Por Eduardo García (ex Diptado Nacional - Partido Socialista de Córdoba)
La problemática de las drogas es de gran complejidad y evidentemente multicausal, mi interés en este tema está enfocado en el marco de una preocupación permanente por las cuestiones sociales. En particular, encuentro que este tema esta notablemente rodeado por numerosos mitos y preconceptos que lo distorsionan, evitando su abordaje de una manera seria.
La penalización es solo un aspecto de tal problemática y las conclusiones concretas de la misma sobre los usuarios de drogas ilícitas son terminantes, ha provocado mas daño que soluciones
El principal aspecto de esta conclusión es la constatación de que se ha criminalizado a una parte de la sociedad (decenas de miles de ciudadanos) que no tiene absolutamente nada que ver con la actividad criminal.
Es así que nos encontramos con estadísticas contundentes al respecto.
Del total de causas referidas a
estupefacientes en un semestre.
Los implicados:
No habían sido encarcelados
con anterioridad el 97,8 %
Al momento de su detención en
la vía pública no tenían armas el 90,8%
No estaba cometiendo otro delito el 97,3 %
Tenía en su poder cantidades
menores a 5 g. de droga el. 87,0 %
Casi 19 años de criminalización de estos usuarios dejan como saldo un daño irreparable. Miles cuentan con antecedentes criminales, muchos han perdido sus trabajos y otros tantos se ven imposibilitados de acceder a alguno por estos antecedentes, por lo cual la penalización se ha convertido en un factor de marginalización social innegable.
Otro aspecto central, es el efecto contrario al objetivo explícito de proteger la salud pública. Esto porque al clandestinizar a los usuarios condiciona el contacto de los mismos con las instituciones de salud, privándolos tanto de la acción terapéutica en relación al consumo, como de la referente a otras patologías asociadas al mismo (hepatitis, SIDA, abscesos, etc.) y de la posibilidad de recibir información acerca de cómo evitarlas. Y desde un punto de vista más global, también a partir de datos de la realidad, podemos afirmar que la estrategia en que se basa la Ley Nº 23.737, de combatir el narcotráfico a partir de los usuarios se revela funcional a los intereses de lo que se pretende atacar. La información, cualquiera sea su fuente, demuestra que no solo no ha logrado reducirse la demanda, sino que la misma va en constante crecimiento.
Desde el punto de vista de la eficacia de la Justicia Federal, todos los relevamientos nos señalan que los juzgados se hallan abarrotados de casos relacionados a las drogas, aproximadamente más del 50% del total de los casos. Mientras que a su vez, de este total, un 70% son por tenencia para uso personal, entre un 25 y un 30 % por tenencia simple y solo un 5 % son casos de comercialización y prácticamente no se conocen casos de detención de algún jefe del narcotráfico.
En definitiva, la Ley Nº 23.737 apunta hacia el lado contrario de una de las causas fundamentales del problema, la extraordinaria rentabilidad del negocio de las drogas, que se ha convertido en un factor estructural de la economía mundial. Un negocio que factura unos 500 mil millones de dólares anuales y con el que se hallan comprometidos sectores del poder en todos sus estamentos, tanto privados como estatales. Estos son los resultados de un instrumento legal que se fundamenta en una lógica que además de cuestionable se muestra burdamente irrealista, tal cual es, la de tratar de resolver los fenómenos sociales desde un abordaje excluyentemente penal. Tan frágil e insostenible encuentro tal planteo que se desmorona ante la dimensión numérica de quienes la ley considera “delincuentes”, si atendemos que las estimaciones sobre la población de usuarios de drogas en Argentina nos dicen que están entre el millón y los 3 millones de personas. Estos son algunos de los aspectos que para mi son fundamento sobrado para despenalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal. Hay muchos más: desde otros aspectos sociales, como jurídicos, por ejemplo la inconstitucionalidad de la misma por violar el Art. 19 de la Constitución Nacional, y políticos.
Todos estos aspectos me llevaron a la más firme convicción de que la penalización de la tenencia de drogas para el uso personal produjo mas daño que beneficios en nuestro país y lo expresé de esta forma en un Proyecto de ley en el año 2004 en la Cámara de Diputados de la Nación.
