Escribe: Cr. Adrián Vega
La Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba se ha transformado en el “boom” mediático del final del verano cordobés. La situación de crisis que se expone se orienta al problema financiero-contable: exceso de gastos por sobre los ingresos, deudas, juicios, déficit inconmensurables, incumplimientos de la nación, ocultamiento de números por parte de la provincia, entre otros. Este planteo de crisis orienta el problema hacia el ámbito de las finanzas. Creemos que es un planteo incompleto, porque los vocablos déficit, gastos, deudas, incumplimientos, solo reflejan la superficie del problema: la Caja de Jubilaciones de la provincia es una caja del sistema político provincial.
Un atajo fácil sería atribuir la crisis de la Caja de Jubilaciones a nombres de políticos y decidores culpables, que los hay y que sobran para enumerar, pero sería una larga lista y posiblemente solo desviaría la discusión hacia el supuesto orden de mérito de los personajes de la lista en cuanto a su contribución al presente desastre. La competencia de “peores” en el orden de prelación generaría discusiones sobre si el ranking lo encabezan Mestre, Schiaretti, De la Sota, Angeloz, Medina Allende, Cavallo, Duhalde, De la Rua u otro de los personajes conocidos de la política vernácula. Nuestra propuesta en estas líneas es aportar una reflexión más profunda sobre el problema.
Los sistemas previsionales aparecen en consonancia con las demás conquistas laborales de la clase trabajadora (duración de jornada laboral, condiciones de trabajo, etc.) que generaron sistemas compensatorios para situaciones de protección al trabajador ante la disminución de la capacidad laboral. Se cubren por lo tanto prestaciones por vejez, por invalidez y por fallecimiento del trabajador activo o pasivo que genera pensiones para el grupo familiar en el mismo reconociendo que para las familias asalariadas los ingresos provienen de su fuerza de trabajo. Los sistemas creados tiene por principios un esquema solidario de reparto que plantea una disminución de las inequidades del mercado laboral: las jubilaciones son prestaciones compensatorias y constituyen haberes diferidos para los asalariados que se financiarían con aportes de los propios trabajadores y por las contribuciones al mismo fondo por parte de la patronal.
La premisa constitutiva de los sistemas previsionales es el principio de disminución de inequidades. Todos aportan y se redistribuye compensando desigualdades. Para garantizar justicia social se redistribuye a favor de los de abajo. La otra opción es un sistema de capitalización individual de ahorros que cada individuo conforma dependiendo de su fortuna en el mercado de trabajo, generalmente gestionado por administradoras de fondos financieros. En ellos el principio solidario no rige sino una lógica individualista.
Los sistemas de reparto, como el de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, deberían entonces encuadrarse en este principio de solidaridad y equidad en las prestaciones para la vejez y la incapacidad laboral.
En tiempos más recientes quedó claro incluso en los países centrales que por los efectos demográficos de mayor longevidad y por efecto de la ampliación de la informalidad de los mercado laborales, cada vez resulta mayor la necesidad de que el Estado aporte recursos (de las rentas generales, que son impuestos que pagan los ciudadanos en definitiva) para pagar las prestaciones.
El impacto de los cambios demográficos es muy visible ya en economías centrales, aunque en nuestros países periféricos como Argentina lo que se pone de manifiesto es el segundo componente de la crisis de financiamiento: la ampliación de la precariedad e informalidad laboral que directamente elimina la posibilidad de reclamar el derecho a un salario diferido para amplios sectores de la población que van envejeciendo y no puede acceder a una jubilación porque siempre trabajaron “en negro” en su vida laboral activa.
