Editorial Nº 4

Durante estos años y quizás desde la crisis del 2001 se han puesto en discusión sistemáticamente los modelos económicos que se han desarrollado -y muchas veces hemos padecido- en nuestro país. Lo que ha quedado en claro es que lo económico no se agotaba en el ministerio respectivo o en las cuentas públicas y privadas de la sociedad. Y aunque muchas veces se nos trataba de hacer pensar que los “técnicos economistas” tomaban resoluciones objetivas, ecuánimes e impolutas, al final siempre descubríamos que por detrás de cada medida había un trasfondo político e ideológico que era el que realmente le daba sustentabilidad y trascendencia real a las decisiones.

De hecho las privatizaciones de los 90 son imposibles de comprender sin la decisión política de poner al país en línea con los intereses del capital financiero internacional y hacerlo a cualquier costo. Esto implicó aceptar niveles de marginalidad social que desatarían dosis crecientes de descontento y la consiguiente represión.

Parte de esto lo hemos vuelto a ver en nuestra provincia por estos días. Está vigente entre nosotros un modelo político que “emprolija” a sus números buscando en los bolsillos de los sectores más desprotegidos, recortando haberes a los jubilados y atacando al sistema previsional de los trabajadores estatales.

Para ponerlo más claro: hace uso de la fuerza del estado, para someter a los más débiles (en este caso los miembros más ancianos de nuestra sociedad), y en este camino no le tiembla el pulso para hacer lo que se sea necesario. Si es preciso tapizar las calles del centro de Córdoba con personal policial se lo hace, y si urge transformar la legislatura en un fortín con sala de torturas incluida, también se lo hace. Ellos saben que no les debe temblar el pulso.

Este solo hecho, que ya desnuda con creces la perversión del modelo, sería motivo suficiente como para repudiarlo, pero a los elementos descriptos anteriormente debemos sumarle las cuotas más que evidentes de corrupción política que lubrican todo el sistema. Con soltura los mandatarios echan las culpas sobre los mandantes y con elegancia, pero con firmeza, usan los peores prejuicios de la sociedad para poner a los trabajadores contra otros trabajadores. De esta forma, aquellos que hace unas semanas defendían cacerola en mano las ganancias millonarias del agro, hoy despotrican contra los supuestos salarios excesivos de los operarios de EPEC y empleados públicos; mientras un coro mediático de radios y opinadores convence a miles de que tener un salario digno es un privilegio insoportable.

Esta cuasi esquizofrenia social desnuda otro aspecto nefasto de la construcción política que domina el panorama cordobés que para seguir adelante con las legislaciones “Hood Robin”, necesita de una sociedad dividida, quebrada y segmentada; donde por abajo nadie se sienta solidario entre si, y donde la ética del dinero asuma el papel que antes ocupaban otros valores más humanos y cooperativos.

Enfrentar estas políticas no pueden quedar entonces solo en el campo de lo declamativo, es central mantenerse atentos y despiertos, construyendo los canales de unidad que sean necesarios para que el individualismo no triunfe. Una vez más, quedarnos callados, aislados o ejercitando el testimonio sin trasfondo de organización nos puede llevar a tardías e inútiles autocríticas. Que otro modelo triunfe no depende de circunstancias fortuitas y ajenas a nuestra tarea cotidiana. Más bien todo lo contrario. Hay una parte que depende irremediablemente de nosotros y es necesario actuar con madurez para estar a la altura de las circunstancias.