Entre la actividad financiera y la inmobiliaria
Escribe: Lic. José Abraham
La reciente búsqueda que el Banco de Córdoba ha lanzado para alquilar locales comerciales, aparentemente para instalar nuevas sucursales, ha hecho resurgir los interrogantes sobre la errática política que ha venido llevando a cabo la entidad en materia de venta de inmuebles en el marco del Plan de Desinmovilización de Activos.
En efecto, en primer lugar llama la atención que el Banco salga a alquilar locales de 300 a 500 m2 ubicados en zonas donde actualmente funcionan importantes y emblemáticas sucursales como son las de Nueva Córdoba, refaccionada hace poco tiempo, San Martín, General Paz, Tribunales I, donde además funciona el centro de cómputos y la de Villa Carlos Paz, entre otras. Recordemos que por presiones de sus empleados y de las fuerzas vivas de Jesús María se dio marcha atrás con la venta de la sucursal de esa ciudad.
La decisión de alquilar nuevos locales en proximidad de las sucursales mencionadas ¿oculta acaso la intención de venderlas para luego reemplazarlas? Versiones y hechos como el descrito indican que es muy posible que así sea.
Pero ¿por qué el Banco dispone ahora estas medidas cuando al parecer las relaciones con el Banco Central y con la Superintendencia de Entidades Financieras se encuentran en buenos términos en cuanto a exigencias para capitalizar la entidad cordobesa?
Antecedentes
Recordemos que después del frustrado intento de privatización, años 2001/02 el Banco se vio obligado a presentar ante el Banco Central un plan de saneamiento y de reestructuración que incluía una serie de exigencias para poder volver al mercado de crédito debiendo previamente restablecer sus indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad. Dichas medidas fueron inicialmente presentadas ante el Central en el 2004, evaluadas por este en el 2005, y flexibilizadas en el 2006 por pedido de la Provincia de Córdoba por no poder afrontar financieramente todos los compromisos de capitalización.
El plan original consistía esencialmente (entre otras medidas) en la capitalización de la entidad por medio de cuatro vías:
1- A través de un aporte financiero directo de la Provincia de 90 millones de pesos en ocho cuotas trimestrales,
2- Con el producido de la recuperación de créditos de dudosa cobrabilidad otorgados en su momento por el Banco de Córdoba y el ex Banco Social y cuya gestión está cargo de la firma Cobrex Argentina S.A.
3- Con lo recaudado por la venta de aproximadamente 600 inmuebles de propiedad del Banco.
4- Y eventualmente con la venta del 49 % de las acciones al sector privado alternativa que finalmente fue desechada por el Gobierno Provincial.
La venta de sucursales y el
plan de desinmovilización de activos
Lejos de poder cumplir con estas exigencias de capitalización el Banco se encontró con una dificultad adicional, que en la actualidad persiste, que es la de presentar excesos en la relación de activos inmovilizados, en su inmensa mayoría inmuebles, con respecto a su patrimonio (más específicamente con la Responsabilidad Patrimonial Computable, RPC). Esto significa, en términos sencillos, que posee demasiados activos de poca liquidez (capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo) para poder garantizar sus depósitos. A su vez los incumplimientos de esta relación dan origen al incremento de la exigencia de capitales mínimos que suponen una situación de insolvencia.
A los fines de corregir esta relación técnica en marzo del 2005 el Banco de la Provincia celebra un contrato de fideicomiso con la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. para la venta de inmuebles que incluía aquellos tomados en defensa de créditos y/o dación en pago y los de propiedad del Banco no afectados al “giro del negocio” pero susceptibles de ser vendidos.
Según notas a los estados contables se incorporaron a este plan, inmuebles por más de 100 millones de pesos, monto superior a los 66,7 millones de pesos comprometidos en preincipio con el Banco Central. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se habían vendido, según la misma fuente, 61 millones, por lo que el Banco debería vender inmuebles por 5,7 millones para cumplir con la meta asumida con el Central.