La problemática de las drogas es de gran complejidad y evidentemente multicausal, mi interés en este tema está enfocado en el marco de una preocupación permanente por las cuestiones sociales. En particular, encuentro que este tema esta notablemente rodeado por numerosos mitos y preconceptos que lo distorsionan, evitando su abordaje de una manera seria.
La penalización es solo un aspecto de tal problemática y las conclusiones concretas de la misma sobre los usuarios de drogas ilícitas son terminantes, ha provocado mas daño que soluciones
El principal aspecto de esta conclusión es la constatación de que se ha criminalizado a una parte de la sociedad (decenas de miles de ciudadanos) que no tiene absolutamente nada que ver con la actividad criminal.
Es así que nos encontramos con estadísticas contundentes al respecto.
Del total de causas referidas a
estupefacientes en un semestre.
Los implicados:
No habían sido encarcelados
con anterioridad el 97,8 %
Al momento de su detención en
la vía pública no tenían armas el 90,8%
No estaba cometiendo otro delito el 97,3 %
Tenía en su poder cantidades
menores a 5 g. de droga el. 87,0 %
Casi 19 años de criminalización de estos usuarios dejan como saldo un daño irreparable. Miles cuentan con antecedentes criminales, muchos han perdido sus trabajos y otros tantos se ven imposibilitados de acceder a alguno por estos antecedentes, por lo cual la penalización se ha convertido en un factor de marginalización social innegable.
Otro aspecto central, es el efecto contrario al objetivo explícito de proteger la salud pública. Esto porque al clandestinizar a los usuarios condiciona el contacto de los mismos con las instituciones de salud, privándolos tanto de la acción terapéutica en relación al consumo, como de la referente a otras patologías asociadas al mismo (hepatitis, SIDA, abscesos, etc.) y de la posibilidad de recibir información acerca de cómo evitarlas. Y desde un punto de vista más global, también a partir de datos de la realidad, podemos afirmar que la estrategia en que se basa la Ley Nº 23.737, de combatir el narcotráfico a partir de los usuarios se revela funcional a los intereses de lo que se pretende atacar. La información, cualquiera sea su fuente, demuestra que no solo no ha logrado reducirse la demanda, sino que la misma va en constante crecimiento.
Desde el punto de vista de la eficacia de la Justicia Federal, todos los relevamientos nos señalan que los juzgados se hallan abarrotados de casos relacionados a las drogas, aproximadamente más del 50% del total de los casos. Mientras que a su vez, de este total, un 70% son por tenencia para uso personal, entre un 25 y un 30 % por tenencia simple y solo un 5 % son casos de comercialización y prácticamente no se conocen casos de detención de algún jefe del narcotráfico.
En definitiva, la Ley Nº 23.737 apunta hacia el lado contrario de una de las causas fundamentales del problema, la extraordinaria rentabilidad del negocio de las drogas, que se ha convertido en un factor estructural de la economía mundial. Un negocio que factura unos 500 mil millones de dólares anuales y con el que se hallan comprometidos sectores del poder en todos sus estamentos, tanto privados como estatales. Estos son los resultados de un instrumento legal que se fundamenta en una lógica que además de cuestionable se muestra burdamente irrealista, tal cual es, la de tratar de resolver los fenómenos sociales desde un abordaje excluyentemente penal. Tan frágil e insostenible encuentro tal planteo que se desmorona ante la dimensión numérica de quienes la ley considera “delincuentes”, si atendemos que las estimaciones sobre la población de usuarios de drogas en Argentina nos dicen que están entre el millón y los 3 millones de personas. Estos son algunos de los aspectos que para mi son fundamento sobrado para despenalizar la tenencia de estupefacientes para uso personal. Hay muchos más: desde otros aspectos sociales, como jurídicos, por ejemplo la inconstitucionalidad de la misma por violar el Art. 19 de la Constitución Nacional, y políticos.
Todos estos aspectos me llevaron a la más firme convicción de que la penalización de la tenencia de drogas para el uso personal produjo mas daño que beneficios en nuestro país y lo expresé de esta forma en un Proyecto de ley en el año 2004 en la Cámara de Diputados de la Nación.
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