Una oportunidad histórica
Escribe: Lic. Gabriela Cabus
Directora Radio Nacional Córdoba
La ley de radiodifusión que rige en nuestro país desde 1983, lleva la firma de Jorge Rafael Videla. Junto a la ley de entidades financieras, fueron las únicas leyes de la dictadura que no han sido derogadas en 25 años de democracia.
En los últimos meses, como un efecto no buscado del conflicto del campo, salió a la luz la xenofobia y el racismo que los medios se había dignado disimular hasta éste momento. Quizás sea esto lo que ha impulsado la discusión sobre la necesidad de contar con voces diferentes a las de los sectores monopólicos, que actuaron con una línea editorial sin fracturas en contra de las retenciones y apelaron al sentido patriótico para que todos los argentinos compartiéramos el interés de los sojeros y exportadores.
Esto hace pensar que intentar democratizar los canales radiales y televisivos de expresión no va a ser posible sólo a través de un articulado o una mayoría parlamentaria, sino que va a requerir de la acción conjunta y decidida de los más diversos sectores sociales.
Aparentemente la presidenta Cristina Fernández va por ese rumbo, y se ha reunido a recibido a representantes de las Carreras de Periodismo, Sindicatos, Organismos de Derechos Humanos, ONGs y más de doscientos agrupamientos sociales y políticos que conforman la Coalición por los 21 puntos.
Las modificaciones de la democracia
La ley que será derogada en los próximos meses sí tuvo modificaciones en la etapa democrática. Durante el menemismo se modificó el artículo que impedía que un mismo propietario tuviera más de cuatro licencias para ampliar ese margen a 14 señales, favoreciendo en éste ámbito lo mismo que favoreció en todos los otros: la concentración y el monopolio.
Luego, el gobierno de la Alianza modificó el artículo que impedía el ingreso de capitales extranjeros a la propiedad de los medios y su Ministro de Economía Domingo Cavallo los consagró como “bienes culturales” para eximirlos de impuestos.
La última modificación, fue realizada en el gobierno de Néstor Kirchner, derogando el artículo que prohibía a las cooperativas y entidades si fines de lucro tener licencias. Fue la única modificación hecha en democracia que no favoreció a los grupos concentrados.
En ese sentido, la presencia en sectores claves de la radiodifusión de funcionarios procedentes de sectores comunitarios, sindicales, como Sergio Fernández Novoa en el COMFER, y la apuesta al relanzamiento de la televisión pública, y de la radio pública son antecedentes que exponen en alguna medida una voluntad política de promover la existencia de otras voces además de las privadas.
Sin embargo, fue también el gobierno de Néstor Kirchner el que prolongó por 30 años las licencias de los grandes grupos, esos mismos que en el conflicto “del campo” mostraron con desparpajo un profundo desprecio hacia la democracia.
¿Una nueva ley garantiza el
acceso a la información?
Cabe preguntarnos hasta dónde la nueva ley garantizará el derecho a la pluralidad informativa. En otras palabras, podrá la nueva ley garantizar la existencia de una comunicación democrática?
Teniendo en cuenta los intereses que se van a tocar, seguramente la nueva ley apenas podrá abrir las puertas para una comunicación más democrática y plural, pero no podrá garantizarla por sí misma.
Es por todos conocido que la sola presencia de Canal 7 en San Rafael y Mendoza generó que uno de los grupos más poderosos del país Vila/ Manzano lograra, a través de una medida judicial, sacar del aire al canal estatal durante dos meses. Sólo el protagonismo masivo de los mendocinos en defensa de sus derechos logró que el canal público volviera a emitir.
El momento es ahora
En ese marco, resulta claro que los lobby serán muy fuertes y que, como siempre , volverán a introducir ejes falsos levantando la “libertad de prensa” y denunciando la “censura que quiere ejercer el gobierno autoritario” contra los democráticos y pluralistas medios masivos oligopólicos.
Desgraciadamente, estos ejes falsos suelen hacerse carne en sectores que se denominan progresistas y que, así como levantan las banderas del federalismo para no decir que están en contra de las retenciones a los que más tienen, levantan la bandera de la libertad de prensa para decir que no es el momento de discutir una nueva ley de radiodifusión por el enfrentamiento que ha tenido la presidenta con el multimedia Clarín. O que “ya todo está arreglado para darles las licencias a tales o cuales centrales sindicales”. Cortinas de humo en las cuales ciertos sectores progresistas suelen perderse de manera desesperante cuando todo se convierte en excusa para no dar la batalla en el momento y el lugar en que la misma resulta inevitable.
Pues bien, la necesidad de una nueva ley de radiodifusión ha sido puesta en debate en la sociedad, está en las primeras planas y forma parte de la agenda pública de los argentinos/as. La oportunidad es ahora.
Es ahora el momento en el cual los sectores que venimos bregando por esa nueva ley debemos incidir con el mayor poder que podamos construir. No emanará ese poder de mezquinos debates sobre quiénes son los dueños de la radiodifusión democrática, quién lo dijo primero, o quién tiene el discurso más políticamente correcto.
