La Mano en la Caja

“Las sociedades que progresan son aquellas que cuidan a su gente, aquellas que son capaces de cuidar de los más vulnerables, que son los niños, y de aquellos que ya dieron por la sociedad mucho de su vida y hoy están en la etapa de adultos mayores”. “Hay que tener un cuidado especial por nuestros abuelos y jubilados que son los que nos pasaron el testimonio de sociedad, son las memorias de un pueblo y son también los que tienen la sabiduría y la experiencia que les dio la vida...”

Juan Schiaretti, en la ciudad de Río IV, el día 18 de julio pasado. Unas semanas después enviaba a la Unicameral el proyecto de ley para reducir las jubilaciones.

Muchos de nuestros políticos sueñan que sus palabras -y no sus acciones- lo lleven al poster escolar o al bronce de una plaza. Debe ser por eso que el gobernador cordobés, ungido hace poquito tiempo como un prohombre de la república a partir de su alineamiento con la Sociedad Rural, elaboró el discurso que fragmentariamente reproducimos más arriba.

La verdad es totalmente distinta a las palabras desplegadas, pero no había que ser un genio para darse cuenta que esta crisis tenía fecha y hora puesta hace mucho, incluso antes del 2 de setiembre pasado. De hecho en el Nº1 de esta revista ya lo planteabamos en estos términos:

Las razones de una caja sin fondo(s)

Un atajo fácil sería atribuir la crisis de la Caja de Jubilaciones a nombres de políticos y decidores culpables, que los hay y que sobran para enumerar, pero sería una larga lista y posiblemente solo desviaría la discusión hacia el supuesto orden de mérito de los personajes de la lista en cuanto a su contribución al presente desastre. La competencia de “peores” en el orden de prelación generaría discusiones sobre si el ranking lo encabezan Mestre, Schiaretti, De la Sota, Angeloz, Medina Allende, Cavallo, Duhalde, De la Rua u otro de los personajes conocidos de la política vernácula. Nuestra propuesta en estas líneas es aportar una reflexión más profunda sobre el problema

En el caso particular de la Caja de Córdoba el problema de sustentabilidad no hay que buscarlo en los cálculos actuariales ni en el mal manejo financiero como razón excluyente: radica en los niveles de inequidad del propio sistema. De un sistema teórico de beneficios compensatorios, la Caja se ha transformado en un esquema de reproducción social de la inequidad y el conservadurismo cordobés, la perpetuación e incluso de ampliación de las inequidades sociales. Cabe señalar que según los propios datos de la página web del Gobierno de Córdoba un 6% de las personas jubiladas con los haberes más altos reciben casi el 20% de todo el gasto de la Caja, lo mismo que se distribuye entre el 40% de los de abajo. Por otra parte el grueso de los jubilados empleados normales de la administración pública, docentes, trabajadores de la salud, etc.- conforman el cuádruple de gente pero reciben menos de $1500 de jubilación.

Quiénes son los “beneficiarios” de esta distribución regresiva de los fondos jubilatorios: políticos y magistrados de Córdoba.

El régimen de legisladores, quienes no se caracterizan justamente por ser “trabajadores” tiene un haber promedio publicado de más de $ 7.000. Esto es el promedio, lo que quiere decir que muchos ex legisladores que son jubilados cobran 8, 9, 10 mil o más por mes. Los jubilados del poder judicial tienen un promedio superior a los $8.000, lo que hace presumir que muchos cobran 10 mil, 12 mil, o más por mes que paga la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Este es un componente primordial del déficit.

Para tener una idea de magnitudes: este 6% de muy altas jubilaciones son poco más de 5.000 personas que se apropian de $500 millones (quinientos millones) anuales. El monto anual multiplica varias veces la suma de todos los programas sociales y de empleo provinciales y todo lo que se quiera sumar en la provincia. Los números concretos son los del propio gobierno de Córdoba.

Los trabajadores aportantes de haberes bajos generan la parte sustantiva de los recursos propios del sistema, y reciben solo una proporción menor del monto de los beneficios. Evidentemente algo funciona mal para que haya una redistribución tan regresiva.

