Foto de La Voz del InteriorEscribe: Vitin Baronetto
Secretario de DDHH
Municipalidad de Córdoba
El 24 de julio de 2008 Córdoba vivió un día histórico. El genocida mayor de las diez provincias del centro, de Cuyo y del Norte del país fue condenado a prisión perpetua en cárcel común. El otrora intocable y temible general Luciano Benjamín Menéndez era al fin “cazado” por el demorado brazo de la justicia, que le permitió vivir en la impunidad democrática desde que fue indultado por el ex presidente Menem.
Fue un alivio, una sensación de que efectivamente se avanzó por la senda de la justicia. Porque aunque demorada, llegó. Y el genocida mayor y siete torturadores y asesinos más deberán purgar la condena en una celda como todos los que delinquen. Con la diferencia de que en estos casos será muy difícil que la justicia logre el propósito de rehabilitarlos socialmente. No sólo porque - respetando su pacto de sangre todos - se negaron a reconocer la más mínima acción delictiva, sino que su jefe repitió el absurdo y vetusto discurso con el que durante tantos años pretendió justificar sus crímenes.
Vino bien que lo hiciera. Porque la juventud, que fue la más movilizada por el reclamo de justicia, pudo escuchar la voz directa aunque más trémula del chacal envejecido, repitiendo la anacrónica argumentación que utilizaron las Fuerzas Armadas para instaurar y aplicar el terrorismo de estado.
Esa juventud fue la que festejó las condenas. Para quienes ya cargamos el peso de los años fue más el reconocimiento de una larga batalla ganada, aún con todas las trabas y límites de un sistema judicial que es lento y vacilante cuando debe juzgar a los poderosos, sin que le tiemble el pulso cuando le baja el pulgar a los que, ya desde su precaria niñez, sienten que la sociedad sólo los incluye cuando sus huesos acaban en una cárcel. Una justicia federal que en Córdoba, y en otras partes del país, tuvo funcionarios que avalaron las torturas y los fusilamientos de prisioneros políticos, como los 28 que durante el año 1976 fueron sacados de la cárcel de Barrio San Martín. En este sentido seguimos esperando el resultado del Juri de Enjuiciamiento pedido para el Juez Carlos Otero Álvarez, que ahora integró el Tribunal Federal Oral Nª 1, escondiendo las complicidades de ayer con la condena que el Tribunal impuso al carnívoro Menéndez y la reducida banda que quedó involucrada en este juicio.
El juicio que se inició el 27 de mayo en nuestra ciudad fue trascendente por varias razones. Primero, posibilitó que buena parte de la sociedad, incluidos medios masivos de comunicación, escucharan en forma directa el relato de los sobrevivientes, que atestiguó la existencia del campo de detención, tortura y desapariciones en las dependencias militares de La Perla, a escasos kilómetros de la ciudad de Córdoba. No es lo mismo leerlos en el frío papel, que escucharlos de viva y emocionada voz. Segundo, las abundantes pruebas para este juicio, que certificaron el secuestro, torturas y asesinato de los cuatro militantes entre octubre y noviembre de 1977, demostraron el mecanismo del terror y la alevosía criminal, que se llevó a más de dos millares de personas en ese campo de exterminio.
Por ellos seguimos reclamando justicia.
Estas condenas judiciales sirvieron para abrir la puerta y avanzar con mayor celeridad, porque los métodos y “modus operandi” ya han sido demostrados. Y son todavía muchísimos más los torturadores y asesinos que siguen sueltos. Esta es la responsabilidad de los tribunales judiciales federales de ahora en más. Seguramente la unificación de causas por centros de detención ayudará a evitar un mayor desgaste a los testigos y permitirá llegar a nuevas condenas antes que los criminales queden encubiertos como decrépitos ancianos que enfilan a la tumba desde la impunidad domiciliaria.
Parte de esta realidad será usada quizás por los ahora condenados para eludir la cárcel común, amparándose en supuestas enfermedades que los lleven a hospitales militares. En definitiva, la democracia que denostaron estos criminales, es la que les dio la posibilidad de un juicio con todas las garantías legales, que ellos siempre negaron a sus víctimas. Y condiciones de detención muy distintas a las que establecieron para los detenidos asesinados en los campos de concentración y los 15.000 presos políticos que pasaron por las cárceles del país.
El conflicto entre el gobierno y el campo le sirvió a los grandes medios de comunicación, que en el ayer fueron cómplices, para seguir abonando la desmemoria. Aún así, y también por la multiplicidad de otras redes, la información llegó a buena parte de la sociedad. Y la difusión de este juicio, con el resultado esperado, amplió la base social del consenso en torno al terrorismo de estado, contrarrestando algunos rebrotes de la teoría de los demonios. Seguramente deberemos seguir debatiendo para que las mayorías sociales puedan consolidar su perspectiva de mayor participación y protagonismo en la lucha constante por sus derechos, que son las deudas principales de la memoria de nuestros mártires.
Aunque podrían analizarse otros aspectos de este histórico juicio que vivió nuestra ciudad, al calor de los acontecimientos dos señalamientos más:
1- Sin duda que la institución judicial dio un paso fundamental en la recuperación de su credibilidad social. Tanto el fallo de los jueces, como la investigación de la Fiscal López de Filoñuk, y el rol de abogados, querellantes y los otros fiscales, contribuyeron a restablecer esa vieja deuda, que incluyó la excelente autocrítica judicial explicitada en su alegato por el Fiscal José Fabián Asís.