La construcción de una ley, que permita enfrentar a los monopolios, sólo puede devenir de un amplio consenso social al cual los medios públicos y no comerciales debemos contribuir decididamente para que no se desperdicie una oportunidad buscada durante tanto tiempo.
En los últimos meses, como un efecto no buscado del conflicto del campo, salió a la luz la xenofobia y el racismo que los medios se había dignado disimular hasta éste momento. Quizás sea esto lo que ha impulsado la discusión sobre la necesidad de contar con voces diferentes a las de los sectores monopólicos, que actuaron con una línea editorial sin fracturas en contra de las retenciones y apelaron al sentido patriótico para que todos los argentinos compartiéramos el interés de los sojeros y exportadores.
Esto hace pensar que intentar democratizar los canales radiales y televisivos de expresión no va a ser posible sólo a través de un articulado o una mayoría parlamentaria, sino que va a requerir de la acción conjunta y decidida de los más diversos sectores sociales.
Aparentemente la presidenta Cristina Fernández va por ese rumbo, y se ha reunido a recibido a representantes de las Carreras de Periodismo, Sindicatos, Organismos de Derechos Humanos, ONGs y más de doscientos agrupamientos sociales y políticos que conforman la Coalición por los 21 puntos.
Las modificaciones de la democracia
La ley que será derogada en los próximos meses sí tuvo modificaciones en la etapa democrática. Durante el menemismo se modificó el artículo que impedía que un mismo propietario tuviera más de cuatro licencias para ampliar ese margen a 14 señales, favoreciendo en éste ámbito lo mismo que favoreció en todos los otros: la concentración y el monopolio.
Luego, el gobierno de la Alianza modificó el artículo que impedía el ingreso de capitales extranjeros a la propiedad de los medios y su Ministro de Economía Domingo Cavallo los consagró como “bienes culturales” para eximirlos de impuestos.
La última modificación, fue realizada en el gobierno de Néstor Kirchner, derogando el artículo que prohibía a las cooperativas y entidades si fines de lucro tener licencias. Fue la única modificación hecha en democracia que no favoreció a los grupos concentrados.
En ese sentido, la presencia en sectores claves de la radiodifusión de funcionarios procedentes de sectores comunitarios, sindicales, como Sergio Fernández Novoa en el COMFER, y la apuesta al relanzamiento de la televisión pública, y de la radio pública son antecedentes que exponen en alguna medida una voluntad política de promover la existencia de otras voces además de las privadas.
Sin embargo, fue también el gobierno de Néstor Kirchner el que prolongó por 30 años las licencias de los grandes grupos, esos mismos que en el conflicto “del campo” mostraron con desparpajo un profundo desprecio hacia la democracia.
¿Una nueva ley garantiza el
acceso a la información?
Cabe preguntarnos hasta dónde la nueva ley garantizará el derecho a la pluralidad informativa. En otras palabras, podrá la nueva ley garantizar la existencia de una comunicación democrática?
Teniendo en cuenta los intereses que se van a tocar, seguramente la nueva ley apenas podrá abrir las puertas para una comunicación más democrática y plural, pero no podrá garantizarla por sí misma.
Es por todos conocido que la sola presencia de Canal 7 en San Rafael y Mendoza generó que uno de los grupos más poderosos del país Vila/ Manzano lograra, a través de una medida judicial, sacar del aire al canal estatal durante dos meses. Sólo el protagonismo masivo de los mendocinos en defensa de sus derechos logró que el canal público volviera a emitir.
El momento es ahora
En ese marco, resulta claro que los lobby serán muy fuertes y que, como siempre , volverán a introducir ejes falsos levantando la “libertad de prensa” y denunciando la “censura que quiere ejercer el gobierno autoritario” contra los democráticos y pluralistas medios masivos oligopólicos.
Desgraciadamente, estos ejes falsos suelen hacerse carne en sectores que se denominan progresistas y que, así como levantan las banderas del federalismo para no decir que están en contra de las retenciones a los que más tienen, levantan la bandera de la libertad de prensa para decir que no es el momento de discutir una nueva ley de radiodifusión por el enfrentamiento que ha tenido la presidenta con el multimedia Clarín. O que “ya todo está arreglado para darles las licencias a tales o cuales centrales sindicales”. Cortinas de humo en las cuales ciertos sectores progresistas suelen perderse de manera desesperante cuando todo se convierte en excusa para no dar la batalla en el momento y el lugar en que la misma resulta inevitable.
Pues bien, la necesidad de una nueva ley de radiodifusión ha sido puesta en debate en la sociedad, está en las primeras planas y forma parte de la agenda pública de los argentinos/as. La oportunidad es ahora.
Es ahora el momento en el cual los sectores que venimos bregando por esa nueva ley debemos incidir con el mayor poder que podamos construir. No emanará ese poder de mezquinos debates sobre quiénes son los dueños de la radiodifusión democrática, quién lo dijo primero, o quién tiene el discurso más políticamente correcto.
La construcción de una ley, que permita enfrentar a los monopolios, sólo puede devenir de un amplio consenso social al cual los medios públicos y no comerciales debemos contribuir decididamente para que no se desperdicie una oportunidad buscada durante tanto tiempo.
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