Por Bittin Baronetto
Director de Derechos Humanos
de la Municipalidad de Córdoba
Al fin ha sido fijada la fecha del juicio al genocida general Ménendez. Se iniciará el 27 de mayo en una de las tantas causas por torturas y asesinatos que fueron demoradas por la larga vigencia de las leyes de impunidad.
La importancia para la sociedad es que los que pensaban irse a la tumba sin el sello de la condena de las leyes, ahora deberán comparecer para que los tribunales confirmen con su fallo lo que ya es conciencia y verdad en el consenso social, luego de tantos años de luchas, resistencias y rechazo a la impunidad.
La lección para nosotros es que vale la pena luchar cuando la causa es justa. Porque a pesar de todas las trabas, de los distintos artilugios con los que se pretendieron burlar las leyes de la democracia, finalmente los genocidas estarán sentados en el banquillo de los acusados, con una posibilidad de defensa que ello negaron a sus víctimas, actuando con cobardía en las sombras de la clandestinidad. Esta es la trascendencia del juicio a Menéndez en Córdoba que se iniciará a fines de mayo.
Claro que recién es la primera causa que llega a juicio, lo que también indica la deuda que la justicia federal de Córdoba sigue teniendo con la sociedad cordobesa. Quedan todavía muchas otras, cuya pruebas ya están en poder de la justicia desde antes de 1987, cuando fueron congeladas por las leyes de obediencia debida y punto final.
La causa de los fusilamientos de la U.P.1
Entre las causas más importantes está la que investigó el asesinato, por fusilamiento o torturas, de los 29 presos políticos que estaban alojados en la Penitenciaría de San Martín (U.P.1), con los hechos probados en la resolución del año 2003 cuando se hizo el juicio de la verdad histórica, sin posibilidades en esa fecha de imputar penalmente a los responsables. Esta causa es una de las que más pruebas tiene en cuanto a la identificación de los autores de los asesinatos y sin embargo todavía no ha sido elevada a juicio penal.
Es que al tratarse de presos políticos que estaban detenidos bajo el cuidado de los tribunales judiciales, no podrá eludirse la responsabilidad penal de funcionarios que en aquel entonces eran jueces, secretarios o defensores oficiales.
Por esta misma razón, los hijos y familiares de los fusilados de la UP1, junto a la Asociación de Ex -presos políticos reclamaron la preservación de las instalaciones de la cárcel de San Martín que el gobierno de Schiaretti quiere vender apresuradamente para hacerse de fondos y afrontar lo que ha denominado la “emergencia carcelaria”.
Desde las entidades de derechos humanos se le ha hecho saber tanto al ejecutivo provincial como a la legislatura que vender la cárcel significaría borrar una de las pruebas necesarias para el desarrollo del juicio de la UP1. Este lugar de la memoria de los cordobeses no puede ser negociado para dar respuesta a otros graves problemas como el que sufren los que hoy padecen la privación de la libertad en cárceles inhumanas.
Tampoco podrían los legisladores aprobar el proyecto de venta de la cárcel de San Martín ya que violarán la ley provincial de la memoria (Ley 9286), que establece, en consonancia con disposiciones internacionales de la UNESCO, la preservación de las instalaciones edilicias “que funcionaron como centros clandestinos de detención o hubieren sido utilizadas por el terrorismo de Estado”. (art.3,h).
El jury de enjuiciamiento para el Juez Otero Álvarez
En esta larga lucha por verdad y justicia, y a propósito del sorteo que ubicó al Juez Carlos Otero Álvarez en el tribunal oral que juzgará al genocida general Menéndez, como afectado directo y en ejercicio de mi responsabilidad como funcionario público puse en conocimiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, los hechos que cuestionan la conducta del Dr. Otero Álvarez como Secretario del Juzgado Federal N° 1 en los años de la dictadura, fundamentalmente al autorizar el traslado de presos políticos que luego fueron asesinados por las mismas patrullas militares o policiales que los sacaron de la cárcel de barrio San Martín. Tal como lo señaló el Defensor Público Dr. Marcelo Arrieta, el ahora juez cuestionado cometió “un claro exceso funcional, toda vez que la única autoridad capaz de disponer de personas detenidas era y sigue siendo-, el juez”. Pero además como funcionario público en conocimiento de los delitos de torturas y asesinatos cometidos por los militares tampoco promovió ningún tipo de investigación, lo que lo convierte en cómplice del accionar del terrorismo de estado en nuestra provincia. Estos hechos junto a otras pruebas y documentación fue presentada con el pedido de jury de enjuiciamiento, porque flaco favor le hace a la institución judicial que se pretenda hoy una sobreactuación que expurgue la complicidad de ayer, como vulgar lavaje de cara. Tal como lo escribí en la presentación efectuada: “…el funcionario público y por lo tanto el funcionario judicial debe ser hoy también protagonista en la consolidación de las instituciones democráticas, contribuyendo a restablecer la credibilidad social. Mal podrá hacerlo quien haya actuado, como habría sucedido en este caso, en desmedro de la misma institución judicial al avalar hechos reñidos con la ley. La ética de responsabilidad social establece al funcionario público, como primer criterio para su actuación: preservar, restablecer, garantizar el bien social como bien supremo de la democracia. Y esta conducta ética debe ser transparente y sin mácula alguna para que el conjunto social se reconcilie con sus instituciones rectoras y fortaleza la confianza e el ordenamiento social e institucional que lo contiene.”