En el caso del poder judicial muchos de los beneficiarios actuales de la Caja accedieron por normas que garantizaban reconocimiento de beneficios a quienes colaboraron en el proceso de la dictadura y que nunca fueron derogadas. Una parte importante de los jubilados del poder judicial acceden por reconocimientos de servicios en el marco de normas de los años 1977 hasta el final del proceso militar. Toda la casta conservadora de Córdoba activa en la etapa del “proceso” ya está en edad pasiva y cobrando beneficios de la Caja.

Complementariamente, otra manifestación del colmo del privilegio es que en el caso de esos magistrados se les considera la antigüedad desde que egresan de la universidad, que se les agrega como años de servicio, como si desde que se recibieron fueran ya jueces aunque estuvieran de viaje de egresados. Por supuesto que este privilegio es inexistente para todos los trabajadores normales de la justicia (solo para la casta) y del resto de los sectores que aportan para financiar a los de arriba de la pirámide social.

El problema del sistema jubilatorio de Córdoba es que la discusión de números, del déficit, de las formas de calcular o armonizar con la nación ocultan lo estructural: un sistema de reproducción de la desigualdad social y de continuidad de lo peor de las familias del patriarcado judicial y de las familias políticas de Córdoba. Para despejar dudas sobre este rol de reproducción en muchos casos solo basta ver los apellidos de los funcionarios de la Caja de Jubilaciones. La “familia” política y judicial de Córdoba tiene una sobre representación de apellidos y padrinazgos en esa repartición. Literalmente ahijados, hermanos, hijos, pululan en los argos jerárquicos entremezclados con verdaderos trabajadores.

La Palabra de los Gremios

Apenas conocida la decisión del gobierno provincial, de avanzar sobre los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados y de los activos, los gremios estatales de Córdoba comenzaron a movilizarse para expresar su descontento y su voluntad de llevar adelante una lucha que culmine con la derogación de esta ley.

En este sentido es importante rescatar la palabra de algunos de los secretarios generales que se pronunciaron al final de la marcha del de julio, ante más de 25.000 manifestantes.

Juan Leyría (Sind. Luz y Fuerza de Córdoba): Aquí estamos los trabajadores demostrando la conciencia de que no solamente peleamos por el salario, sino que peleamos también por nuestros padres, por nuestros abuelos, por todos aquellos que en el futuro van a ser jubilados. Nosotros le decimos a este gobierno, que así como apoyó al sector más concentrado de la economía, como lo es el campo, y que viene hoy a buscar la retención a nuestros jubilados, le decimos que nos va a encontrar en la calle, todos los días hasta voltear este proyecto.

No queremos que Córdoba sea un reducto del liberalismo, el cavalismo y el menemismo, pero para eso tenemos que trabajar en la unidad para que no nos vuelvan a aplicar un modelo del cual ya conocemos las consecuencias para los trabajadores.

***

Rubén Daniele (SUOEM): Algo quieren blanquear: hay un plan siniestro para reventar la Caja con los miles de juicios que están provocando con estas medidas. Todos estamos con bronca, pero algunos estamos con asco por tener que tratar con delincuentes. Tenemos asco de ver y escuchar cosas que creíamos que habían quedado allá en el pasado de la década infame de los 90, cuando vinieron por el estado, por las empresas, para vender el patrimonio de los trabajadores.

Cuando nos reunimos con el presidente de la Caja, Giordano, no pudimos conseguir ni un solo número, ni siquiera obtuvimos cuál había sido la recaudación de mayo. Ahora bien, nosotros nos hicimos asesorar y buscamos los datos faltantes por nuestra cuenta y queremos dejar en claro que las cifras del déficit real no coinciden con lo que da Giordano y por estas incongruencias lo vamos a llevar a que rinda cuentas con la justicia

***

Sergio Cornatosky (UEPC Capital): Se violan derechos consagrados y resguardados por la constitución provincial... Se apropian del Fondo Complementario... Se legalizan las sumas fijas no remunerativas... Se aumentan los aportes personales al APROSS... Es absolutamente reaccionario plantear comparaciones con otros trabajadores o con los jubilados nacionales que están peor remunerados que nosotros; más retrógrado aún (Schiaretti), es haberse manifestado como ferviente defensor de la renta agraria ociosa y ahora entusiasta para recortar derechos a los trabajadores... Seguimos junto a los compañeros de todas las organizaciones gremiales, lejos de “funcionarios amigos” partidarios del ajuste, hasta derogar la Ley 9504.