En el caso particular de la Caja de Córdoba el problema de sustentabilidad no hay que buscarlo en los cálculos actuariales ni en el mal manejo financiero como razón excluyente: radica en los niveles de inequidad del propio sistema. De un sistema teórico de beneficios compensatorios, la Caja se ha transformado en un esquema de reproducción social de la inequidad y el conservadurismo cordobés, la perpetuación e incluso de ampliación de las inequidades sociales. Cabe señalar que según los propios datos de la página web del Gobierno de Córdoba un 6% de las personas jubiladas con los haberes más altos reciben casi el 20% de todo el gasto de la Caja, lo mismo que se distribuye entre el 40% de los de abajo. Por otra parte el grueso de los jubilados empleados normales de la administración pública, docentes, trabajadores de la salud, etc.- conforman el cuádruple de gente pero reciben menos de $1500 de jubilación.
Quiénes son los “beneficiarios” de esta distribución regresiva de los fondos jubilatorios: políticos y magistrados de Córdoba.
El régimen de legisladores, quienes no se caracterizan justamente por ser “trabajadores” tiene un haber promedio publicado de más de $ 7.000. Esto es el promedio, lo que quiere decir que muchos ex legisladores que son jubilados cobran 8, 9, 10 mil o más por mes. Los jubilados del poder judicial tienen un promedio superior a los $8.000, lo que hace presumir que muchos cobran 10 mil, 12 mil, o más por mes que paga la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Este es un componente primordial del déficit.
Para tener una idea de magnitudes: este 6% de muy altas jubilaciones son poco más de 5.000 personas que se apropian de $500 millones (quinientos millones) anuales. El monto anual multiplica varias veces la suma de todos los programas sociales y de empleo provinciales y todo lo que se quiera sumar en la provincia. Los números concretos son los del propio gobierno de Córdoba.
Los trabajadores aportantes de haberes bajos generan la parte sustantiva de los recursos propios del sistema, y reciben solo una proporción menor del monto de los beneficios. Evidentemente algo funciona mal para que haya una redistribución tan regresiva.
Habría que exigir que se investigue además como fueron conseguidas estas jubilaciones y cómo logran cobrar tanto. El principio de solidaridad básico que debiera regir es que quienes aportaron mucho ayudan a los que tuvieron haberes bajos, pero aquí es al revés. En la mayoría de los casos estos mismos personajes con jugosas prestaciones no aportaron lo suficiente para la Caja. Solo sacan, nunca ponen. Por lo poco que se conoce en el caso de ex legisladores esta comprobado fehacientemente que muchos de ellos solo aportaron pocos años y luego se jubilan con haberes altos haciendo abuso de los recovecos normativos a los que acceden solo por sus influencias y contactos. Financiados por la gran mayoría que aporta treinta años y que se jubila con haberes mínimos.
En el caso del poder judicial muchos de los beneficiarios actuales de la Caja accedieron por normas que garantizaban reconocimiento de beneficios a quienes colaboraron en el proceso de la dictadura y que nunca fueron derogadas. Una parte importante de los jubilados del poder judicial acceden por reconocimientos de servicios en el marco de normas de los años 1977 hasta el final del proceso militar. Toda la casta conservadora de Córdoba activa en la etapa del “proceso” ya está en edad pasiva y cobrando beneficios de la Caja.
Complementariamente, otra manifestación del colmo del privilegio es que en el caso de esos magistrados se les considera la antigüedad desde que egresan de la universidad, que se les agrega como años de servicio, como si desde que se recibieron fueran ya jueces aunque estuvieran de viaje de egresados. Por supuesto que este privilegio es inexistente para todos los trabajadores normales de la justicia (solo para la casta) y del resto de los sectores que aportan para financiar a los de arriba de la pirámide social.
El problema del sistema jubilatorio de Córdoba es que la discusión de números, del déficit, de las formas de calcular o armonizar con la nación ocultan lo estructural: un sistema de reproducción de la desigualdad social y de continuidad de lo peor de las familias del patriarcado judicial y de las familias políticas de Córdoba. Para despejar dudas sobre este rol de reproducción en muchos casos solo basta ver los apellidos de los funcionarios de la Caja de Jubilaciones. La “familia” política y judicial de Córdoba tiene una sobre representación de apellidos y padrinazgos en esa repartición. Literalmente ahijados, hermanos, hijos, pululan en los argos jerárquicos entremezclados con verdaderos trabajadores.