2- La presencia en la Sala de las máximas autoridades políticas de la provincia, que quizás con razón algunos calificaron de oportunista, admite otra lectura. Porque también fue la expresión institucional de los demás poderes de la democracia, que al fin parecieran asumir esta causa de los derechos humanos, tantas veces denigrada, silenciada y hasta denostada por conveniencias electorales, posicionamiento ideológico o especulaciones económicas mientras estaba en su apogeo el reinado del neoliberalismo, con sus privatizaciones y precarizaciones laborales.
Fue un alivio, una sensación de que efectivamente se avanzó por la senda de la justicia. Porque aunque demorada, llegó. Y el genocida mayor y siete torturadores y asesinos más deberán purgar la condena en una celda como todos los que delinquen. Con la diferencia de que en estos casos será muy difícil que la justicia logre el propósito de rehabilitarlos socialmente. No sólo porque - respetando su pacto de sangre todos - se negaron a reconocer la más mínima acción delictiva, sino que su jefe repitió el absurdo y vetusto discurso con el que durante tantos años pretendió justificar sus crímenes.
Vino bien que lo hiciera. Porque la juventud, que fue la más movilizada por el reclamo de justicia, pudo escuchar la voz directa aunque más trémula del chacal envejecido, repitiendo la anacrónica argumentación que utilizaron las Fuerzas Armadas para instaurar y aplicar el terrorismo de estado.
Esa juventud fue la que festejó las condenas. Para quienes ya cargamos el peso de los años fue más el reconocimiento de una larga batalla ganada, aún con todas las trabas y límites de un sistema judicial que es lento y vacilante cuando debe juzgar a los poderosos, sin que le tiemble el pulso cuando le baja el pulgar a los que, ya desde su precaria niñez, sienten que la sociedad sólo los incluye cuando sus huesos acaban en una cárcel. Una justicia federal que en Córdoba, y en otras partes del país, tuvo funcionarios que avalaron las torturas y los fusilamientos de prisioneros políticos, como los 28 que durante el año 1976 fueron sacados de la cárcel de Barrio San Martín. En este sentido seguimos esperando el resultado del Juri de Enjuiciamiento pedido para el Juez Carlos Otero Álvarez, que ahora integró el Tribunal Federal Oral Nª 1, escondiendo las complicidades de ayer con la condena que el Tribunal impuso al carnívoro Menéndez y la reducida banda que quedó involucrada en este juicio.
El juicio que se inició el 27 de mayo en nuestra ciudad fue trascendente por varias razones. Primero, posibilitó que buena parte de la sociedad, incluidos medios masivos de comunicación, escucharan en forma directa el relato de los sobrevivientes, que atestiguó la existencia del campo de detención, tortura y desapariciones en las dependencias militares de La Perla, a escasos kilómetros de la ciudad de Córdoba. No es lo mismo leerlos en el frío papel, que escucharlos de viva y emocionada voz. Segundo, las abundantes pruebas para este juicio, que certificaron el secuestro, torturas y asesinato de los cuatro militantes entre octubre y noviembre de 1977, demostraron el mecanismo del terror y la alevosía criminal, que se llevó a más de dos millares de personas en ese campo de exterminio.
Por ellos seguimos reclamando justicia.
Estas condenas judiciales sirvieron para abrir la puerta y avanzar con mayor celeridad, porque los métodos y “modus operandi” ya han sido demostrados. Y son todavía muchísimos más los torturadores y asesinos que siguen sueltos. Esta es la responsabilidad de los tribunales judiciales federales de ahora en más. Seguramente la unificación de causas por centros de detención ayudará a evitar un mayor desgaste a los testigos y permitirá llegar a nuevas condenas antes que los criminales queden encubiertos como decrépitos ancianos que enfilan a la tumba desde la impunidad domiciliaria.
Parte de esta realidad será usada quizás por los ahora condenados para eludir la cárcel común, amparándose en supuestas enfermedades que los lleven a hospitales militares. En definitiva, la democracia que denostaron estos criminales, es la que les dio la posibilidad de un juicio con todas las garantías legales, que ellos siempre negaron a sus víctimas. Y condiciones de detención muy distintas a las que establecieron para los detenidos asesinados en los campos de concentración y los 15.000 presos políticos que pasaron por las cárceles del país.
El conflicto entre el gobierno y el campo le sirvió a los grandes medios de comunicación, que en el ayer fueron cómplices, para seguir abonando la desmemoria. Aún así, y también por la multiplicidad de otras redes, la información llegó a buena parte de la sociedad. Y la difusión de este juicio, con el resultado esperado, amplió la base social del consenso en torno al terrorismo de estado, contrarrestando algunos rebrotes de la teoría de los demonios. Seguramente deberemos seguir debatiendo para que las mayorías sociales puedan consolidar su perspectiva de mayor participación y protagonismo en la lucha constante por sus derechos, que son las deudas principales de la memoria de nuestros mártires.
Aunque podrían analizarse otros aspectos de este histórico juicio que vivió nuestra ciudad, al calor de los acontecimientos dos señalamientos más:
1- Sin duda que la institución judicial dio un paso fundamental en la recuperación de su credibilidad social. Tanto el fallo de los jueces, como la investigación de la Fiscal López de Filoñuk, y el rol de abogados, querellantes y los otros fiscales, contribuyeron a restablecer esa vieja deuda, que incluyó la excelente autocrítica judicial explicitada en su alegato por el Fiscal José Fabián Asís.
2- La presencia en la Sala de las máximas autoridades políticas de la provincia, que quizás con razón algunos calificaron de oportunista, admite otra lectura. Porque también fue la expresión institucional de los demás poderes de la democracia, que al fin parecieran asumir esta causa de los derechos humanos, tantas veces denigrada, silenciada y hasta denostada por conveniencias electorales, posicionamiento ideológico o especulaciones económicas mientras estaba en su apogeo el reinado del neoliberalismo, con sus privatizaciones y precarizaciones laborales.
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