La importancia para la sociedad es que los que pensaban irse a la tumba sin el sello de la condena de las leyes, ahora deberán comparecer para que los tribunales confirmen con su fallo lo que ya es conciencia y verdad en el consenso social, luego de tantos años de luchas, resistencias y rechazo a la impunidad.
La lección para nosotros es que vale la pena luchar cuando la causa es justa. Porque a pesar de todas las trabas, de los distintos artilugios con los que se pretendieron burlar las leyes de la democracia, finalmente los genocidas estarán sentados en el banquillo de los acusados, con una posibilidad de defensa que ello negaron a sus víctimas, actuando con cobardía en las sombras de la clandestinidad. Esta es la trascendencia del juicio a Menéndez en Córdoba que se iniciará a fines de mayo.
Claro que recién es la primera causa que llega a juicio, lo que también indica la deuda que la justicia federal de Córdoba sigue teniendo con la sociedad cordobesa. Quedan todavía muchas otras, cuya pruebas ya están en poder de la justicia desde antes de 1987, cuando fueron congeladas por las leyes de obediencia debida y punto final.
La causa de los fusilamientos de la U.P.1
Entre las causas más importantes está la que investigó el asesinato, por fusilamiento o torturas, de los 29 presos políticos que estaban alojados en la Penitenciaría de San Martín (U.P.1), con los hechos probados en la resolución del año 2003 cuando se hizo el juicio de la verdad histórica, sin posibilidades en esa fecha de imputar penalmente a los responsables. Esta causa es una de las que más pruebas tiene en cuanto a la identificación de los autores de los asesinatos y sin embargo todavía no ha sido elevada a juicio penal.
Es que al tratarse de presos políticos que estaban detenidos bajo el cuidado de los tribunales judiciales, no podrá eludirse la responsabilidad penal de funcionarios que en aquel entonces eran jueces, secretarios o defensores oficiales.
Por esta misma razón, los hijos y familiares de los fusilados de la UP1, junto a la Asociación de Ex -presos políticos reclamaron la preservación de las instalaciones de la cárcel de San Martín que el gobierno de Schiaretti quiere vender apresuradamente para hacerse de fondos y afrontar lo que ha denominado la “emergencia carcelaria”.
Desde las entidades de derechos humanos se le ha hecho saber tanto al ejecutivo provincial como a la legislatura que vender la cárcel significaría borrar una de las pruebas necesarias para el desarrollo del juicio de la UP1. Este lugar de la memoria de los cordobeses no puede ser negociado para dar respuesta a otros graves problemas como el que sufren los que hoy padecen la privación de la libertad en cárceles inhumanas.
Tampoco podrían los legisladores aprobar el proyecto de venta de la cárcel de San Martín ya que violarán la ley provincial de la memoria (Ley 9286), que establece, en consonancia con disposiciones internacionales de la UNESCO, la preservación de las instalaciones edilicias “que funcionaron como centros clandestinos de detención o hubieren sido utilizadas por el terrorismo de Estado”. (art.3,h).
El jury de enjuiciamiento para el Juez Otero Álvarez
En esta larga lucha por verdad y justicia, y a propósito del sorteo que ubicó al Juez Carlos Otero Álvarez en el tribunal oral que juzgará al genocida general Menéndez, como afectado directo y en ejercicio de mi responsabilidad como funcionario público puse en conocimiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, los hechos que cuestionan la conducta del Dr. Otero Álvarez como Secretario del Juzgado Federal N° 1 en los años de la dictadura, fundamentalmente al autorizar el traslado de presos políticos que luego fueron asesinados por las mismas patrullas militares o policiales que los sacaron de la cárcel de barrio San Martín. Tal como lo señaló el Defensor Público Dr. Marcelo Arrieta, el ahora juez cuestionado cometió “un claro exceso funcional, toda vez que la única autoridad capaz de disponer de personas detenidas era y sigue siendo-, el juez”. Pero además como funcionario público en conocimiento de los delitos de torturas y asesinatos cometidos por los militares tampoco promovió ningún tipo de investigación, lo que lo convierte en cómplice del accionar del terrorismo de estado en nuestra provincia. Estos hechos junto a otras pruebas y documentación fue presentada con el pedido de jury de enjuiciamiento, porque flaco favor le hace a la institución judicial que se pretenda hoy una sobreactuación que expurgue la complicidad de ayer, como vulgar lavaje de cara. Tal como lo escribí en la presentación efectuada: “…el funcionario público y por lo tanto el funcionario judicial debe ser hoy también protagonista en la consolidación de las instituciones democráticas, contribuyendo a restablecer la credibilidad social. Mal podrá hacerlo quien haya actuado, como habría sucedido en este caso, en desmedro de la misma institución judicial al avalar hechos reñidos con la ley. La ética de responsabilidad social establece al funcionario público, como primer criterio para su actuación: preservar, restablecer, garantizar el bien social como bien supremo de la democracia. Y esta conducta ética debe ser transparente y sin mácula alguna para que el conjunto social se reconcilie con sus instituciones rectoras y fortaleza la confianza e el ordenamiento social e institucional que lo contiene.”
0 comentarios:
Publicar un comentario