Escribe: Enrique Torres
Productor agropecuario
¿Es en realidad el aumento gradual y móvil de las retenciones a la producción agropecuaria lo que ha provocado semejante respuesta del sector?
Creemos que esto ha sido sólo el disparador.
Un poco de memoria
En realidad, asistimos a la crisis de un modelo de acumulación y apropiación de la renta nacional.
A partir de 1945 y hasta 1975 la Argentina pudo desarrollar una política de industrialización, diversificación productiva, desarrollo tecnológico y científico con movilidad social que nos permitió proyectarnos como país soberano.
Es a partir de 1976 que nuestro país es violentamente devuelto al modelo agroexportador, impuesto por el capital financiero internacional esta vez en estrecha alianza con la tradicional oligarquía terrateniente. Símbolo de esta alianza reaccionaria es Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la Dictadura (1976-1981), hijo dilecto de una tradicional familia terrateniente y a la vez formado en la escuela monetarista de los “Chicago's Boys”, este fue el “aporte” de la Sociedad Rural Argentina al gabinete presidido por Videla , quien al exponer su plan económico el 2 de Abril de 1976 expresaba: “si la Nación va a producir acero o galletitas, lo va a decidir el mercado”.
En un proceso agresivo y devastador nuestro país perdió su industria nacional, sus ferrocarriles, sus fuentes de energía, su producción diversificada de alimentos, su soberanía alimentaria, en el marco de un nuevo orden mundial, donde a nuestro país le fue asignado el rol de productor de materias primas de orígen agropecuario que otros industrializaban. Proceso que continúa y se profundiza en la Segunda Década Infame del menemismo, donde el modelo neoliberal se consolida (1990-2000).
Las retenciones y los precios
internos de los alimentos
Las retenciones tienen un valor que trasciende el mero fin recaudatorio, para transformarse en una legítima herramienta de política económica.
La soja, al igual que todos los “commodities” se pagan en dólares a precio internacional.
Sin desvincular los precios internos de los internacionales (vía retenciones) para poder subsidiar otras actividades del sector como lo son la producción de pollos, de carne vacuna, de cerdos, o insumos como el gas oil, estos productos llegarían a las góndolas de los supermercados a precios internacionales, transformando los alimentos básicos de la canasta familiar en inaccesibles para la mayoría de la población.
Es una obligación indelegable del estado, la de garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria, lo que implica propiciar la producción de alimentos variados en cantidad y calidad suficientes, accesibles para todos.
Este concepto de nación es diametralmente opuesto a la de los sectores del privilegio y para ilustrarlo deberíamos recordar con Rodolfo Walsh en su “Carta Abierta a la Junta Militar” las palabras de Celedonio Pineda, Presidente de la Sociedad Rural Argentina quien en 1976 expresaba: ”Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”.
El gobierno, para garantizar la rentabilidad del sector, a su vez, sostiene un dólar alto. Si se llevaran las retenciones a cero y se dejara al dólar flotar libremente, los que hoy hacen el lock out patronal, perderían entonces si, su rentabilidad.
El pequeño productor
La estructura social y económica “del campo” en la argentina es muy compleja y compleja por ende la problemática del sector. Hoy encontramos desde pequeños productores con 100 Has. hasta “pool” y fideicomisos que siembran cientos de miles de hectáreas en todo el país.
Estos grandes del complejo sojero expresan claramente y una vez más esta alianza del sector financiero (vía bancos, AFJP) y los grandes propietarios de la tierra. Incluso en la década del 90 los pool de siembra fueron una excelente opción para el lavado de dinero, que ingresaba libremente al país.
El pequeño productor agropecuario, se ve doblemente perjudicado por los que manejan el complejo sojero (Monsanto, Nidera, Cargill, entre otros), ya que por un lado le venden el “paquete tecnológico” (semilla, agroquímicos, fertilizantes) a precio dólar y que el productor muchas veces debe pagar a la cosecha con cereal, con altísimos costos financieros. Por otro lado, “los grandes” le alquilan los campos al pequeño productor, que al no tener escala para sostenerse produciendo carne o leche, el precio del alquiler le resulta más rentable que trabajar su campo. Esto, con el tiempo va produciendo un nuevo proceso de concentración de la propiedad de la tierra en manos de los poderosos, con el enorme costo social que implica miles de productores agropecuarios emigrando a las ciudades. Solamente entre 1990 y 2002 desaparecieron casi 180.000 pequeños productores agropecuarios (1)
De allí que las retenciones deberán contemplar necesariamente la realidad del pequeño productor.
Las retenciones y
la estructura productiva
El estado debe orientar la estructura de la producción agropecuaria, preservar los suelos de la degradación, el medio ambiente y la salud para beneficio de toda la población y de las generaciones futuras.
La fuerte tendencia a la siembra de soja transgénica (hoy ocupa mas del 55% del total de la superficie sembrada en el país)(1), nos pone en una situación de extrema labilidad desde el punto de vista estratégico. Pensemos qué sucedería si de pronto y ante nuestra situación de monocultivo, el precio internacional de la soja cayera o quienes nos compran decidieran solo comprar soja no modificada genéticamente.