***

En tanto los trabajadores Judiciales se expresaron de la siguiente manera:
Como en las épocas de Cavallo y Cia, desde el Poder Ejecutivo y su grupo de técnicos, pretenden modernizar el estado. Los dependientes del Estado Provincial tenemos claro a qué se refiere ésta frase y quiénes son los que siempre pagan la misma.

Ya desde la época de Mestre, cuando no alcanzaban los recursos, había que sacarte a los trabajadores recortando lo que fuera, aún siendo inconstitucional (Decreto 1777/95), con el solo objetivo de no hacerse cargo y dejar el pago para los gobiernos futuros.

Los trabajadores no somos los que llevamos a esta situación a la provincia, y hoy este recorte a los jubilados es el primer paso para terminar con Córdoba en Emergencia Provincial. Caso contrario, ¿cuál es el motivo por el que se está evaluando la posibilidad de implementar a partir de agosto los “Bonos de circulación interna o Títulos de deuda”?.

No pagues hoy lo que otro pagará mañana

Inspirado en el Decreto 1777/95 de Ramón Mestre (P), Schiaretti parece haber puesto en marcha, no solo una ley que atenta contra la seguridad jurídica de los trabajadores, sino que se presenta también como una “eficaz” herramienta para lograr un diferimiento de pagos y obligaciones. El mensaje del gobernador es claro: A mi no me sacan una moneda, porque a este paquete lo tendrá que pagar el gobierno que viene.

Si tenemos en cuenta la nefasta experiencia del recorte de Mestre, quienes iniciaron los juicios en 1995/96 tardaron 6 años en cobrar, lo cual es terriblemente perverso, no solo porque la razón los asistía sino porque muchos jubilados quedaron en el camino y sufrieron la angustia del despojo.

Hoy el panorama es desalentador una vez más porque esta Ley 9504, está llena de falencias y vicios anticonstitucionales, entre los más notorios podemos nombrar:

1- La reducción de los haberes jubilatorios destroza la garantía de irreductibilidad y proporcionalidad de los mismos (Art. 57 de la Constitucion Provincial, y 14 Bis de la Const. Nacional).

2- Los magistrados jubilados ven afectada su irreductibilidad de haberes, pero además también es afectada su intangibilidad, reiteradamente aceptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

3- La declaración de “emergencia previsional” es inconstitucional, porque afecta solo al sector pasivo.

4- Al disponer que los rubros “no remunerativos” no sean afectados por aportes, se violenta el concepto de remuneración de la Ley Nacional de Jubilaciones y el Convenio de Armonización firmado con la nación.
La proporcionalidad queda lesionada al establecerse un nuevo método de cálculo basado en un índice de movilidad sectorial.
El Estado no garantiza el financiamiento del déficit del sistema previsional, lo que va en contra de lo establecido por la ley 8024 y de los convenios firmados con la nación.
Se elimina el Fondo Compensatorio para respetar los derechos previsionales que reconoce la Constitucion Provincial, pero no se informa sobre el destino que tuvo el dinero recaudado oportunamente.

5- Es absolutamente inconstitucional la delegación de facultades en el poder ejecutivo provincial establecida por esta ley.

6- La frutilla de la torta: Al declarar la inenmbargabilidad de los fondos de la Caja, como del estado provincial se violentan los artículos 176 y 178 de la Constitución provincial, colocando al Estado por fuera del orden jurídico, destruyendo el principio de igualdad ante las leyes consagrada por la Constitución Nacional.

Este último aspecto de la ley es sumamente complejo ya que no solamente pone al estado provincial por fuera del estado de derecho sino que deja abierto un flanco que explícitamente es contemplado en la Constitución Nacional como causal de una intervención federal.