En la defensa de la Caja que por la propia Constitución Provincial no puede ser absorbida por la Nación, hay que separar adicionalmente el trigo de la paja. “Nuestra” caja, no es lo mismo que “nuestra” caja para las familias patricias de Córdoba. Justamente nuestra Caja tiene problemas “por” las familias patricias y política de Córdoba. Ellas son las que tienen que pagar el precio por sus abusos, no los trabajadores que aportan toda su vida laboral y apuestan a un haber digno para cuando son mayores.
Que los ingresos sean menores que los egresos y que exista déficit no es un problema anormal ni particular de nuestra provincia. Pasa en la gran mayoría de los regímenes previsionales de reparto por la propia dinámica demográfica, la tendencia a la disminución del trabajo asalariado en el mundo capitalista con la extensión del cuentapropismo, y la falta de estabilización de los ciclos de productividad de la economía.
El Estado debe garantizar en forma lógica los recursos faltantes. Garantizar con principios de equidad y de la lógica original de sistema compensatorio de los regímenes previsionales.
Un extremo peligroso -pero no lejano- de la inequidad es que cuando una trabajadora pobre, que trabaja en negro, compra azúcar o un remedio para sus hijos está pagando impuestos que se usen para “compensar” vía el Estado a los personajes privilegiados de la casta política de Córdoba. El peligro es que esa trabajadora que es pobre y que posiblemente nunca logre tener garantía a su derecho a pensar en una jubilación para cuando sea anciana, termine subsidiando a modo de un sistema perverso “Hood Robin” a quienes no cumplieron ni con la obligación de años de aporte ni con ningún principio de solidaridad redistributiva, y se apropian de los beneficios de un sistema pensado y creado para los asalariados en serio.
La Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba se ha transformado en el “boom” mediático del final del verano cordobés. La situación de crisis que se expone se orienta al problema financiero-contable: exceso de gastos por sobre los ingresos, deudas, juicios, déficit inconmensurables, incumplimientos de la nación, ocultamiento de números por parte de la provincia, entre otros. Este planteo de crisis orienta el problema hacia el ámbito de las finanzas. Creemos que es un planteo incompleto, porque los vocablos déficit, gastos, deudas, incumplimientos, solo reflejan la superficie del problema: la Caja de Jubilaciones de la provincia es una caja del sistema político provincial.
Un atajo fácil sería atribuir la crisis de la Caja de Jubilaciones a nombres de políticos y decidores culpables, que los hay y que sobran para enumerar, pero sería una larga lista y posiblemente solo desviaría la discusión hacia el supuesto orden de mérito de los personajes de la lista en cuanto a su contribución al presente desastre. La competencia de “peores” en el orden de prelación generaría discusiones sobre si el ranking lo encabezan Mestre, Schiaretti, De la Sota, Angeloz, Medina Allende, Cavallo, Duhalde, De la Rua u otro de los personajes conocidos de la política vernácula. Nuestra propuesta en estas líneas es aportar una reflexión más profunda sobre el problema.
Los sistemas previsionales aparecen en consonancia con las demás conquistas laborales de la clase trabajadora (duración de jornada laboral, condiciones de trabajo, etc.) que generaron sistemas compensatorios para situaciones de protección al trabajador ante la disminución de la capacidad laboral. Se cubren por lo tanto prestaciones por vejez, por invalidez y por fallecimiento del trabajador activo o pasivo que genera pensiones para el grupo familiar en el mismo reconociendo que para las familias asalariadas los ingresos provienen de su fuerza de trabajo. Los sistemas creados tiene por principios un esquema solidario de reparto que plantea una disminución de las inequidades del mercado laboral: las jubilaciones son prestaciones compensatorias y constituyen haberes diferidos para los asalariados que se financiarían con aportes de los propios trabajadores y por las contribuciones al mismo fondo por parte de la patronal.
