Pero el mayor número ha logrado hasta ahora eludir el brazo de la justicia, amparados en las leyes que ellos mismos negaron a sus víctimas.

Los procesos judiciales en marcha son una señal positiva que nos permiten vislumbrar un horizonte mejor. Aunque con limitaciones, porque no se anulan las complicidades de la noche a la mañana. Y los procesos sociales, culturales y políticos son siempre contradictorios y conflictivos. Por eso seguramente quedarán impunes, más allá de la voluntad social o política, tantos asesinos, torturadores y represores que llegarán al final de sus vidas sin la condena y la cárcel por sus delitos, gracias a un estado de derecho debilitado, que no alcanzó a perfeccionar sus leyes y mantuvo una estructura judicial que no fue ajena al imperio del terror, cuando rechazaba los “habeas corpus” o no investigaba la muerte violenta de presos políticos a manos de las fuerzas armadas.

Este reclamo de justicia nada tiene que ver con el ensañamiento contra esos “inofensivos ancianos”, como argumentó el defensor del criminal Comisario Etchecolatz. No es odio ni venganza, sino que la sociedad en democracia necesita experimentar la eficacia de las instituciones para creer y confiar en si misma, apostando a una construcción colectiva que abone el camino de los cambios necesarios para la vigencia de condiciones de dignidad y justicia a quienes nunca pudieron vivirlas.

El aceleramiento de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos, genocido u otros delitos de lesa humanidad no sólo es imperativo por la deuda que la justicia tiene con la sociedad, sino fundamentalmente porque señala y profundiza la exigencia cada vez más extendida en la conciencia social acerca de la responsabilidad del estado en garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos, controlando y poniendo bajo la ley a los poderosos sectores que históricamente han usufructuado del estado. Esos son precisamente quienes más se beneficiaron económicamente durante la dictadura y lo siguieron haciendo durante estos largos años de democracia al haberse consolidado un modelo de exclusión social por aplicación de políticas neoliberales con las privatizaciones, la precarización laboral y la eliminación de políticas sociales por parte del estado. No en vano esos empresarios prestaron activa colaboración entregando a las fuerzas represivas listados de activistas gremiales o facilitando sus instalaciones industriales como lugar de detención ilegal y torturas. Sin embargo, para ellos el brazo de la justicia sigue siendo corto. Y lo seguirá siendo mientras quienes tienen hoy la responsabilidad de conducir el estado se muestren hasta agradecidos de sus contribuciones al desarrollo económico y a la estabilidad política, aunque todo ello esté sustentado en una injusta distribución de las riquezas.

Neoliberales y ¿humanos?

Por eso es contradictorio o signo de mezquino oportunismo que gobiernos y dirigencia política reivindiquen la lucha contra las violaciones a los derechos humanos de ayer; y sean o hayan sido complacientes o directamente implementadores de políticas neoliberales que beneficiaron a las minorías del poder económico, nacional o extranjero, poniendo a su servicio los recursos del estado, mientras éste sigue desmantelado e incapacitado para garantizar la salud, la educación, los recursos financieros, la jubilación, el agua, el transporte público, las rutas, etc., afectando la calidad de vida de las mayorías empobrecidas. Bregar por los derechos humanos del pasado, negando en las políticas concretas las violaciones de hoy es burlar la memoria de nuestros luchadores desaparecidos y muertos a causa de su compromiso por una sociedad justa e igualitaria.

Merece rescatarse la historia cuando sus hechos iluminan las acciones del presente como desafío y como compromiso para hacer realidad proyectos inconclusos de bienestar y dignidad para las mayorías populares. No sirve la memoria del pasado que ensalza petrificando en el pedestal los rostros, la sangre, las motivaciones y las energías de tantas vidas que nos siguen interpelando en los desocupados y los que trabajan en negro; en los presos con cárceles inhumanas; en los niños desnutridos, abandonados o judicializados; en los jóvenes víctimas del atropello policial y del “gatillo fácil”; en los ancianos sin hogar y en tantas otras deudas de justicia que nos rodean. Denigra a quien lo practica hacer “marketing” político con lo que es causa de dolor para tantos ciudadanos, más cuando se ha transitado con protagonismo en el camino neoliberal en el apogeo de su reinado. Porque los derechos humanos se violaron ayer para hacer posible la violación de hoy. Y esta conexión histórica no puede ignorarse. Por eso la justicia seguirá pendiente mientras no se instale también como exigencia de reparación social. Y desde el poder político se sinceren y transparenten las políticas sociales, superando el clientelismo y las migajas de la dádiva.

