Escribe: Eduardo García
ex Diputado Nacional - PS
El fraudulento resultado de la elección provincial del 2 de septiembre del año pasado nos deja, entre otros, un tema no menor para analizar: la actual conformación del Poder Legislativo de nuestra Provincia, y la necesidad de una “reforma política”. Hoy no quedan dudas, de la baja calidad institucional del estado la cual no es neutra a la hora de responder a necesidades sociales, casi 10 años del mismo signo político, repitiendo fórmulas ineficientes (menemismo tardío) generaron un desgaste en el sistema político de la provincia, que entre otras cosas, fue bastardeado con perversos dispositivos institucionales como el planteamiento de la unicameralidad minimizando al poder legislativo y despojándolo de todo tipo de “control” de este sobre el Ejecutivo, para llevar adelante el asalto, por parte del gobierno, al patrimonio provincial y profundizar el clientelismo político a niveles nunca visto. Lamentablemente hoy la realidad confirma los fuertes argumentos y la convicción que en el 2001 me llevaron, a ser uno de los dos únicos Legisladores Provinciales (teniendo en cuenta la dos cámaras existentes en ese momento, Diputados y Senadores) que me opuse a una reforma inconstitucional, que se llevó adelante bajo el engañoso argumento de “bajar el costo de la política”.
El Poder Legislativo como escribanía del Ejecutivo
Con la excusa de la “reducción del costo” que debía afrontar el Estado Provincial en el sostenimiento de su Poder Legislativo y en medio de la peor crisis de legitimidad de los representantes políticos expresada en el “que se vayan todos”, el Gobierno de José Manuel de la Sota no desaprovechó el momento y en tiempo récord – con la complicidad del radicalismo - modificó la Constitución Provincial logrando su verdadero objetivo: conformar un Poder Legislativo que sea prácticamente “la escribanía del Ejecutivo” como semana tras semana resaltan en el recinto diferentes legisladores opositores ante la contundencia y la rapidez con la que el bloque oficialista – con auténtica “mano de yeso” - aprueba o rechaza proyectos de acuerdo a la conveniencia del gobernador de turno. Esto es así a pesar de que Unión por Córdoba ganó las elecciones (según números oficiales) por un porcentaje menor al 40% de los votos y sin embargo tiene una representación mayor al 50% en el Poder Legislativo.
La falacia de la reducción de los gastos:
El conflicto que mantuvieron los empleados legislativos con las autoridades a raíz de un reclamo salarial, ha dejado al descubierto la mentira de Unión por Córdoba acerca de la reducción del gasto, lo que más nos asombra es la impunidad con la que las autoridades reconocen el nombramiento de personal violando las leyes vigentes.
Los empleados denuncian que de un día para el otro Oscar “Pichi” Campana nombró sin concurso a más de 150 empleados “amigos” en áreas operativas, violando la Ley 5850. Este “desliz” del “inexperto” vicegobernador implica, según los denunciantes, una erogación anual de más de $5.000.000.
Cualquier gobierno que pretenda mejorar nuestra democracia, deberá trabajar para que exista mayor calidad en el funcionamiento de este Poder legislativo, y esta tarea será muy difícil de emprender si sólo tomamos en cuenta el aspecto presupuestario, como ciudadanos deberíamos preguntarnos y preguntar en qué se gasta, además de cuánto se gasta.
Sin dudas el verdadero costo de la política en la era de De la Sota y Schiaretti, es la profunda corrupción y despilfarro instalados en las máximas esferas del poder provincial; a través de la creación de un “Estado paralelo” en negro, a través de las agencias, las privatizaciones encubiertas de servicios provinciales, de la enorme cantidad de personal contratado (precarizado), con lo cual la provincia se “ahorra” las contribuciones patronales y que determina uno de los principales factores del vaciamiento de la caja de jubilaciones de la provincia y todo esto fue posible por la ausencia (impuesta por el oficilismo) de un Poder Legislativo que ejerciera un férreo control en post de los intereses de todos.
La reforma política necesaria: es social, profundizando la democracia participativa.
Nuestra sociedad viene demandando desde hace tiempo recrear la democracia, debemos repensar la democracia tendiendo a encontrar el punto de proximidad y encuentro entre la democracia representativa y participativa, dejando atrás su etapa meramente formal y delegativa; y avanzar hacia formas más participativas, donde existan ámbitos de concertación entre los distintos movimientos sociales, políticos, económicos etc; que permitan no sólo generar consensos amplios en torno a políticas de estado de largo plazo en cuestiones fundamentales, sino también posibilitar un mayor control y transparencia de los actos de gobierno.
Si la pretensión es cambiar un modelo profundamente injusto y desigual, sustentado por un poder económico y comunicacional concentrado en pocas y las mismas manos, es imprescindible recuperar la política como instrumento de cambio y a las organizaciones políticas como herramienta real de participación y compromiso ciudadano, recreando la política y el espacio público. Esta es una tarea imposible de realizar sin la existencia de liderazgos comprometidos con la defensa de valores y propuestas concretas que se desean plasmar desde la acción gubernamental. Es por eso que desde el Frente Cívico y Social aspiramos a transformar la vida cotidiana, en las esferas de la producción y el trabajo en los ámbitos políticos, social y cultural, creemos que los asuntos comunes de la provincia exigen la apertura de un debate democrático y público, cuya condición fundamental es el derecho de todos los ciudadanos a participar y decidir; todo esto porque aspiramos a ser una sociedad mas humana, mas solidaria, y mas justa, una sociedad que trabaje por la igualdad reconociendo las diferencias, trabajando en las coincidencias para así recrear la democracia luchando para reformular los intereses encontrados y reorientarlos en función de un proyecto de mejora de la sociedad.
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