Como dato curioso que surge de ese informe se puede señalar que la Provincia le compró inmuebles al Banco por un monto superior a los 25 millones de pesos de los cuales debía al 31 de diciembre de 2007, 18,7 millones de pesos.
Pero lo que creemos que ha dejado abierta la posibilidad para enajenar sus sucursales, en particular aquellas de gran valor, como las enunciadas al comienzo de esta nota, es la resolución del Directorio del Banco de no continuar con el contrato de fideicomiso con la Corporación Inmobiliaria, y realizar, a partir del 1º de abril de 2008, la venta de inmuebles de forma directa, “(...) logrando que las ventas tengan mayor ventaja económica(...)”, incluyendo “(...) inmuebles operativos o no, con deficiencias en su situación registral, ocupados y/o afectados por medidas judiciales(...)”
Al respecto vale recordar que Corporación Inmobiliaria recibía una retribución fija mensual por tareas de relevamiento, administración e inscripción de títulos, y de una comisión del 2% por la venta de inmuebles edificados y/o campos y del 3,5% sobre la venta de baldíos. En este punto sería bueno conocer las causales de la no prórroga de este contrato toda vez que el mismo “(...) perseguía asilar al proceso de realización de inmuebles de las actividades financieras y de servicios que brinda el Banco, concentrando en un tercero en forma integral la responsablidad de la administración y venta de inmuebles, labor ésta ajena a la finalidad de la Entidad Bancaria (...)”
Vale comentar que la Corporación Inmobiliaria posee el 1% de las acciones del Banco.
Finalmente después de analizar someramente este proceso cabe preguntarse que criterios se han seguido para privilegiar la venta de sucursales, aparentemente rentables, en lugar de agotar la enajenación de otros inmuebles ajenos al Banco y a su actividad financiera. ¿Será la necesidad de cumplir con las exigencias del Central o estaremos en frente de otro negocio inmobiliario?
Estos interrogantes han sido objeto de un pedido de informe del Frente Cívico en la Unicameral.
Consideramos que para evitar suspicacias en este tema se requiere de parte de funcionarios del Gobierno y del Banco información clara y transparente, y un mayor control y seguimiento de parte de la oposición política, de la sociedad en general y de la prensa en una cuestión muy sensible que ya ha acumulado muchas sospechas.
En efecto, en primer lugar llama la atención que el Banco salga a alquilar locales de 300 a 500 m2 ubicados en zonas donde actualmente funcionan importantes y emblemáticas sucursales como son las de Nueva Córdoba, refaccionada hace poco tiempo, San Martín, General Paz, Tribunales I, donde además funciona el centro de cómputos y la de Villa Carlos Paz, entre otras. Recordemos que por presiones de sus empleados y de las fuerzas vivas de Jesús María se dio marcha atrás con la venta de la sucursal de esa ciudad.
La decisión de alquilar nuevos locales en proximidad de las sucursales mencionadas ¿oculta acaso la intención de venderlas para luego reemplazarlas? Versiones y hechos como el descrito indican que es muy posible que así sea.
Pero ¿por qué el Banco dispone ahora estas medidas cuando al parecer las relaciones con el Banco Central y con la Superintendencia de Entidades Financieras se encuentran en buenos términos en cuanto a exigencias para capitalizar la entidad cordobesa?
Antecedentes
Recordemos que después del frustrado intento de privatización, años 2001/02 el Banco se vio obligado a presentar ante el Banco Central un plan de saneamiento y de reestructuración que incluía una serie de exigencias para poder volver al mercado de crédito debiendo previamente restablecer sus indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad. Dichas medidas fueron inicialmente presentadas ante el Central en el 2004, evaluadas por este en el 2005, y flexibilizadas en el 2006 por pedido de la Provincia de Córdoba por no poder afrontar financieramente todos los compromisos de capitalización.
El plan original consistía esencialmente (entre otras medidas) en la capitalización de la entidad por medio de cuatro vías:
1- A través de un aporte financiero directo de la Provincia de 90 millones de pesos en ocho cuotas trimestrales,
2- Con el producido de la recuperación de créditos de dudosa cobrabilidad otorgados en su momento por el Banco de Córdoba y el ex Banco Social y cuya gestión está cargo de la firma Cobrex Argentina S.A.