Porque la solidaridad siempre será insuficiente sin justicia social.

Cultura y espacios públicos

Escribe: Luis Gregoratti
Periodista - ex Director de Cultura de la Municipalidad de Córdoba

La Cultura es como la Salud. Todos queremos y necesitamos estar sanos. Tener salud. Y así como nadie quiere renunciar a ella, es muy posible que nadie tenga el agrado de renunciar a su Cultura. No obstante, las políticas neoliberales nos han planteado -primero lo sugirieron y luego la volvieron tangible- esa idea de renuncia a la salud y a la cultura por parte del estado; ofreciéndole al mercado las posibilidades de pensar, producir y gestionar la salud y la cultura.

Pero hoy podemos volver a proclamar que la gente desea estar sana. Tener salud bajo los oficios estatales. Y lo desea diariamente, constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo. Y en todas partes. Porque la salud no está en los Hospitales, en las Clínicas, en los Dispensarios. La gente quiere y necesita gozar de la salud en su casa, en las plazas, en el colectivo, en las fábricas, en las calles, en las estaciones, en las cárceles, en los hogares… De la misma manera, la cultura no está simplemente en los museos –y la verdad que hoy no-, en los teatros, sino que la debemos encontrar también en las plazas, en las cárceles, en los colectivos, en los cines, en las fábricas y calles, en los centros con mayor tecnología como en los espacios abandonados. Eso fundamenta una de las razones para descentralizar, que consiste en construir lugares.

Descentralizar no consiste en repartir un poco de equipamiento en los centros vecinales, o que un organismo público envíe un sonidista a un evento barrial. O, lo que es peor, creer que existe en la realidad esa idea de "llevar cultura a los barrios". Por el contrario, cada una de estas acciones representa colonizar a las comunidades con lo que algunos "expertos" suponen que es construir ciudad a través de lo supuestamente cultural. Y no se trata de otra cosa que imponer sus gustos personales con dinero del Estado.

Por el contrario, con descentralizar nombramos un aspecto de los diseños de políticas públicas, entendiendo por política no una actividad para realizar, sino como la distinta relación que existe entre los hombres que luchan por alcanzar lo que los ciudadanos no tienen. Por edificar la identidad social que no se ha conquistado todavía.

Descentralizar implica construir lugares, espacios públicos, espacios que años atrás la globalización conquistó para ella y de a poco fuimos recuperando. Territorios que están allí para la innovación, la gestión de las tradiciones y sus patrimonios y el imperio de lo local. Es preciso decidir la descentralización como una apuesta por las identidades de todos, ya que permite una mirada de las comunidades sobre si mismas, algo necesario y a esta altura esencial para su futuro, pues no podrán desarrollarse sin espacios de legitimación y de representación. En la cultura han aparecido e instalado nuevos actores sociales, de allí que tomemos la descentralización como una herramienta poderosa de la proximidad y de la participación. Pues no sólo que toma a las personas como personas y ciudadanos, mas que como simples espectadores y consumidores. Así, los ciudadanos podrán ejercer y desarrollar sus potencialidades creativas y ser protagonistas de la construcción cultural de toda la ciudad. Hablamos aquí de instalar una creciente autonomía para la verdadera participación, que es decidir y formar consensos sobre qué políticas, programas, proyectos y acciones realizar en el propio territorio.

En el 2006 lanzamos desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, una nueva idea de Descentralización. Se dividió a la ciudad en 10 distritos, con la Subdirección de Redes Culturales se comenzó a reunir a instituciones, clubes, asambleas, centros vecinales, colegios, colectivos artísticos y demás actores sociales de cada distrito, para definir desde el territorio los programas que para la gente del lugar eran necesarios desarrollar. Al cabo de cada mes, esas redes producían programas que sumaban alrededor de 30 acciones, planificadas, gestionadas por los propios vecinos. Esta propuesta coincidió con los programas de descentralización que lanzó simultáneamente las ciudades de Montevideo (Uruguay) y Recife (Brasil).