El desarrollo científico y tecnológico en semillas y agroquímicos ha permitido en los últimos años la “explosión” del cultivo de soja, incluso avanzando sobre las tierras semiáridas y áridas del país, tradicionalmente destinadas a la ganadería, poniendo en riesgo, la estructura del suelo y la calidad del agua, elementos esenciales que hacen a la sustentabilidad de la producción agropecuaria y a la riqueza de nuestro país.
La atención de la salud de las poblaciones virtualmente rodeadas de soja, por el uso intensivo de agrotóxicos, como el glifosato, endosulfán, atrazina, 2-4-D, algunos de ellos con efectos cancerígenos y teratogénicos ocasiona hoy grandes gastos a los gobiernos locales y provinciales.
En la Ciudad de Córdoba, el caso de Ituzaingó Anexo es quizás paradigmático, pero es también una preocupación creciente de las autoridades sanitarias el constante aumento de los casos de cáncer en las ciudades y pueblos del interior provincial.
También las retenciones móviles tienen por objeto desalentar la siembra de soja, promoviendo la diversificación y la rotación de los cultivos.
Es claro que no es intención de quien escribe agotar el tema, sino modestamente enunciar algunos aspectos que consideramos deben ser puestos a la consideración pública.
Sabemos que en el futuro habrá que discutir un esquema diferenciado de retención que contemple esencialmente la situación de los pequeños productores; también habremos de defender que un porcentaje de esas retenciones deben volver a la provincia y una nueva Ley de Coparticipación.
Pero el violento lock out patronal que prácticamente paralizó el país tuvo a nuestro entender un alto contenido político.
Lo que en realidad se quiere esconder, con la consabida complicidad de los medios de comunicación, es el verdadero tema que está en disputa.
Igual que en 1930, en 1955 o 1976, hoy se tensan las fuerzas para definir un modelo de país para los próximos años: o la renta agraria como parte del patrimonio de todos los argentinos se destina a construir una Argentina democrática, libre, soberana, con justicia y equidad en la distribución de la riqueza, o una vez más las multinacionales y sus socios autóctonos, apropiándose de ella volverán a transformarnos en factoría neocolonial.
La disyuntiva es clara, y ante ella no caben ni la indiferencia ni los tibios llamados al “dialogo sin condiciones”.
(1) Alberto J. Lapolla Dialéctica de la sojización y la Soberanía Nacional
¿Es en realidad el aumento gradual y móvil de las retenciones a la producción agropecuaria lo que ha provocado semejante respuesta del sector?
Creemos que esto ha sido sólo el disparador.
Un poco de memoria
En realidad, asistimos a la crisis de un modelo de acumulación y apropiación de la renta nacional.
A partir de 1945 y hasta 1975 la Argentina pudo desarrollar una política de industrialización, diversificación productiva, desarrollo tecnológico y científico con movilidad social que nos permitió proyectarnos como país soberano.
Es a partir de 1976 que nuestro país es violentamente devuelto al modelo agroexportador, impuesto por el capital financiero internacional esta vez en estrecha alianza con la tradicional oligarquía terrateniente. Símbolo de esta alianza reaccionaria es Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la Dictadura (1976-1981), hijo dilecto de una tradicional familia terrateniente y a la vez formado en la escuela monetarista de los “Chicago's Boys”, este fue el “aporte” de la Sociedad Rural Argentina al gabinete presidido por Videla , quien al exponer su plan económico el 2 de Abril de 1976 expresaba: “si la Nación va a producir acero o galletitas, lo va a decidir el mercado”.
En un proceso agresivo y devastador nuestro país perdió su industria nacional, sus ferrocarriles, sus fuentes de energía, su producción diversificada de alimentos, su soberanía alimentaria, en el marco de un nuevo orden mundial, donde a nuestro país le fue asignado el rol de productor de materias primas de orígen agropecuario que otros industrializaban. Proceso que continúa y se profundiza en la Segunda Década Infame del menemismo, donde el modelo neoliberal se consolida (1990-2000).
Las retenciones y los precios
internos de los alimentos
Las retenciones tienen un valor que trasciende el mero fin recaudatorio, para transformarse en una legítima herramienta de política económica.
La soja, al igual que todos los “commodities” se pagan en dólares a precio internacional.
Sin desvincular los precios internos de los internacionales (vía retenciones) para poder subsidiar otras actividades del sector como lo son la producción de pollos, de carne vacuna, de cerdos, o insumos como el gas oil, estos productos llegarían a las góndolas de los supermercados a precios internacionales, transformando los alimentos básicos de la canasta familiar en inaccesibles para la mayoría de la población.
Es una obligación indelegable del estado, la de garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria, lo que implica propiciar la producción de alimentos variados en cantidad y calidad suficientes, accesibles para todos.