3- Con lo recaudado por la venta de aproximadamente 600 inmuebles de propiedad del Banco.
4- Y eventualmente con la venta del 49 % de las acciones al sector privado alternativa que finalmente fue desechada por el Gobierno Provincial.
La venta de sucursales y el
plan de desinmovilización de activos
Lejos de poder cumplir con estas exigencias de capitalización el Banco se encontró con una dificultad adicional, que en la actualidad persiste, que es la de presentar excesos en la relación de activos inmovilizados, en su inmensa mayoría inmuebles, con respecto a su patrimonio (más específicamente con la Responsabilidad Patrimonial Computable, RPC). Esto significa, en términos sencillos, que posee demasiados activos de poca liquidez (capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo) para poder garantizar sus depósitos. A su vez los incumplimientos de esta relación dan origen al incremento de la exigencia de capitales mínimos que suponen una situación de insolvencia.
A los fines de corregir esta relación técnica en marzo del 2005 el Banco de la Provincia celebra un contrato de fideicomiso con la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. para la venta de inmuebles que incluía aquellos tomados en defensa de créditos y/o dación en pago y los de propiedad del Banco no afectados al “giro del negocio” pero susceptibles de ser vendidos.
Según notas a los estados contables se incorporaron a este plan, inmuebles por más de 100 millones de pesos, monto superior a los 66,7 millones de pesos comprometidos en preincipio con el Banco Central. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se habían vendido, según la misma fuente, 61 millones, por lo que el Banco debería vender inmuebles por 5,7 millones para cumplir con la meta asumida con el Central.
Como dato curioso que surge de ese informe se puede señalar que la Provincia le compró inmuebles al Banco por un monto superior a los 25 millones de pesos de los cuales debía al 31 de diciembre de 2007, 18,7 millones de pesos.
Pero lo que creemos que ha dejado abierta la posibilidad para enajenar sus sucursales, en particular aquellas de gran valor, como las enunciadas al comienzo de esta nota, es la resolución del Directorio del Banco de no continuar con el contrato de fideicomiso con la Corporación Inmobiliaria, y realizar, a partir del 1º de abril de 2008, la venta de inmuebles de forma directa, “(...) logrando que las ventas tengan mayor ventaja económica(...)”, incluyendo “(...) inmuebles operativos o no, con deficiencias en su situación registral, ocupados y/o afectados por medidas judiciales(...)”
Al respecto vale recordar que Corporación Inmobiliaria recibía una retribución fija mensual por tareas de relevamiento, administración e inscripción de títulos, y de una comisión del 2% por la venta de inmuebles edificados y/o campos y del 3,5% sobre la venta de baldíos. En este punto sería bueno conocer las causales de la no prórroga de este contrato toda vez que el mismo “(...) perseguía asilar al proceso de realización de inmuebles de las actividades financieras y de servicios que brinda el Banco, concentrando en un tercero en forma integral la responsablidad de la administración y venta de inmuebles, labor ésta ajena a la finalidad de la Entidad Bancaria (...)”
Vale comentar que la Corporación Inmobiliaria posee el 1% de las acciones del Banco.
Finalmente después de analizar someramente este proceso cabe preguntarse que criterios se han seguido para privilegiar la venta de sucursales, aparentemente rentables, en lugar de agotar la enajenación de otros inmuebles ajenos al Banco y a su actividad financiera. ¿Será la necesidad de cumplir con las exigencias del Central o estaremos en frente de otro negocio inmobiliario?
Estos interrogantes han sido objeto de un pedido de informe del Frente Cívico en la Unicameral.
Consideramos que para evitar suspicacias en este tema se requiere de parte de funcionarios del Gobierno y del Banco información clara y transparente, y un mayor control y seguimiento de parte de la oposición política, de la sociedad en general y de la prensa en una cuestión muy sensible que ya ha acumulado muchas sospechas.
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