La premisa constitutiva de los sistemas previsionales es el principio de disminución de inequidades. Todos aportan y se redistribuye compensando desigualdades. Para garantizar justicia social se redistribuye a favor de los de abajo. La otra opción es un sistema de capitalización individual de ahorros que cada individuo conforma dependiendo de su fortuna en el mercado de trabajo, generalmente gestionado por administradoras de fondos financieros. En ellos el principio solidario no rige sino una lógica individualista.
Los sistemas de reparto, como el de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, deberían entonces encuadrarse en este principio de solidaridad y equidad en las prestaciones para la vejez y la incapacidad laboral.
En tiempos más recientes quedó claro incluso en los países centrales que por los efectos demográficos de mayor longevidad y por efecto de la ampliación de la informalidad de los mercado laborales, cada vez resulta mayor la necesidad de que el Estado aporte recursos (de las rentas generales, que son impuestos que pagan los ciudadanos en definitiva) para pagar las prestaciones.
El impacto de los cambios demográficos es muy visible ya en economías centrales, aunque en nuestros países periféricos como Argentina lo que se pone de manifiesto es el segundo componente de la crisis de financiamiento: la ampliación de la precariedad e informalidad laboral que directamente elimina la posibilidad de reclamar el derecho a un salario diferido para amplios sectores de la población que van envejeciendo y no puede acceder a una jubilación porque siempre trabajaron “en negro” en su vida laboral activa.
En el caso particular de la Caja de Córdoba el problema de sustentabilidad no hay que buscarlo en los cálculos actuariales ni en el mal manejo financiero como razón excluyente: radica en los niveles de inequidad del propio sistema. De un sistema teórico de beneficios compensatorios, la Caja se ha transformado en un esquema de reproducción social de la inequidad y el conservadurismo cordobés, la perpetuación e incluso de ampliación de las inequidades sociales. Cabe señalar que según los propios datos de la página web del Gobierno de Córdoba un 6% de las personas jubiladas con los haberes más altos reciben casi el 20% de todo el gasto de la Caja, lo mismo que se distribuye entre el 40% de los de abajo. Por otra parte el grueso de los jubilados empleados normales de la administración pública, docentes, trabajadores de la salud, etc.- conforman el cuádruple de gente pero reciben menos de $1500 de jubilación.
Quiénes son los “beneficiarios” de esta distribución regresiva de los fondos jubilatorios: políticos y magistrados de Córdoba.
El régimen de legisladores, quienes no se caracterizan justamente por ser “trabajadores” tiene un haber promedio publicado de más de $ 7.000. Esto es el promedio, lo que quiere decir que muchos ex legisladores que son jubilados cobran 8, 9, 10 mil o más por mes. Los jubilados del poder judicial tienen un promedio superior a los $8.000, lo que hace presumir que muchos cobran 10 mil, 12 mil, o más por mes que paga la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Este es un componente primordial del déficit.
Para tener una idea de magnitudes: este 6% de muy altas jubilaciones son poco más de 5.000 personas que se apropian de $500 millones (quinientos millones) anuales. El monto anual multiplica varias veces la suma de todos los programas sociales y de empleo provinciales y todo lo que se quiera sumar en la provincia. Los números concretos son los del propio gobierno de Córdoba.
Los trabajadores aportantes de haberes bajos generan la parte sustantiva de los recursos propios del sistema, y reciben solo una proporción menor del monto de los beneficios. Evidentemente algo funciona mal para que haya una redistribución tan regresiva.