En realidad no hubo nada pactado entre las ciudades, aunque muchas similitudes. La única gran diferencia con Córdoba fue la relación del presupuesto. En la ciudad uruguaya se contó con 300 mil dólares anuales para el programa, y en la ciudad brasileña una cifra aproximada a los dos millones de reales. En nuestra capital no pudimos asignar más de 150 mil pesos, pero en virtud del esfuerzo que se aportó como financiamiento comunitario el programa se instaló con importantes perspectiva. Al año siguiente, los tiempos eleccionarios influenciaron en su desarrollo y el programa resignó su crecimiento. Sería interesante que el estado municipal pueda continuar descentralizando la cultura, para ganar espacios con nuestra diversidad cultural a la globalidad y al consumo.

Creer en nosotras mismas

Escribe: Cecilia Merchán

Diputada Nacional por Córdoba - Mov. Libres del Sur

Haciendo un poco de historia, nos encontramos con que se estableció el ocho de marzo como el día de la mujer en homenaje a un grupo de obreras que se organizó para reclamar por sus derechos. Creemos que es importante destacar que las mujeres también tenemos una trayectoria de lucha y fuimos protagonistas de los procesos de cambio a la par de los hombres. Tenemos que dejar de escribir la historia de los héroes para comenzar a escribir la de los héroes y las heroínas. En estos tiempos de cambio y de nuevos aires, sostenemos que la renovación política es, necesariamente con las mujeres ocupando cada vez más espacios de gestión y participando de los ámbitos de decisiones.

Estamos convencidas de que la llegada de Cristina Fernández a la presidencia es un logro colectivo, fruto del esfuerzo de miles de mujeres que venimos dando respuestas al hambre, a la desocupación y que decidimos organizarnos para ser parte del proyecto nacional. Por eso, cada vez que ocupamos un espacio de gestión no avanza una, ni avanzan diez, avanzamos todas porque representamos a las mujeres de todo el país.

Nos parece una vergüenza que el partido que pretende ser “el partido de gobierno” o “la columna vertebral” de este proceso, tenga que salir a buscar candidatas femeninas para que integren la dirección en lugar de que eso se dé naturalmente. Resulta paradójico ya que fue el justicialismo, el movimiento que abrió las puertas de la participación política a las mujeres. Si Evita se levantara y viera la realidad del PJ en la actualidad, seguramente diría que ese no es el camino.

Desde nuestro lugar, apuntamos a que cada vez más mujeres se comprometan con el proyecto político que preside Cristina Fernández y que comenzó allá por mayo del 2003, con la absoluta certeza de que sin nuestra participación, no hay renovación posible. Tenemos que darnos la tarea de fortalecer nuestra autoestima y disputar los espacios que nos corresponden. Debemos ser concientes de que, en los momentos de crisis profundas fuimos nosotras las que salimos de nuestros hogares y nos organizamos armando comedores, micro emprendimientos, cooperativas, redes de trueque, ollas populares y demás alternativas al hambre del neoliberalismo. Pero resulta que, cuando todo ese esfuerzo y compromiso debe reflejarse en los lugares de toma de decisiones y en los espacios de gestión, nos encontramos con que no estamos todas las que deberíamos estar.

Por todos estos motivos, creemos que es largo el camino que nos queda por recorrer, reconocemos que las mujeres hemos alcanzado cierto grado de protagonismo y que estamos logrando instalar debates en la sociedad respecto de las cuestiones de género, pero no nos alcanza, vamos por más. Es hora de que empecemos a reconocer el lugar que ocupamos en la sociedad y de que, libres prejuicios, asumamos cada vez más roles de protagonismo. Invitamos a todas las mujeres a pelear por sus derechos, desde el lugar que les toque y a tener confianza en sí mismas. Estoy convencida de que si empezamos a creer en nosotras mismas, vamos a poder transformar la Argentina. Todos los derechos, todas las mujeres. Ocho de marzo, todos los días.

