Escribe: HIJOS Córdoba
Sin dudas el 27 de mayo de 2008 quedará para la historia como el día en el que comenzó, en nuestra provincia, el primer juicio oral y público donde el genocida Menéndez y parte de su patota, comenzarán a dar cuenta de los crímenes que cometieron antes y durante la última dictadura cívico-militar. Esta será una nueva oportunidad para que todos los que queremos vivir en un país más justo renovemos nuestras convicciones.
Para llegar a ese momento miles de días de dolor y terca esperanza fueron desandados por quienes nunca claudicaron ante las propuestas de olvido, silencio e impunidad. Hasta no hace mucho tiempo, cuando insistíamos en la necesidad de anular las leyes de impunidad, no pocos eran los que decían que eso era imposible, que nunca se iba a lograr, que sólo bastaba, en el mejor de los casos, con “salvar el buen nombre de los desaparecidos”. Pero contra los escepticismos, los miedos y las complicidades, allí estarán sentados en el banquillo de los acusados los ejecutores de los crímenes más aberrantes cometidos en nuestra provincia en el siglo pasado.
Este juicio, y los subsiguientes, nos brindarán la oportunidad, sobre todo a aquellos que no conocen lo sucedido en nuestro pasado reciente, de conocer cómo para hacer una Argentina injusta y desigual, se tuvo que destruir a una generación que, con sus aciertos y errores, se propuso cambiar nuestra sociedad para hacerla más equitativa y solidaria. A lo largo de las audiencias, una vez más, la sociedad podrá conocer la complejidad del terrorismo de Estado que fue ejecutado en todo nuestro país. Si bien los hechos a juzgar ocurrieron en Córdoba durante el año 1977, estuvieron enmarcados en un plan sistemático, diseñado y ejecutado por los altos mandos militares de nuestro país en coordinación con las fuerzas armadas tanto de Estados Unidos como de gran parte de Latinoamérica. Plan que fue avalado y financiado por los sectores dominantes de la sociedad: la cúpula eclesial, la Sociedad Rural Argentina, empresarios, la burocracia sindical y no pocos periodistas.
Los militares y civiles que planificaron y ejecutaron el terrorismo de estado quisieron convertir, para siempre, a nuestro país en un lugar donde unos pocos vivan muy bien y muchos, la mayoría, no sólo no vivamos dignamente sino que tampoco luchemos por nuestros derechos violados. Como bien señala el sociólogo Daniel Feirestein, el genocidio ejecutado bajo el nombre “proceso de reorganización nacional”, tuvo como fin destruir todo tipo de práctica social que implicara la solidaridad y la participación política como ejes centrales de la vida de los ciudadanos. Sin dudas, por muchos años, las pautas culturales implantadas en la dictadura y continuadas en la democracia fueron eficaces con aquel objetivo de fondo:”no te metas”, “a mí la política no me importa”, “para qué luchar si nunca se consigue nada”, “yo me salvo solo y el resto no me importa”, son algunas de las ideas que aún marcan la vida de muchos. Contra ese legado de impotencia y miedo es por lo que, en el fondo, estamos luchando.
Por ello, el haber llegado al juicio contra Menéndez y su patota, va mucho más allá de lo que suceda dentro del palacio judicial. Proyecta sobre todos nosotros la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra historia y de nuestro presente, y es la demostración cabal de que cuando una lucha es justa, más tarde o más temprano, si participamos activa y organizadamente, si creemos en la fuerza de lo colectivo por sobre el individualismo, si trabajamos en la construcción de la esperanza, nos acercaremos a aquel ideal que, pese a las desapariciones, no desapareció: el de trabajar por un mundo más justo para todos.
Para llegar a ese momento miles de días de dolor y terca esperanza fueron desandados por quienes nunca claudicaron ante las propuestas de olvido, silencio e impunidad. Hasta no hace mucho tiempo, cuando insistíamos en la necesidad de anular las leyes de impunidad, no pocos eran los que decían que eso era imposible, que nunca se iba a lograr, que sólo bastaba, en el mejor de los casos, con “salvar el buen nombre de los desaparecidos”. Pero contra los escepticismos, los miedos y las complicidades, allí estarán sentados en el banquillo de los acusados los ejecutores de los crímenes más aberrantes cometidos en nuestra provincia en el siglo pasado.
Este juicio, y los subsiguientes, nos brindarán la oportunidad, sobre todo a aquellos que no conocen lo sucedido en nuestro pasado reciente, de conocer cómo para hacer una Argentina injusta y desigual, se tuvo que destruir a una generación que, con sus aciertos y errores, se propuso cambiar nuestra sociedad para hacerla más equitativa y solidaria. A lo largo de las audiencias, una vez más, la sociedad podrá conocer la complejidad del terrorismo de Estado que fue ejecutado en todo nuestro país. Si bien los hechos a juzgar ocurrieron en Córdoba durante el año 1977, estuvieron enmarcados en un plan sistemático, diseñado y ejecutado por los altos mandos militares de nuestro país en coordinación con las fuerzas armadas tanto de Estados Unidos como de gran parte de Latinoamérica. Plan que fue avalado y financiado por los sectores dominantes de la sociedad: la cúpula eclesial, la Sociedad Rural Argentina, empresarios, la burocracia sindical y no pocos periodistas.
Los militares y civiles que planificaron y ejecutaron el terrorismo de estado quisieron convertir, para siempre, a nuestro país en un lugar donde unos pocos vivan muy bien y muchos, la mayoría, no sólo no vivamos dignamente sino que tampoco luchemos por nuestros derechos violados. Como bien señala el sociólogo Daniel Feirestein, el genocidio ejecutado bajo el nombre “proceso de reorganización nacional”, tuvo como fin destruir todo tipo de práctica social que implicara la solidaridad y la participación política como ejes centrales de la vida de los ciudadanos. Sin dudas, por muchos años, las pautas culturales implantadas en la dictadura y continuadas en la democracia fueron eficaces con aquel objetivo de fondo:”no te metas”, “a mí la política no me importa”, “para qué luchar si nunca se consigue nada”, “yo me salvo solo y el resto no me importa”, son algunas de las ideas que aún marcan la vida de muchos. Contra ese legado de impotencia y miedo es por lo que, en el fondo, estamos luchando.
Por ello, el haber llegado al juicio contra Menéndez y su patota, va mucho más allá de lo que suceda dentro del palacio judicial. Proyecta sobre todos nosotros la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra historia y de nuestro presente, y es la demostración cabal de que cuando una lucha es justa, más tarde o más temprano, si participamos activa y organizadamente, si creemos en la fuerza de lo colectivo por sobre el individualismo, si trabajamos en la construcción de la esperanza, nos acercaremos a aquel ideal que, pese a las desapariciones, no desapareció: el de trabajar por un mundo más justo para todos.
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