Este concepto de nación es diametralmente opuesto a la de los sectores del privilegio y para ilustrarlo deberíamos recordar con Rodolfo Walsh en su “Carta Abierta a la Junta Militar” las palabras de Celedonio Pineda, Presidente de la Sociedad Rural Argentina quien en 1976 expresaba: ”Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”.
El gobierno, para garantizar la rentabilidad del sector, a su vez, sostiene un dólar alto. Si se llevaran las retenciones a cero y se dejara al dólar flotar libremente, los que hoy hacen el lock out patronal, perderían entonces si, su rentabilidad.
El pequeño productor
La estructura social y económica “del campo” en la argentina es muy compleja y compleja por ende la problemática del sector. Hoy encontramos desde pequeños productores con 100 Has. hasta “pool” y fideicomisos que siembran cientos de miles de hectáreas en todo el país.
Estos grandes del complejo sojero expresan claramente y una vez más esta alianza del sector financiero (vía bancos, AFJP) y los grandes propietarios de la tierra. Incluso en la década del 90 los pool de siembra fueron una excelente opción para el lavado de dinero, que ingresaba libremente al país.
El pequeño productor agropecuario, se ve doblemente perjudicado por los que manejan el complejo sojero (Monsanto, Nidera, Cargill, entre otros), ya que por un lado le venden el “paquete tecnológico” (semilla, agroquímicos, fertilizantes) a precio dólar y que el productor muchas veces debe pagar a la cosecha con cereal, con altísimos costos financieros. Por otro lado, “los grandes” le alquilan los campos al pequeño productor, que al no tener escala para sostenerse produciendo carne o leche, el precio del alquiler le resulta más rentable que trabajar su campo. Esto, con el tiempo va produciendo un nuevo proceso de concentración de la propiedad de la tierra en manos de los poderosos, con el enorme costo social que implica miles de productores agropecuarios emigrando a las ciudades. Solamente entre 1990 y 2002 desaparecieron casi 180.000 pequeños productores agropecuarios (1)
De allí que las retenciones deberán contemplar necesariamente la realidad del pequeño productor.
Las retenciones y
la estructura productiva
El estado debe orientar la estructura de la producción agropecuaria, preservar los suelos de la degradación, el medio ambiente y la salud para beneficio de toda la población y de las generaciones futuras.
La fuerte tendencia a la siembra de soja transgénica (hoy ocupa mas del 55% del total de la superficie sembrada en el país)(1), nos pone en una situación de extrema labilidad desde el punto de vista estratégico. Pensemos qué sucedería si de pronto y ante nuestra situación de monocultivo, el precio internacional de la soja cayera o quienes nos compran decidieran solo comprar soja no modificada genéticamente.
El desarrollo científico y tecnológico en semillas y agroquímicos ha permitido en los últimos años la “explosión” del cultivo de soja, incluso avanzando sobre las tierras semiáridas y áridas del país, tradicionalmente destinadas a la ganadería, poniendo en riesgo, la estructura del suelo y la calidad del agua, elementos esenciales que hacen a la sustentabilidad de la producción agropecuaria y a la riqueza de nuestro país.
La atención de la salud de las poblaciones virtualmente rodeadas de soja, por el uso intensivo de agrotóxicos, como el glifosato, endosulfán, atrazina, 2-4-D, algunos de ellos con efectos cancerígenos y teratogénicos ocasiona hoy grandes gastos a los gobiernos locales y provinciales.
En la Ciudad de Córdoba, el caso de Ituzaingó Anexo es quizás paradigmático, pero es también una preocupación creciente de las autoridades sanitarias el constante aumento de los casos de cáncer en las ciudades y pueblos del interior provincial.
También las retenciones móviles tienen por objeto desalentar la siembra de soja, promoviendo la diversificación y la rotación de los cultivos.
Es claro que no es intención de quien escribe agotar el tema, sino modestamente enunciar algunos aspectos que consideramos deben ser puestos a la consideración pública.
Sabemos que en el futuro habrá que discutir un esquema diferenciado de retención que contemple esencialmente la situación de los pequeños productores; también habremos de defender que un porcentaje de esas retenciones deben volver a la provincia y una nueva Ley de Coparticipación.
Pero el violento lock out patronal que prácticamente paralizó el país tuvo a nuestro entender un alto contenido político.
Lo que en realidad se quiere esconder, con la consabida complicidad de los medios de comunicación, es el verdadero tema que está en disputa.
Igual que en 1930, en 1955 o 1976, hoy se tensan las fuerzas para definir un modelo de país para los próximos años: o la renta agraria como parte del patrimonio de todos los argentinos se destina a construir una Argentina democrática, libre, soberana, con justicia y equidad en la distribución de la riqueza, o una vez más las multinacionales y sus socios autóctonos, apropiándose de ella volverán a transformarnos en factoría neocolonial.
La disyuntiva es clara, y ante ella no caben ni la indiferencia ni los tibios llamados al “dialogo sin condiciones”.
(1) Alberto J. Lapolla Dialéctica de la sojización y la Soberanía Nacional
0 comentarios:
Publicar un comentario