Tiempo de Paritarias

Escribe: Sergio Cornatosky
Secretario Gremial UEPC - Capital

¡Prevengo! He sido convocado a escribir acerca de las "Negociaciones Paritarias" sin ser experto, por lo que no se trata de un escrito acabado, total. Pero empezaré afirmando que la etapa más activa que se recuerde de este mecanismo de negociación obrero-patronal, data de 30 años atrás y que muchos de aquellos acuerdos siguieron vigentes y fueron una muralla ante la arremetida neoliberal de fines del siglo pasado. En segundo lugar haré una aproximación al tema, dedicando los primeros párrafos a un abordaje, conceptual, luego intentaré llegar a la valoración de este mecanismo, con algunas pinceladas de historia en el medio. Veamos que sale.

Entre la sociedad y la naturaleza existe un nexo mediador: el trabajo humano. Los instrumentos tecnológicos para ese trabajo, las destrezas laborales históricamente acumuladas y el sujeto social que realiza el trabajo, constituyen "las fuerzas productivas". A su vez los vínculos ínter subjetivos en el ejercicio del trabajo, constituyen "las relaciones sociales de producción". No hay independencia de unas sobre las otras, ambas expresan, en el desarrollo histórico, la dialéctica sujeto-objeto.

El conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, genera una tensión entre las clases propietarias de los medios de producción y los obreros, que para subsistir, se ven forzados a vender su fuerza de trabajo. En la visión de Karl Marx, esa tirantez se resolvía por la vía revolucionaria, se abolía la propiedad privada burguesa y se instauraba la dictadura del proletariado. Obvio es que la Clase Obrera debía tener conciencia de la explotación a la que era sometida, luego organizarse y finalmente revolucionar la sociedad capitalista.

En su desarrollo histórico los países europeos vivieron varias experiencias y tras la Revolución Rusa de 1917, se intentó construir sociedades sin clases en varios países, pero desde la caída del bloque socialista a fines de los 80, el mundo sólo tiene capitalismo. Aclaremos que de variopinta situación: el desarrollo es desigual; hay países centrales y países periféricos y todos tienen clases sociales, no tan rígidas como las que se vieron en el siglo XIX, pero de una injusticia intrínseca que las emparienta.

Nuestro país no tuvo en el siglo XIX una clase obrera comparable a de los países que adquirieron un alto desarrollo industrial, ni tampoco conoció "el socialismo" como sistema de gestión estatal en el siglo XX. En la historia argentina, la clase obrera se constituyó en torno a las actividades de servicio que demandaba el modelo agro exportador (Puerto y Ferrocarriles) y el desarrollo industrial llegó de la mano del desabastecimiento ocasionado por las guerras mundiales. Así; la clase obrera argentina tiene características propias y este "sujeto social" integró tanto a inmigrantes extranjeros como a migrantes internos: los "cabecitas negras" como despectivamente los llamó la oligarquía.
Corresponde reivindicar los gritos libertarios de los anarquistas y las huelgas obreras brutalmente reprimidas por los gobiernos conservadores y radicales; pero hay que aceptar que en Argentina más bien hay una tradición de búsqueda de equilibrios en "las relaciones sociales de producción", siendo el peronismo, como fuerza política hegemónica del siglo XX, la que más contribuyó a instalar esta visión, integrando la idea de "Justicia Social". La celebración de miles de convenios colectivos y la constitución de sus respectivas comisiones especiales -PARITARIAS- permitieron sentar, en una misma mesa, a partir de 1945, a igual número de representantes obreros y patronales, para discutir condiciones de trabajo y salario.

Esa ecuación cerraba en equilibrio, sólo si al poder de los dueños de los medios de producción se le contraponía la fuerza organizada de los trabajadores en torno a una Única Central, la C.G.T. Con el peronismo los trabajadores conformaron un sujeto colectivo de alta identidad y conciencia de clase: se igualaban en el proceso productivo, se integraban al sistema político, recibían importantes beneficios sociales y la doctrina peronista era un factor aglutinante. La tercera pata de esta mesa era un Estado (aliado) que arbitraba, conciliaba o laudaba, homologando acuerdos. Los trabajadores argentinos de comienzo de la década del 50 participaron del 52% de la renta nacional. Tras la "libertadora" (fusiladora) del 55, nunca se llegó a ese nivel; sólo a mediados de la década del 70 se estuvo cerca, pero el golpe cívico - militar del 76 abortó esa posibilidad.