Habría que exigir que se investigue además como fueron conseguidas estas jubilaciones y cómo logran cobrar tanto. El principio de solidaridad básico que debiera regir es que quienes aportaron mucho ayudan a los que tuvieron haberes bajos, pero aquí es al revés. En la mayoría de los casos estos mismos personajes con jugosas prestaciones no aportaron lo suficiente para la Caja. Solo sacan, nunca ponen. Por lo poco que se conoce en el caso de ex legisladores esta comprobado fehacientemente que muchos de ellos solo aportaron pocos años y luego se jubilan con haberes altos haciendo abuso de los recovecos normativos a los que acceden solo por sus influencias y contactos. Financiados por la gran mayoría que aporta treinta años y que se jubila con haberes mínimos.
En el caso del poder judicial muchos de los beneficiarios actuales de la Caja accedieron por normas que garantizaban reconocimiento de beneficios a quienes colaboraron en el proceso de la dictadura y que nunca fueron derogadas. Una parte importante de los jubilados del poder judicial acceden por reconocimientos de servicios en el marco de normas de los años 1977 hasta el final del proceso militar. Toda la casta conservadora de Córdoba activa en la etapa del “proceso” ya está en edad pasiva y cobrando beneficios de la Caja.
Complementariamente, otra manifestación del colmo del privilegio es que en el caso de esos magistrados se les considera la antigüedad desde que egresan de la universidad, que se les agrega como años de servicio, como si desde que se recibieron fueran ya jueces aunque estuvieran de viaje de egresados. Por supuesto que este privilegio es inexistente para todos los trabajadores normales de la justicia (solo para la casta) y del resto de los sectores que aportan para financiar a los de arriba de la pirámide social.
El problema del sistema jubilatorio de Córdoba es que la discusión de números, del déficit, de las formas de calcular o armonizar con la nación ocultan lo estructural: un sistema de reproducción de la desigualdad social y de continuidad de lo peor de las familias del patriarcado judicial y de las familias políticas de Córdoba. Para despejar dudas sobre este rol de reproducción en muchos casos solo basta ver los apellidos de los funcionarios de la Caja de Jubilaciones. La “familia” política y judicial de Córdoba tiene una sobre representación de apellidos y padrinazgos en esa repartición. Literalmente ahijados, hermanos, hijos, pululan en los argos jerárquicos entremezclados con verdaderos trabajadores.
En la defensa de la Caja que por la propia Constitución Provincial no puede ser absorbida por la Nación, hay que separar adicionalmente el trigo de la paja. “Nuestra” caja, no es lo mismo que “nuestra” caja para las familias patricias de Córdoba. Justamente nuestra Caja tiene problemas “por” las familias patricias y política de Córdoba. Ellas son las que tienen que pagar el precio por sus abusos, no los trabajadores que aportan toda su vida laboral y apuestan a un haber digno para cuando son mayores.
Que los ingresos sean menores que los egresos y que exista déficit no es un problema anormal ni particular de nuestra provincia. Pasa en la gran mayoría de los regímenes previsionales de reparto por la propia dinámica demográfica, la tendencia a la disminución del trabajo asalariado en el mundo capitalista con la extensión del cuentapropismo, y la falta de estabilización de los ciclos de productividad de la economía.
El Estado debe garantizar en forma lógica los recursos faltantes. Garantizar con principios de equidad y de la lógica original de sistema compensatorio de los regímenes previsionales.
Un extremo peligroso -pero no lejano- de la inequidad es que cuando una trabajadora pobre, que trabaja en negro, compra azúcar o un remedio para sus hijos está pagando impuestos que se usen para “compensar” vía el Estado a los personajes privilegiados de la casta política de Córdoba. El peligro es que esa trabajadora que es pobre y que posiblemente nunca logre tener garantía a su derecho a pensar en una jubilación para cuando sea anciana, termine subsidiando a modo de un sistema perverso “Hood Robin” a quienes no cumplieron ni con la obligación de años de aporte ni con ningún principio de solidaridad redistributiva, y se apropian de los beneficios de un sistema pensado y creado para los asalariados en serio.
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