Con el "Proceso de Reorganización Nacional" se inició un tiempo de devastación de todos los derechos sociales que en el marco de un Proyecto Nacional, primero, y de lucha y resistencia Popular después, se habían construido en la Argentina. La intervención de las organizaciones obreras, el secuestro, la desaparición y muerte de miles de delegados obreros, la entrega de la economía nacional a manos extranjeras y el brutal endeudamiento, formaron parte de un mismo Plan. La democracia recuperada tras la derrota militar de Malvinas, no pudo, no supo o no quiso revertir esa situación. El nefasto ciclo se completa con la "infame" década de les 90. Menem y Cavallo prometieron el paraíso del Primer Mundo; Cavallo y De la Rúa, dejaron un país en llamas.

Luego de la debacle de fines del 2001, se evidencia en el país un retroceso de las políticas neoliberales más reactivas, sin que se haya modificado sustancialmente la matriz distributiva. Todavía,hoy la brecha entre el 10% más rico es 29 veces mayor que la del 10% más pobre. De cada $ 100.- de riqueza generada en el periodo 2003/2007, el 30% más rico se apropió de $ 62.5 y el 40% más pobre de sólo $ 12.8 . En un contexto de crecimiento ininterrumpido, permanente y sostenido de los ingresos nacionales -públicos y privados- los trabajadores organizados vuelven a reclamar por la justicia social. Quieren cambiar el sentido de la movilidad social, volverla ascendente; dejar atrás el empleo en negro, los salarios bajos. Quieren retribuciones dignas, mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, salarios diferidos que nutran la previsión social, asegurando regímenes de jubilación y de cobertura de salud que no sean el negocio de bancos (AFJP) y Prepagas, etc. Es decir buscan desandar el camino que marcó el más duro retroceso; pero el mundo ya es otro, el país no es el mismo, la sociedad esta brutalmente fragmentada.

Entonces, ¿Cómo hacerlo con tanto monopolio empresario, con tanta concentración de la riqueza, con tanto individualismo consumista? La respuesta es obvia. Aunque perfectible, no hay herramienta más apropiada que las Paritarias Nacionales llevadas adelante por los gremios. Algunos dirán que las burocracias sindicales y los vínculos que las ligan al poder político fijan pisos que se parecen a techos. Es una expresión dogmática que obvia un elemento central en este tipo de disputa: la correlación de fuerzas. Mientras mejores condiciones se obtengan, se estará preparado para disputar más, ya que la Paritaria es una modalidad democratizadora de las relaciones del trabajo, es un instrumento de lucha, pero distinta, que permite avanzar en la toma de conciencia.

Al "Cordobazo" lo hicieron "los trabajadores mejores pagos del país", aquellos que podían estudiar en las Universidades Nacionales, y la excusa de la revuelta popular que marcó el fin de Onganía (el sábado ingles) rige todavía hoy, sólo para los obreros cordobeses. Si hay dirigentes que no responden a los intereses de sus representados, corresponde organizarse para desplazarlos de la conducción, pero nunca hay que invalidar una herramienta histórica, una práctica y un camino que siguen siendo apropiados para la clase obrera.
En las negociaciones por fábrica o lugar de trabajo, los más débiles están condenados a perder antes de negociar. Ningún individuo o pequeño grupo de individuos sustituye al sujeto histórico "clase trabajadora"; él tiene la fuerza colectiva que la individualidad no da. La Paritaria Nacional Docente es un ejemplo de estos días. Los años del "menemato" fueron tremendos: se transfirieron los Servicios Educativos a las Jurisdicciones, se desfinanció a las Provincias y se instauraron 24 realidades educativas distintas, 24 contratos laborales distintos, 24 esquemas remunerativos diferentes. Sobre las cenizas de un Sistema que ya no es; de un contrato labora! vulnerado y un salario desigual, se negocia para el conjunto, favoreciendo directamente a los más rengados y generando mejores condiciones para todos.

Cerramos la reflexión diciendo que la "Tercera Pata", aunque fuerte, no se muestra tan aliada como aquel Estado del 45 al 55; pero al menos no es ese Gobierno cómplice de los predadores de la Patria que vimos en los 90.